miércoles, 25 de febrero de 2015

Los cargos jerárquicos aún están reservados para los hombres y Evo Morales asegura que en 2020 solo quiere "volver a su tierra"

Los cargos jerárquicos aún están reservados para los hombres 2015-02-08 22:01:00

Ciudadanos La mayoría de jueces y fiscales son varones. A esto se lo conoce como "techo de cristal". La mayoría de jueces y fiscales son varones. A esto se lo conoce como "techo de cristal". A pesar de la presencia mayoritaria femenina en el sistema judicial argentino en general, tanto en la Justicia federal como en la provincial el denominado "techo de cristal" es marcado. En los tribunales federales de Córdoba, el 100 por ciento de los magistrados son hombres (a nivel nacional, siete de cada 10). Un dato fundamental para interpretar esta cifra es que en la Justicia Federal no se concursan los cargos.

Evo Morales asegura que en 2020 solo quiere "volver a su tierra" 2015-01-20 15:37:18

"De verdad, quiero volver a mi tierra", señaló este lunes el presidente Evo Morales, tras ratificar que no prevé modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para viabilizar una nueva postulación consecutiva en 2019.

"De verdad, quiero volver a mi tierra", señaló este lunes el presidente Evo Morales, tras ratificar que no prevé modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para viabilizar una nueva postulación consecutiva en 2019, un hecho que la actual Carta Magna impide.

En reiteradas oportunidades, sectores opositores denunciaron que el oficialismo alista la modificación de la Carta Magna con el argumento de reformar la elección de autoridades del sistema judicial del país, que a la fecha atraviesa una profunda crisis.

leer más

Grupos internacionales condenan hostigamiento por parte de Ministerio del Interior a grupos de DDHH y estudiantiles 2015-01-13 16:07:17

Pronunciamiento de WOLA y CEJIL
12 de enero de 2015

Grupos internacionales condenan hostigamiento por parte del Ministerio del Interior del Perú a grupos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenan los recientes actos de hostigamiento e intimidación por parte del Ministerio del Interior del Perú y el Ministro Daniel Urresti hacia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban; y líderes sindicales y de movimientos sociales y estudiantiles que participaron en la manifestación del pasado 29 de diciembre de 2014 en Lima.

El 26 de diciembre de 2014 el Procurador Público en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior denunció preventivamente ante la Fiscalía Especializada en la Prevención del Delito a 20 personas identificadas como responsables de convocar públicamente a una manifestación para el 29 de diciembre de 2014 en contra de la recientemente aprobada Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social ("Ley Pulpín"). Entre los denunciados se encuentra la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH y líderes de algunas de las principales agrupaciones estudiantiles y gremiales del Perú.

La denuncia no se refiere a ningún hecho delictivo, sino que tuvo como objeto prevenir delitos que pudieran existir durante la protesta, advirtiendo que las personas denunciadas podrían ser responsabilizadas penalmente por su ocurrencia.

Sin perjuicio de que la manifestación del 29 de diciembre se llevó a cabo en forma pacífica y con gran concurrencia, las organizaciones firmantes consideran con preocupación que este tipo de denuncias preventivas podrían tener como efecto disuadir y limitar la protesta social y la disidencia, afectando el derecho fundamental de los miembros de toda sociedad democrática y pluralista de expresar libre y pacíficamente su acuerdo o desacuerdo con las decisiones y actitudes de sus gobernantes.

"Además, la denuncia representa un uso ilegítimo del sistema judicial penal para criminalizar y estigmatizar las actividades de los líderes de movimientos y organizaciones sociales, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos", dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Asimismo, el 26 de diciembre de 2014 fueron difundidos por Radio Programas del Perú los comentarios despectivos con los que el Ministro Urresti se refirió a la CNDDHH en oportunidad de referirse a la exhibición artística "En tu nombre". En dicha ocasión, Urresti acusó a esta organización de ser "un obstáculo para detener las acciones terroristas en tanto que defiende los derechos humanos" y acusó a la organización y a su Secretaria Ejecutiva de no dar cuenta adecuada de las fuentes de financiamiento.

Las firmantes lamentan estos dichos que pretenden desprestigiar la trayectoria de una organización que es referente en el Perú y en la región y que ha sido responsable de una fervorosa defensa de los derechos humanos de todas y todos los peruanos por más de 30 años.

"Resulta inadmisible que tales comentarios puedan ser esgrimidos impunemente por un alto representante del gobierno, especialmente teniendo en cuenta que la CNDDHH y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional hemos solicitado en varias ocasiones la renuncia del Ministro Urresti por estar siendo procesado por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos", destacó Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA.

Estos episodios representan una preocupante injerencia por parte del Estado peruano en el ejercicio de la protesta social y en el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. WOLA y CEJIL llaman la atención al Perú sobre su deber de prevenir las descalificaciones y el uso indebido de denuncias penales en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, en tanto éstas pueden causar estigmatización, afectación de la integridad psíquica y limitaciones al ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Web: WOLA

 

ESPAÑA: LOS LÍMITES DE LA INDIGNACIÓN 2013-02-15 04:39:00

La coincidencia de escándalos de todo orden que afectan de lleno a las principales instituciones españolas se traduce en una intensa movilización social como no se había registrado en las últimas décadas. En muchos aspectos la actual situación recuerda los momentos de la llamada "transición" cuando el viejo orden franquista se derrumbaba para dar paso a la democracia.

En la presente coyuntura demasiadas cosas están en tela de juicio: el modelo económico, por mediocre; el sistema político, por su bipartidismo excluyente y tramposo; la administración, por la intensa y generalizada corrupción en torno al uso de los recursos públicos; los partidos (con honrosas y escasas excepciones) por su desprestigio y manifiesta incapacidad; la Iglesia, por mantenerse anclada en el "nacional-catolicismo" y ser portavoz entusiasta de las expresiones más reaccionarias de la moral; el gremio empresarial (en particular los banqueros) por ser los responsables principales del mayor desastre económico que se registre en las últimas décadas, y para que no faltara nada importante en este cuadro de desgracias, la misma Corona, con un rey y su familia hundidos en escándalos de todo tipo y sin encontrar aún alguna salida que garantice su continuidad. Ya no son voces aisladas las que proponen la disolución de la monarquía y la vuelta a la república; la bandera tricolor de Riego aparece con mayor frecuencia en calles y plazas, ya no solo empuñada por viejos nostálgicos sino por gentes cada vez más jóvenes.

Como guinda del pastel, unos líderes políticos tan mediocres que hasta se duda de la idea según la cual ya no era posible encontrar un dirigente de mayor candidez, irresponsabilidad y falta de brillo como los atribuidos al anterior gobernante, Rodríguez Zapatero. Cada mañana trae nuevas sorpresas y la indignación popular no cesa. Si el gobierno confiaba en el cansancio de los movilizados, tal parece que alimentó una esperanza inútil. Y si las denuncias de pagos indebidos a los políticos, la contabilidad doble y otras prácticas corruptas en los partidos (especialmente en el PP) terminan por confirmarse, las posibilidades de caída del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones ya no serían solamente la exigencia ciudadana sino una necesidad impostergable ante una crisis de dimensiones catastróficas para el país.

El partido de gobierno (PP) parece fiarse de los lentos y engorrosos procesos judiciales para ganar tiempo y esperar a que se calme la tempestad. Confían igualmente en ver a finales de este año algunos síntomas de mejora económica. Sin embargo, ambas suposiciones carecen de fundamento. La dimensión de los escándalos es tal que ni los jueces más benignos (o venales) pueden ya tapar tanta podredumbre sin crear un escándalo mayor ni los expertos más optimistas pronostican un futuro económico mejor. Los datos inducen mucho más a la preocupación cuando no directamente al pesimismo.

En este panorama desolador ni PP ni PSOE pasan de los mutuos reproches (el famoso "y tú, más corrupto que yo") ni el resto de las fuerzas opositoras (minoritarias) conforman un bloque con suficiente entidad como para poner en riesgo la estrategia neoliberal que han sostenido "socialistas" y "populares"en los últimos años y que está en la raíz misma del problema. En el mejor de los casos -tanto aquí como en el resto de la Unión Europea- la solución que se ofrece a la ciudadanía es una versión edulcorada de la misma estrategia económica neoliberal, o sea, una versión menos perversa y sobre todo sin las actuaciones delictivas practicadas por banqueros, empresarios de todos los pelambres y políticos venales. Una renovación moral de la política pero manteniendo en lo fundamental la hegemonía del mercado; en pocas palabras, un capitalismo salvaje, pero no tanto.

La cuestión de mayor interés es sin duda la perspectiva real de la respuesta ciudadana. Fraccionada en diversos grupos e iniciativas, comprende las fuerzas tradicionales de la izquierda (parlamentaria, sindical, asociativa) y múltiples movimientos e iniciativas que responden a reivindicaciones particulares cuando no a puras manifestaciones espontáneas que por su misma naturaleza muestran grandes dificultades para mantenerse en el tiempo y sobre todo para articularse como una fuerza efectiva que traduzca sus exigencias en cambios reales, poniendo de nuevo de manifiesto que no basta con indignarse, que no basta con tener razón.

Las fuerzas tradicionales de la izquierda se mueven prisioneras de prácticas y formas que apenas tienen eco entre las nuevas generaciones, acompañadas de una enorme falta de reflejos fruto seguramente de sus no pocos vicios burocráticos y en cierta medida porque son percibidos por muchos como partes del problema y no como agentes de cambio. Por su parte, las iniciativas surgidas del movimiento espontáneo de protesta (los diversos grupos de "indignados") pasan pronto de la euforia y el entusiasmo de los primeros días a una cierta incertidumbre cuando se ven confrontados por la tradicional disyuntiva de cómo combinar adecuadamente espontaneidad y organización, cómo mantener vivas las diversas formas de democracia directa, de ausencia de estructuras jerárquicas que tan bien funcionan en los inicios del movimiento, con la necesidad de dar formas orgánicas y delegadas de poder cuando se trata de gestionar eficazmente las reivindicaciones. Frente a las autoridades o frente a los empresarios no basta con la bulliciosa y alegre movilización en calles y plazas; inevitablemente se impone la necesidad de administrar las fuerzas y negociar con el poder.

Así al menos se comprueba en aquellos sectores que han sabido combinar de forma creativa la relación entre la fuerza de la espontaneidad de la multitud movilizada y la necesidad de negociar a través de dirigentes honestos y representativos. En efecto, las protestas de los trabajadores de la salud, la educación o el sistema judicial, provistos tradicionalmente de organización sindical han conseguido mantener formas masivas de lucha y hacer efectivas al mismo tiempo las formas del poder delegado. No se ha sacrificado la espontaneidad de las masas, se ha alcanzado permanencia y cohesión del movimiento y se han constituido en negociadores eficaces a través de sus organizaciones gremiales. Algo similar se produce con la protesta de los ahorradores estafados por los bancos o con las miles de familias expulsadas de sus viviendas igualmente por las entidades bancarias. Unos y otros han sabido convertir la indignación espontánea de cientos de miles de afectados en formas propias de organización que presionan de manera muy eficaz y han conseguido algunos triunfos parciales. Miles de estafados (sobre todo pensionistas de escasos recursos) invaden a diario bancos, cajas de ahorro y ayuntamientos para exigir que les devuelvan sus ahorros, al tiempo que un grupo de sus dirigentes y asesores técnicos negocian con las autoridades una salida justa a sus reclamaciones. Los desahuciados, por su parte, movilizan sus piquetes para impedir la expulsión de las familias pero al mismo tiempo se han armado de una eficaz organización que gestiona sus reivindicaciones. Esta misma semana su portavoz oficial ha llevado su clamor hasta el mismo Parlamento protagonizando un duro enfrentamiento con los políticos y con el representante de los bancos (su discurso ha dado la vuelta al mundo, gracias a los modernos sistemas de comunicación).

Nadie se atreve a estas horas a predecir qué va a suceder en España sumida en la más profunda crisis de las últimas décadas. Por supuesto, cabe siempre la posibilidad de que el sistema consiga prolongarse haciendo un lavado de cara (incluida la monarquía). Todo depende del vigor y la eficacia de las fuerzas de la oposición social y política. Si todos los grupos que conforman la protesta lograran unificarse en torno a un programa básico de reformas y si como muchos vaticinan, unas elecciones anticipadas son inevitables, las perspectivas de un cambio substancial no son pocas. En realidad, muchas alternativas están abiertas y tampoco falta quien sostenga que el sistema, ante el riesgo de verse sometido a cambios radicales, optará por la violenta superación del mismo marco legal vigente de la que en su día se llamó "la transición modélica". Ya ha ocurrido en Grecia.

LA SUERTE DE VILLA STEIN 2013-01-24 15:55:29

Luego del fiasco que representó la sentencia dada por la Sala de la Corte Suprema que presidía (y aún preside) sobre el Destacamento Colina, muchos pensaban que Javier Villa Stein tenía sus días contados en el Poder Judicial.  Sin embargo, dos acontecimientos recientes le han devuelto el oxigeno y, por el contrario, ha salido bien librado luego del mayor escándalo de su carrera.

El primer hecho fue la elección de Enrique Mendoza como presidente del Poder Judicial, elección en la que Villa Stein terminó jugando un rol decisivo, tal como lo contó Ricardo Uceda:

San Martín no apoyó a Rodríguez porque supuso –o por lo menos eso decía– que iba a ser influido por Villa Stein si se convertía en presidente. Sin embargo Villa Stein, un conservador, no se sentía cabalmente identificado con Rodríguez, quien está más a su izquierda.  Al mismo tiempo Villa Stein  desconfiaba de Almenara por la alianza de este con San Martín, a quien, en su apreciación, permitiría que continuara ejerciendo poder detrás de bambalinas.

(…)

Más adelante Villa Stein decidió apoyar a Mendoza, con lo cual la victoria de Rodríguez parecía asegurada.

Pero Mendoza se decidió finalmente por Almenara. Mendoza se lo explicó a Rodríguez, aunque no fue explícito respecto de los motivos. Se lo explicó también a Villa Stein, a quien se le presentó un dilema. ¿Quedarse solo? ¿Apoyar a Rodríguez y perder?

(…)

Pero un cuarto de hora antes de la ceremonia Duberlí Rodríguez y los siete vocales que lo apoyaban fueron a la oficina de Enrique Mendoza en la OCMA. Le ofrecieron sus votos para que él ocupara el más alto cargo del sistema judicial.

Así Mendoza terminó siendo presidente del PJ. Y ha procurado quedar bien con todas las facciones del PJ, comenzando por Villa Stein, a quien ratificó como presidente de la Sala Penal Permanente de la Suprema, en detrimento de San Martín, quien preside la Sala Penal Transitoria del referido colegiado.

Y el segundo hecho se produjo hoy: Villa Stein no será finalmente investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura por la controvertida sentencia emitida el año pasado. Ayer adelantó César Romero de La República:

Según trascendió en medios judiciales, en opinión de los miembros de la referida comisión, los jueces tomaron una decisión jurisdiccional que no puede investigarse ni sancionarse disciplinariamente.

La comisión subrayaría que el CNM solo puede investigar y sancionar a los jueces si en el desarrollo de un proceso cometen una inconducta funcional o fallan en contra de la ley, no por decisiones que tomen aun cuando estas sean polémicas o controvertidas.

El problema es que hay argumentos a contrario. Algunos de ellos han sido señalados por el abogado Yván Montoya:

La propia sentencia evidenciaría indicios de haber incurrido en algunas faltas disciplinarias graves y muy graves.  En efecto, el artículo 34.1 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial señala que es deber de todo magistrado impartir justicia con razonabilidad. Esto en concordancia con el perfil que se exige de todo juez: capacidad de interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos. Pues bien, la interpretación anteriormente referida resulta no solo carente de motivación sino, a todas luces, arbitraria.

Igual el artículo 47.16 de la Ley señala como falta grave el que un magistrado utilice en sus resoluciones expresiones improcedentes o manifiestamente ofensivas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. El razonamiento indicado en el párrafo anterior resulta, a nuestro juicio, al menos sospechoso de improcedente (y esto lo confirmaría la nulidad de la misma sentencia) y sobre todo ofensivo contra los familiares de las víctimas. Finalmente, el artículo 48.13 prescribe como falta muy grave el hecho de que el magistrado judicial incurra en un acto que, sin ser delito, vulnera gravemente los deberes del cargo. Es esencial que se evalúe en el pleno del CNM si se ha infringido el deber de todo magistrado de motivar razonablemente sus resoluciones y si la ausencia de razonabilidad ha causado graves consecuencias relacionadas con la imagen del Perú en la comunidad internacional.

El CNM no solo perdió la oportunidad de hacer una investigación a conciencia sino que le ha concedido el favor de su vida a uno de los vocales más controvertidos de la Corte Suprema. Una decisión de la que discrepamos desde aquí.

"Basta de amenazas": Argentina denuncia un complot de los jueces y de los fondos buitre 2014-08-14 18:59:56

Preview
El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, ha denunciado una "confabulación" entre los fondos buitre y "el sistema judicial" de EE.UU. que —según él— tiene por objetivo perjudicar a Argentina en la reestructuración de su deuda. Fuente

Instalan comisión que convocará a elección de consejo directivo de Sunedu y Sociedad civil seguirá de cerca proceso de compra 2015 de Qali Warma
Obama:
Consulte la Fuente de este Artículo
Tecnologia Emprendedora

No hay comentarios:

Publicar un comentario