En los dos últimos años, Front Line Defenders ha documentado un incremento de las represalias contra defensores y defensoras de derechos humanos (DDH), que ha alcanzado un punto crítico. En este contexto, las instituciones internacionales de derechos humanos al igual que los gobiernos que tradicionalmente han apoyado a defensores y defensoras parecen no ser capaces de oponerse con fuerza y eficacia al cierre del espacio de la sociedad civil
“Este es un momento político crucial. Si hemos de desafiar la erosión sistemática de los estándares de derechos humanos, es necesaria una respuesta política más consistente y creíble, que otorgue la misma prioridad y recursos a la creación de un espacio seguro para los y las DDH que aquellos que los gobiernos autoritarios dedican a su clausura.” afirmó Mary Lawlor, Directora Ejecutiva de Front Line Defenders. “No habrá avances en derechos humanos si quienes están al frente de esta tarea no tienen permitido operar”.
Los gobiernos deben reconocer el papel vital de los y las defensores de derechos humanos en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, especialmente en situaciones de conflicto y con posterioridad al mismo. En el Congo oriental, las mujeres defensoras de derechos humanos siguen siendo tomadas como blanco con total impunidad, mientras que en Afganistán las defensoras se enfrentan a la posibilidad de perder lo poco que han avanzado en los últimos años. “Hace cuatro años, el gobierno introdujo leyes nuevas para proteger a las mujeres de la violencia. Hasta la fecha, solamente el 7% de las mujeres de Afganistán han tenido acceso a esa legislación, lo que es sumamente decepcionante. Pero hoy, en la situación política actual, tememos que se pierda aún lo poco que se obtuvo. Nuestros derechos humanos no deben ser negociados como parte de un acuerdo político”, declaró Mary Akrami, cofundadora y Directora del Afghan Women Skills Development Centre (AWSDC).
En el informe se destaca que:
• más de 130 DDH fueron asesinados/as o murieron estando detenidos/as durante los primeros diez meses del 2014, según fue informado a Front Line Defenders.
• fue en Colombia que ocurrieron 46 de estos 130 DDH asesinatos en el 2014.
• 101 del total de 130 asesinatos de DDH asesinados en el 2014 tuvieron lugar en América.
• de manera global, la privación de la libertad y los procesos judiciales fueron las estrategias más utilizadas para silenciar e intimidar a DDH.
• la legislación restrictiva continuó expandiéndose de manera viral en todo el mundo dado que los gobiernos replican la legislación represiva.
• los y las DDH han estado expuestos a ataques digitales, con diversos grados de sofisticación, virtualmente en todos lados.
—> Vea aquí el Informe Anual (en español)
—> Ir a la nota en sitio de Front Line Defenders
Anoche, en Cuarto Poder, Sergio Tejada hizo pública su decisión para renunciar al Partido Nacionalista Peruano. Una noticia sobre la que se especulaba hace días, sobre todo, luego del fuego graneado que le envío su excompañero de bancada, Santiago Gastañadui, después que el parlamentario expresara sus reparos en torno a la Ley Laboral Juvenil.
Tejada ha señalado que su discrepancia ante la controvertida norma - cuya derogatoria es casi un hecho, considerando las posiciones de las bancadas al cierre de este post - es la principal razón para su salida. Y en las entrevistas que ha concedido queda claro que este hecho fue la cereza sobre el pastel sobre una situación de deterioro en la relación con el gobierno. Las medidas palabras del congresista han mostrado que la procesión - y las discrepancias internas - iban por dentro.
Lo ocurrido con Tejada es sintomático en torno al deterioro de las relaciones con su bancada. No estamos ante un parlamentario que provenía de las canteras de la izquierda (como Rosa Mavila o Javier Diez Canseco) y que se apartó por el viraje respecto del plan original. Tampoco ante lo ocurrido con los hoy integrantes de Dignidad y Democracia, quienes se sentían marginados por la entrega de presidencias de comisión y vocerías, así como por una creciente distancia con Palacio de Gobierno.
Tejada era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista. Es decir, parte de la parte más alta de la dirigencia de la agrupación. Recibió el encargo de hacerse cargo de la Megacomisión, una papa caliente para cualquier congresista debutante, que le costó denuncias, demandas judiciales para acotar la investigación parlamentaria y ataques personales y familiares. Estos últimos, por cierto, deben encontrarse dentro de las situaciones más bajas que hemos visto en la política peruana en varios años. Y el congresista asumió dichos costos, incluso con la puesta de perfil de su bancada en algunos momentos.
Además, Tejada es el único parlamentario del oficialismo que había intentado esbozar una idea respecto de lo que significaba el nacionalismo y era fundador del partido.
Tan es así que Daniel Abugattás ha señalado que están “ante un hecho doloroso que debe llamar a la reflexión”. Pero en esa onda no andan los demás miembros del gobierno, como Fredy Otárola, quien hablaba de un cálculo político por parte del excongresista. Y de hecho, el Presidente de la República ha oscilado entre la amargura (”el joven congresista”) y la soberbia (”ojalá encuentre su camino”). Parece que no han entendido el mensaje.
Tejada no ha decidido su futuro político, tanto en lo que se refiere a su presentación a la reelección como congresista como respecto de su pase a otra tienda política. Algunos han especulado con una posible partida hacia un proyecto de izquierda. Sin embargo, hay un obstáculo: un sector no le perdona hasta ahora su abstención en la votación que decidió la suspensión de Javier Diez Canseco. En las entrevistas que ha tenido en la mañana, Tejada indicó que esta decisión era su forma de manifestar su desacuerdo con la decisión de su bancada, pero que hubiera sido mejor votar en contra.
Lo cierto es que Tejada seguirá en la línea fiscalizadora. Ayer en Diario 16 adelantó que enviará los documentos al Ministerio Público sobre el caso BTR respecto de Alan García y Jorge del Castillo. Tal vez el parlamentario calcula que, con un nuevo Fiscal de la Nación y con poca receptividad en el Congreso a sus informes, lo mejor sea remitir la información recopilada para impulsar los procesos judiciales que permitan aclarar la responsabilidad de ambos exfuncionarios, a quienes se acusa de encubrimiento y ocultamiento de pruebas.
Tejada es un congresista que puede tener un interesante futuro político. Y su salida ocasiona un golpe al oficialismo cuyas dimensiones aún no se han percatado en Palacio de Gobierno. Se piensa, desde la Presidencia de la República, que la lealtad es sinónimo de obsecuencia. Desafortunadamente, para la política peruana, no es el único líder que piensa así.
(Foto: La República)
Cesare Beccaria fue un conocido jurista italiano que se dedicó al estudio del Derecho Penal. En 1764 publicó el ensayo titulado De los delitos y las penas, que tuvo una gran importancia en el desarrollo de los estudios penales que se produjo en el Siglo XIX.
En el Siglo XXI, cuando se observa la situación de España y de otros muchos países, es fácil entender que el Derecho Penal sustantivo tiene una gran importancia, pero, actualmente, tiene más relevancia el papel de los mecanismos por los que se aplican las normas penales, que castigan determinadas conductas, ya que el Derecho Penal sustantivo no podrá ser eficaz para que sea posible sancionar ciertos comportamientos si los referidos mecanismos no funcionan adecuadamente. Al hablar de este asunto, Cesare Beccaria afirma en De los delitos y las penas, de forma muy acertada, que "no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los magistrados, y aquella severidad inexorable del juez, que para ser virtud útil, debe estar acompañada de una legislación suave". La gran idea del jurista italiano es aplicable en el presente momento, como se indica en el libro titulado ¿Hay Derecho?, en el que sus autores afirman que no debe pensarse que el aumento de los tipos penales o de las penas va a hacer que los corruptos sean "mejor castigados".
La trascendencia de los medios que garantizan la eficacia suele ser olvidada en muchas ocasiones por el Parlamento estatal cuando realiza reformas del Código Penal que solo sirven para elevar penas que en muchos casos no se van a poder aplicar o para tipificar conductas que no deberían considerarse delictivas porque son subsumibles en otro tipo penal o porque el Derecho Administrativo Sancionador ya la castiga.
Es posible que, en algunas ocasiones, resulte adecuado llevar a cabo alteraciones puntuales en la legislación penal, pero no deben realizarse modificaciones elaboradas con una velocidad excesiva o reformas que busquen la expansión del Derecho Penal, la creación de normas penales simbólicas o la consecución de la aprobación de la opinión pública o de la ciudadanía mediante otros caminos construidos con el postureo legislativo, que se materializa a causa de un absurdo populismo punitivo. Además, no deben desarrollarse modificaciones en la legislación procesal penal que faciliten la impunidad de determinados sujetos.
En lo que se refiere a la aplicación de las normas penales sustantivas a través de los procesos judiciales, que tienen un marcado carácter instrumental, hay dos aspectos interesantes sobre los que se ha hablado mucho en los últimos años:
- La regulación plasmada en los procedimientos mediante los cuales se desarrollarán los procesos. Este es un elemento formal que es importante para poder resolver las incógnitas fácticas existentes en cada caso y para poder sancionar al autor del hecho delictivo. Según el Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, este aspecto tiene una gran relevancia, pero debe tenerse presente que Elisa de la Nuez ha señalado que "sería una ingenuidad considerar que los problemas se resolverán solo con nuevas y mejores normas".
- La dotación de medios personales y materiales con los que los órganos jurisdiccionales del orden penal puedan desempeñar su labor. Los grupos de la oposición actual ya solicitaron un aumento presupuestario en la Administración de Justicia, como ya hizo, anteriormente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía, al igual que los jueces decanos.
Puede entenderse que, si la regulación procedimental es inadecuada, será complicado que se pueda castigar a las personas que cometan una infracción penal. Si la regulación es correcta, se habrán puestos los cimientos para construir un sistema jurídico penal teóricamente eficaz, pero, para culminar la consolidación del sistema, será necesario que se lleve a cabo la dotación de medios personales y materiales esenciales, porque siempre será imposible evitar la saturación de los órganos jurisdiccionales penales y la lentitud de los procesos penales, que serán ineficientes e ineficaces y vulnerarán derechos fundamentales, si no se efectúa dicha dotación, así que puede decirse que la idónea regulación es tan indispensable como la buena dotación de medios, siendo, ambos elementos, trascendentales. Sin embargo, los dos elementos son insuficientes, ya que es necesario hacer cambios más profundos en la Administración de Justicia, como indica Eduardo Torres-Dulce Lifante en "La inevitable reforma de la Administración de Justicia".
Como ha afirmado el Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, “el poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo”. El principal problema es que este hecho es tan cierto como preocupante y perjudicial para la efectividad de la separación de poderes que debe existir en un Estado de Derecho.
Esta tarde, el Procurador Antiterrorismo Julio Galindo confirmó que interpondrá una denuncia contra los productores, directora y actores de la obra teatral La Cautiva por “apología al terrorismo”.
La denuncia, descabellada por donde se le mire, se basa en dichos de terceros - el abogado del Estado reconoció no haber visto la pieza de teatro - y en una eufémica “falta de respeto a las Fuerzas Armadas”, así como en una retorcida investigación de un pasaje de la obra, donde se mencionan algunas proclamas senderistas, en un pasaje donde la protagonista describe cómo sus padres - simpatizantes de la organización terrorista - recitaban las consignas dadas en la mencionada agrupación.
Ayer ya describimos, en este mismo espacio, las razones por las cuales no se sostiene una acusación de esta naturaleza. De un lado, porque la obra no es un alegato a favor de Sendero Luminoso, sino en contra de todo tipo de violencia, incluyendo la senderista. De hecho, La Cautiva muestra, a través de lenguaje simbólico, las consecuencias a las que puede conducirnos el fanatismo. De otro lado, porque señalar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no es un delito. Peor aún cuando la premisa central en la que se basa la obra - la violación de una muerta por parte de un militar - tiene asidero real (vía Utero.pe)
Sumemos a ello que el propio Ministerio de Cultura ha respaldado la obra en un comunicado hecho público ayer. Y que el Ministerio de Defensa, esta misma mañana, había señalado que se trataba de una legitima expresión artística.
Muchos han señalado que esto se trata de una cortina de humo. Lamento desilusionar a los fanáticos de las teorías de la conspiración. La explicación es simple: el Procurador Antiterrorismo piensa así, es muy dado a los golpes de efecto y poco efectivo en su trabajo. Aquí algunas muestras.
MELISSA PATIÑO
En 2009, la estudiante y poeta Melissa Patiño fue detenida luego de haber participado en una reunión de la denominada Coordinadora Continental Bolivariana celebrada en Ecuardo como periodista. ¿El motivo? Haber regresado en un bus al país junto al lider de la CCB, una persona que otrora tuvo vinculaciones con el MRTA. Patiño no tenía militancia partidaria ni menos aún cercanías con agrupaciones subversivas. Tan mamarrachento fue el asunto que la denuncia que tuvo que ser defendida en un reportaje francamente lamentable que la gente de Utero.pe tuvo que refutar, como veremos a continuación:
Galindo quiso ir hasta las últimas consecuencias con la denuncia. Patiño fue liberada a los pocos días que el reportaje arriba colocado fue difundido y finalmente salió limpia de la denuncia. Un papelón
LOS TEXTOS ESCOLARES
El año anterior, es decir en 2008, Mercedes Cabanillas armó un tremendo lio por la inclusión, en textos escolares de la editorial Norma, de preguntas dirigidas a los alumnos de quinto de secundaria sobre los años de violencia. Textos que fueron calificados por Galindo como poseedores de mensajes subliminales. El incidente, incluida entrevista por Galindo, fue resumido así por Jonathan Castro:
Por cierto, desde esa época, el Estado peruano no tiene una política clara para enseñar el periodo 1980 - 2000 en lo que se refiere a la guerra contra el terrorismo, en los colegios de todo el país. Gracias Meche, gracias Galindo.
EL LIBRO DE ABIMAEL
Volvamos al 2009. Abimael Guzmán publicó un libro denominado “De Puño y Letra”. Un texto tan aburrido que ni siquiera hubiera merecido comentario de no ser por la intervención de Galindo y del condenado exministro Aurelio Pastor. Resume lo ocurrido Augusto Álvarez Rodrich:
Tras revisarlo con la rapidez que demanda una reseña apurada, confirmo mi intuición: es un plomazo de 400 páginas con dos partes centrales: la vida de Guzmán, y la estrategia del juicio con apreciaciones sobre hechos ya conocidos. Periodísticamente, no hay mucha 'pepa' más allá de las cartas de amor al final del libro que proyectan a alguien que ya tiró la esponja.
Si no fuera por el ministro, ni lo habría comprado. En un país donde, lamentablemente, casi nadie lee, él se ha encargado de que la piratería lo ponga en los principales semáforos del país.
Pero Pastor no parece dispuesto a perder 'esta oportunidad' y entonces ha interpuesto denuncia por apología del terrorismo. Escuché anoche, en RPP, al procurador Julio Galindo sustentar el caso con argumentos increíbles. Parecidos, de paso, a los de Jorge del Castillo cuando llama 'terrorista financiero' a Alejandro Toledo por sus críticas al manejo económico.
Galindo señala que el problema no es el libro sino la presentación del mismo, pero personas que estuvieron ahí y que merecen toda mi credibilidad me comentan que eso no fue apología del terrorismo sino evento decadente. De paso, ministro, ¿informar periodísticamente sobre el tema también es delito?
El gobierno cree que, armando un escándalo con el libro de Guzmán, podrá enjuagar su fracaso en el VRAE. ¿O todo es parte del pacto aprofujimorista? El problema es que, con ese mismo argumento absurdo, tendría que enjuiciar a don Armando Villanueva por hacer el prólogo del libro escrito en prisión por Víctor Polay. ¿Y los textos hechos en similares condiciones por Vladimiro Montesinos y Antauro Humala? Qué raro que en esos casos el Apra no dijera nada.
EL PERIODISTA EN AYACUCHO
Ya en este gobierno, en agosto de 2013, Galindo fue materia de esta alerta de IPYS, entidad poco sospechosa de cualquier apología al terrorismo:
El 09 de julio de 2013, Carlos Infante Yupanqui, director de la revista Con Sentido de Ayacucho denunció al IPYS que tanto él como el responsable de la unidad de investigación de la publicación, Héctor Oré Ruiz, son objeto de una persecución por parte del procurador público especializado en casos de terrorismo, Julio Galindo Vásquez, a partir de una entrevista a un líder terrorista que publicaran hace casi dos años . Ayacucho es una región ubicada en el centro del país.
Con Sentido entrevistó para su edición N° 31, de noviembre de 2011, al sentenciado por terrorismo, Osmán Morote Barrionuevo. A partir de ese hecho, Galindo Vásquez denunció a los periodistas bajo los argumentos de que, por razones deontológicas consignadas en el Código de Ética de la Federación de Periodistas, no debieron "entrevistar a un delincuente"; un absurdo para los denunciados, ya que otros cabecillas subversivos han sido entrevistados por periodistas en pleno ejercicio de su libre expresión y en su deber de informar sobre temas públicos y de interés colectivo.
La Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, que despacha Andrés A. Cáceres Ortega, dispuso el archivamiento del caso en octubre de 2012 en base a las investigaciones de la Policía especializada. Pero Galindo Vásquez elevó una queja ante la Fiscalía Superior local, que dispuso ampliar las investigaciones.
Como ha probado con documentación al IPYS, el director de Con Sentido, en enero de este año, el Fiscal Cáceres Ortega volvió a disponer el archivamiento de la causa, esta vez definitivamente, lo que produjo insólitamente una nueva queja del Procurador Galindo Vásquez ante la Fiscalía Superior, instancia que finalmente se pronunció hace más de un mes ratificando la resolución de archivamiento.
Pero el Procurador ha insistido y ha denunciado nuevamente a los periodistas ante la Primera Fiscalía Penal de Huamanga, por los presuntos delitos de "Obstrucción a la Justicia" y "Revelación indebida de identidad", como se consigna en el expediente N°379-2012, y que cita como "prueba" otro material de Con Sentido publicado en diciembre de 2011, bajo el título de "Relaciones Peligrosas", en que informó los entretelones del papel de un agente de inteligencia que accedía a organizaciones sociales con la finalidad de comprometer a inocentes en actividades sediciosas, y que reprodujo parte del texto del expediente del proceso donde figuran las claves secretas de un colaborador eficaz y cuyo testimonio habría servido de base para involucrar a todos los detenidos en distintas operaciones policiales en los valles del Monzón, Huanta y Arequipa.
LOS CUESTIONAMIENTOS A SU ACTUACION
Bueno fuera que Galindo, a pesar de estos golpes de efecto, fuera efectivo en su labor. El problema es que el Procurador Antiterrorismo tiene denuncias por pobre desempeño. Se reseña en la web del programa Cuarto Poder:
Juan Ríos, quien hasta hace una semana era abogado de la Procuraduría Antiterrorismo, denunció a su ex jefe, Julio Galindo, por una serie de negligencias en los procesos judiciales que llevaron a la absolución de cabecillas terroristas.
Según el denunciante, en el caso de Alex Gutierrez Mantari, alias Chucho; y Jorge Luis Hinostroza, alias Lucho, detenidos en el 2012 por sus vínculos con el clan Quispe Palomino en el Vraem, se omitió información valiosa durante el juicio, por lo que fueron absueltos por el cargo de colaboración.
Si bien Chucho y Lucho siguen presos por el presunto delito de lavado de activos, será difícil demostrar que lavaban dinero del terrorismo, si otra instancia resolvió que no colaboraron con los hermanos Quispe Palomino.
Ríos dijo que debió pedirse algo básico, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pues a ambos se les encontró más de 5 celulares, pero no se hizo.
Galindo admitió que se cometieron errores, pero dijo que fueron de algunos elementos de su equipo que ya no trabajan con él. Asegura que los nuevos abogados de la Procuraduría han presentado los recursos de nulidad respectivos.
Al caso de Chucho y Lucho, se suman el de otros detenidos por vínculos con el terrorismo como el de Carlos Rodríguez Castillo, alias Papujo, procesado por ser presuntamente el principal financista de las actividades del camarada Artemio en el Huallaga y uno de los narcotraficantes más activos del Monzón. Papujo y 40 de sus correligionarios fueron absueltos a finales del 2013 y están libres. En este caso, la Procuraduría presentó hasta 5 abogados que no tuvieron tiempo para empaparse del caso y presentar una acusación firme.
Asimismo, Galindo ha tenido poca efectividad para el cobro de las reparaciones civiles que deben los terroristas al Estado. A contrario de la Procuraduría Anticorrupción, Galindo no ha producido resultados en los últimos años en torno a esta materia.
Y este es el abogado del Estado que se encarga de los casos de uno de los delitos más condenados por los ciudadanos y más sensibles para el país. Hace rato merecía retiro, pero con lo de hoy, existe una causa más para mandarlo a su casa.
El Dr. Víctor Cubas, coordinador de la Fiscalía Penal Nacional y Fiscalía Supraprovinciales, estuvo en nuestro programa ofreciendo un balance sobre el tema de los procesos judiciales a los líderes de Sendero Luminoso (SL) por crímenes como el terrorismo. También nos informó sobre los avances e investigaciones al grupo denominado Movadef sobre sus vinculaciones con SL.
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Todos estamos conmocionados por las imágenes de don Dionisio Vilca llamando a su hijo en la espesura de la selva alta del VRAE, entrando con dos guías machiguengas a buscarlo. Todos estamos conmocionados por las imágenes que no hemos visto sino apenas imaginado con reservas: el padre encontrando el cadáver, torturado, perdido, como decía él mismo en una entrevista "ahí tirado", de su hijo de 20 años: un suboficial de la Policía Nacional que fue abandonado por el helicóptero piloteado por un capitán que, a pesar de la presión de sus compañeros, no quiso regresar. El padre llevando el cadáver de su hijo, cargado en una manta, a través de varios kilómetros, hasta que encuentra un taxi donde lo transporta a la comisaría de Kiteni. En Lima, la abuela que ha llorado toda la noche y está saliendo de ese sopor de la sedación con calmantes, solo atina a afirmar frente a la cámara: "No lo han buscado, no lo han buscado, lo han dejado como a un perro".
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