Francia retira los pasaportes a seis presuntos yihadistas franceses que pretendían viajar a Siria 2015-02-23 08:23:09
Las autoridades de Francia han retirado el pasaporte a seis presuntos yihadistas con nacionalidad francesa que tenían previsto salir del país para combatir en Siria. Es la primera vez que se lleva a acabo la confiscación del pasaporte como herramienta para luchar contra el terrorismo, según ha explicado este lunes el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.Ollanta Humala es reunió con lideres politicos por caso de espionaje 2015-02-20 15:27:57
Ollanta Humala se reunió con los ex presidentes y líderes de la oposición que resultó imposible en un anterior llamado al diálogo, finalmente se dio pero en un contexto distinto. El presidente de la República, Ollanta Humala, los convocó a Palacio de Gobierno con el objetivo de informar los alcances de las investigaciones y acciones por el presunto caso de espionaje a nuestro país.
En un encuentro de un poco más de dos horas y en una jornada bastante agitada, Humala junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el comandante general de la Marina de Guerra, Edmundo Deville del Campo, informaron de manera reservada los detalles de la denuncia de un presunto espionaje a favor de Chile por dos marinos peruanos.
En esta cita participaron los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo, al igual que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia.
El alcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, Fernando Andrade de Somos Perú y Raúl Castro, del Partido Popular Cristiano, también estuvieron presentes.
Los líderes políticos, además, fueron puestos al tanto de la existencia de un proceso judicial en curso, tras la denuncia formulada por el procurador general de la Marina de Guerra del Perú contra los marinos.
También se absolvieron las consultas de estos, quienes expresaron sus opiniones e ideas sobre las posibles repercusiones en las relaciones bilaterales.
Tras la cita, Castro fue el único que declaró a la prensa. Pero se pudo observar a García y Toledo conversar por algunos minutos en los exteriores de la Casa de Pizarro.
Castro comentó que existió un intercambio de opiniones y consejos que han sido recogidos por el presidente y recalcó que las medidas a tomar las decidirá el jefe del Estado con la Cancillería.
“Todos, en ese sentido, hemos expresado nuestra preocupación. Son hechos que se consideran inamistosos y lo son”, dijo el presidente del PPC, que subrayó que “aparentemente hay pruebas contundentes de que así ha sido”.
Previamente, Humala Tasso encabezó una nueva sesión del Consejo de Estado con ministros y otras autoridades con el propósito de abordar temas de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción; así como temas de seguridad nacional a raíz de este caso.
El mandatario de manera enérgica consideró que de comprobarse está denuncia pondría en una situación difícil las relaciones con el país sureño.
"De darse una acusación de esta naturaleza, es gravísimo para las relaciones bilaterales de Perú y Chile, que hemos venido fortaleciendo, pero esto no puede pasar así no más”, dijo el presidente tras la inspección al avance de obras del “Nuevo Hospital de Emergencias de Lima Este” en Ate Vitarte.
Humala indicó en este escenario si se prueban las imputaciones contra los acusados, les debe caer todo el peso de la ley. “Quiero exhortar al Consejo Supremo de Justicia Militar y a la fiscalía para que de una buena vez resuelvan este tema”, enfatizó. En tanto, confirmó que el titular de Defensa asistirá a la Comisión Permanente del Congreso para informar sobre esta situación.
Desde Washington, el canciller Gonzalo Gutiérrez aseveró que el gobierno peruano no se pronunciará sobre esta materia hasta que no concluya el proceso de investigación.
Fuente: La República
Rajoy analiza la crisis de ucrania y la lucha contra el terrorismo yihadista con la alta representante de la ue 2015-02-16 09:09:00
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, analizó este lunes con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, la crisis de Ucrania y la lucha contra el terrorismo yihadista.
Las claves del dilema del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento de las condenas penales cumplidas en otro Estado de la Unión Europea 2015-02-15 18:37:27
El objetivo expreso de este post es explicar, de forma comprensible lasclaves jurídicas de las dos resoluciones del Tribunal Supremo respecto de la toma en consideración de las condenas dictadas y cumplidas en Francia, que han solicitado algunos miembros de ETA, para acumularlas a las condenas pendientes en España. La Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, 186/2014 de 13 de marzo de 2014, (aquí), resolvió que debían acumularse las condenas de prisión por terrorismo que se hubieran dictado en Francia contra un mismo sujeto, equiparando sus efectos como si se tratara de antecedentes penales nacionales. Por el contrario , en la posterior decisión contenida en el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 13 de enero de 2015 (aquí) , nuestro Tribunal Supremo aparentemente, resolvió en sentido contrario
La primera clave se encuentra en la forma que han de cumplirse las diversas penas de prisión que se impongan a un mismo condenado. Nuestra legislación nacional, artículos 76 del Código Penal- al igual que lo hacia el artículo 70.2º del Código Penal anterior-establece el criterio lógico de la suma aritmética de las diversas condenas de prisión, para que se cumplan sucesivamente, hasta el límite máximo legal de 40 años de prisión para los delitos de terrorismo, prácticamente una condena perpetua, debido a la suma gravedad de estos crímenes. Esta acumulación aritmética opera también respecto de las condenas anteriores, aunque hayan sido cumplidas, siempre que por la naturaleza de los hechos, o por la fecha en que se cometieron los delitos, pudieran haberse enjuiciado conjuntamente en un solo proceso, de haberse cometido todos los delitos en territorio nacional
La segunda clave se encuentra en dilucidar si es directamente aplicable la Decisión Marco 2008/675 JAI del Consejo de 24 de julio de 2008 (aquí).
En virtud de esta Decisión Marco, el Estado español, al igual que el resto de los Estados miembros, se comprometieron a dictar leyes nacionales, para que en todos los proceso penales nuevos que se incoaran en sus territorios, se tuvieran en cuenta las sentencias condenatorias dictadas en otros Estados miembros. Esta norma comunitaria entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de julio de 2008 establecía en su artículo 5 que los Estados nacionales tenían un plazo que iba desde el 24 de julio de 2008 hasta el 15 de agosto de 2010 para dictar leyes nacionales de trasposición de esta norma
En principio, las Decisiones Marco no gozaban de efecto directo sino que necesitan leyes nacionales de trasposición para incorporar su contenido a los ordenamientos jurídicos nacionales. En esa época la justicia penal no era una política comunitaria, como por ejemplo la política agrícola, sino que cada Estado conservaba su soberanía y los objetivos comunitarios en este ámbito se perseguían a través de la cooperación interestatal, los Estados se concertaban entre sí y se comprometían a dictar leyes nacionales dentro del "marco" fijado en el seno de la Unión Europea a fin de alcanzar determinados objetivos previamente identificados como de interés común para todos los Estados miembros
La doctrina emanada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el llamado "Caso Pupino" (STJCE de 16 de junio de 2005, en el Caso C105-03) no se adaptaba a este supuesto. En esa ocasión el Tribunal de Luxemburgo reconoció el efecto directo de la Decisión Marco 2001/220 JAI del Consejo de 15 de marzo de 2001, sobre el Estatuto de Protección de las Víctimas en el proceso penal. Esta decisión judicial se basaba en que los ciudadanos no tenían por qué sufrir las consecuencias de la inactividad de sus Estados miembros, cuando estas normas comunitarias reconocieran derechos a las partes del proceso penal y tuvieran una regulación lo suficientemente pormenorizado que permitiera al juez nacional aplicar su contenido sin necesidad de una ley nacional de desarrollo
A diferencia del caso mencionado, la finalidad de la Decisión Marco 2008/675 JAI del Consejo de 24 de julio de 2008 era, por un lado, reforzar el principio de confianza recíproca entre los distintos sistemas de justicia penal dentro del territorio de la Unión Europea, ypor otro lado, se había dictado en el contexto fijado por el Programa Plurianual de la Haya adoptado por el Consejo Europeo (los días 4 y 5 de noviembre de 2004) El objetivo de este Programa para el período 2004-2009 era reforzar el intercambio de información y la cooperación judicial penal y policial entre los Estados miembros para endurecer la respuesta penal en la lucha contra delitos como el terrorismo o el crimen organizado, que ofenden intereses comunes a todos los Estados de la Unión Europea:
La Decisión Marco 2008/675 obliga a considerar estos antecedentes en todas las fases del proceso penal: fase preliminar, durante el proceso para calificar el hecho, en la sentencia que se dicte y en la ejecución de esta sentencia. La norma no impone cuáles serán esos efectos, sino que se remite al contenido de cada legislación nacional
La reincidencia delictiva, consecuencia de la tenencia de antecedentes penales, aunque sea en otro Estado europeo, siempre agrava la situación del reo en el proceso penal. Es un factor indicador de la peligrosidad del sujeto y puede determinar la decisión de detención y prisión preventiva, constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, permite agravar la pena a imponer, e, incluso, puede determinar el cumplimiento de la pena en un módulo de prisión más severo
Paradójicamente, la acumulación de las condenas cumplidas en Francia puede también ser un beneficio para el reo porque permite legalmente un acortamiento del tiempo de prisión, pero la ley nacional de trasposición no se había dictado, y el Tribunal Supremo debía resolver si esta omisión del legislativo determinaba una desigual aplicación de nuestro Código Penal a supuestos equivalentes
La Sentencia de 13 de marzo de 2014 decidió aplicar directamente la norma comunitaria porque en la fecha de la resolución estaba ya en funcionamiento el Registro integrado de antecedentes penales europeos ( ECRIS) que había sido creado en virtud de otra Decisión Marco 2009/315 JAI del Consejo y además la justicia penal europea se había convertido en política comunitaria a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que en los artículos 82 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a los jueces europeos, y no a los Estados, a interpretar y aplicar las normas penales de conformidad con las normas europeas
La Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre, finalmente traspuso la Decisión Marco 2008/675 y expresamente retrotrae en el tiempo sus efectos hasta el 15 de agosto de 2010, fecha límite que la Decisión Marco establecía para ello
La existencia de esta nueva ley española es la razón por la que el Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2015 resolvió la no acumulación de condenas dictadas en Francia al nuevo caso que les planteó, porque no cumplía con el requisito temporal previsto en la ley.
¿Dilema resuelto? No del todo. En la mayoría de los supuestos que se planteen, las condenas europeas anteriores conllevarán efectos desfavorables para el reo, y, en estos casos, la retroactividad está constitucionalmente prohibida en el artículo 9.3º de nuestra Constitución, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por esta razón se anuló la aplicación de la"doctrina Parot".
Esta regulación puede provocar en el futuro cercano un nuevo dilema a los jueces españoles, vinculados por las normas de la Unión Europea y también por una ley nacional que, por tardía y apresurada, puede distorsionar la efectividad de una norma europea, pero, si eso ocurre, será objeto de otro post.
TEMAS DE FONDO SOBRE LA ACTUACION POLICIAL 2015-02-13 13:23:47
Durante los últimos dos meses. se han suscitado una serie de críticas a la actuación de la Policía Nacional, en el trato frente al ciudadano. A continuación, un recuento:
- El “gas gratis” que la PNP acostumbra mandar en cada manifestación contra el gobierno (recuerden las manifestaciones contra la Ley de Empleo Juvenil).
- Las pocas facilidades que se brindan a los abogados de los ciudadanos que son llevados a Seguridad del Estado luego de cada marcha en Lima.
- El empleo de armas de fuego - primero negado y luego reconocido - en las protestas en Pichanaki. Recuerden, hay un fallecido por impacto de bala. Ojo que quieren llevar el caso al Fuero Militar Policial, cuando no corresponde.
- El maltrato a los ciudadanos que fueron a marchar ayer a las oficinas de Pluspetrol.
- La vergonzosa sentencia en el caso de Gerson Falla, ciudadano torturado en la comisaría de San Borja hace algunos años. Solo un policía fue condenado y por lesiones graves.
- La agresión de un policía a un taxista en medio de una intervención en San Juan de Lurigancho.
- La participación de la Policía en los intentos de desalojo a Máxima Acuña de Chaupe por parte de Yanacocha.
Varias cosas que decir al respecto de varias actuaciones que tienen en común algo: poco criterio y abuso.
LA RESPONSABILIDAD DE URRESTI
En las redes sociales, hay un hashtag bastante popular: #UrrestiDebeIrse.
Soy de quienes cree que el actual ministro del Interior no debe estar en el cargo. Una persona que tiene pendiente una acusación por asesinato, en medio de la peor situación de violencia que vivió en el país en el último siglo, no es la persona más indicada para estar en un puesto que, precisamente, se ocupa de la seguridad interna y la protección a los ciudadanos. Peor aún cuando dicha persona ha dado muestras comprobadas de ineficiencia, poca tolerancia a la crítica y dedicación durante varias semanas a los ataques personales antes que a los temas de su sector.
Asimismo, en cualquier país del mundo que se precie, el ministro del Interior habría puesto su cargo a disposición ante un fallecido en un conflicto social. Hace 30 años eso hacían los titulares de dicho sector en el Perú. Las palabras “responsabilidad política”, simplemente, no existen en el vocabulario ministerial.
Además, hay un tema que complica la permanencia de Urresti. La acusación por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos hace que cualquier actuación policial donde se cometan abusos sea directamente achacada a él. Para decirlo claro, muchos lo ven como objeto de sospecha y, por tanto, como una persona capaz de - literalmente - hacer cualquier cosa por reestablecer “el orden”. En ese contexto, donde cualquier hecho va a ser puesto en conocimiento vía redes sociales, la permanencia de un ministro con este antecedente convierte en aún más sospechosa cualquier actuación policial.
Pero el problema no se acaba solo con Urresti.
LA ACTUACIÓN POLICIAL EN CONFLICTOS SOCIALES
Normalmente, las zonas donde ocurren conflictos sociales vinculados con industrias extractivas cuentan, en principio, con poca dotación policial. Por lo general, estamos hablando de lugares del país donde solo están las comisarías del lugar, con oficiales y suboficiales básicamente entrenados para enfrentar el delito común. La atención policial se centra más en Lima y en las ciudades principales del país.
¿Qué es lo que ocurre? En defecto de una fuerza policial regular, llega a estas zonas del Perú personal de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Y aquí se encuentran dos problemas. El primero es que las funciones y entrenamiento de los miembros de esta unidad policial está dirigido, básicamente, hacia el combate a la subversión y al narcotráfico. Se trata de fuerzas dentro de la Policía Nacional que están destinadas a una función cuasi militar.
El segundo es que las empresas extractivas compran los días de franco del personal policial y, en algunos casos, esta situación lleva a la suscripción de convenios. Si bien los mismos no son ilegales per se, si llevan a una situación de casi privatización de la Policía y, sobre todo, de identificación de las fuerzas del orden con los intereses de las empresas mineras y petroleras. La confianza y la legitimidad de la actuación de la Policía Nacional se ven disminuidas cuando se sabe que las empresas han suscrito estos convenios y, además, cuando el personal policial se traslada en vehículos de estas compañías.
Así las cosas, tenemos a oficiales entrenados para luchar contra el terrorismo puestos a custodiar a una empresa minera - que les compra el franco - frente a la protesta de civiles. Una situación anormal por donde se le mire.
POCO CONOCIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN PROTOCOLOS POLICIALES
Aunque usted, amigo lector, no lo sepa, la Policía Nacional del Perú cuenta con un Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, con un Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Imponer la Ley, así como una Cartilla para el personal policial que participa en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público.
Es decir, en teoría, la PNP tiene una serie de procedimientos que dan los pasos a seguir en una actuación policial dentro del marco de la Constitución y la Ley. Ojo, no se trata - como algunos enfatizadores de la “mano dura” señalan - de documentos que “atan de manos” a la Policia. Por el contrario, he tenido ocasión de leerlos y tranquilamente los agentes del orden pueden actuar eficazmente en este marco.
Sin embargo, durante los últimos años, al conversar con personal policial, me queda claro que la formación en torno a estos documentos es escasa y se limita a charlas, sin que se haga mucho entrenamiento de campo. Pesa también un problema ya detectado por expertos en seguridad interna: incremento de escuelas policiales, con miras a formar rápidamente a oficiales y suboficiales que salgan a la calle a patrullar, pero con escasa profundización de estudios y formación, lo que comprende cuestiones elementales como manejo de armas.
Como bien señaló Cesar Bazán, jefe del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal:
"Nosotros analizamos dos ejes, cómo se forman en Derechos Humanos y Policía Comunitaria los oficiales. Es decir, cómo se relacionan los policías con la población no para atacarla o asustarla, sino para tenerla como un aliado para enfrentar a la delincuencia. Lo que hemos encontrado son varias cosas. Salió una Ley de Educación Policial y recientemente salió un reglamento, pero a su vez hay esfuerzos para frenar este tipo de reformas", declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"En materia de Derechos Humanos la formación es bastante deficiente. Tienen un curso en los cinco años de estudios, tienen solamente un curso de Derechos Humanos y en ese curso se enseñan materias bastante teóricas, que poco aportan a lo que los policías hacen en la práctica. Es decir, a un policía le sirve mucho más cómo se respetan los derechos humanos al momento de hacer una detención o al momento de hacer un parte policial o al enfrentar una protesta social y eso es mucho más valioso porque son los derechos humanos en vivo en la práctica, en el momento de acción", opinó.
Allí nos explicamos porque la PNP está acostumbrada a atacar o asustar al ciudadano. Sumemos a ello una cultura policial donde la persona que va a pedir un servicio o hacer una denuncia - salvo honrosas excepciones - es vista como sospechosa antes que como un ciudadano al que debe brindarse todas las garantías del caso. O, por los miembros corruptos de la institución - hay varios honestos - como un potencial punto para coimear.
FINALMENTE, TAMBIEN ES PROBLEMA DE CIVILES
No solo me refiero aquí a los políticos que proponen normas para exonerar de responsabilidad a los policías que cometen abusos. De hecho, ahora está pendiente de discusión un proyecto sobre uso de la fuerza policial que tiene varios puntos que merecerían observación (revisen este breve informe del IDL sobre la materia). Sino también a cómo los civiles nos portamos frente a la actuación policial.
De un lado, están quienes perciben a la PNP como una mera réplica del legendario tema de Narcosis “Sucio Policía”. Se olvida que los oficiales y suboficiales también son seres humanos con derechos y que la legitimidad de una causa social justa no da carta blanca para hacer vandalismo o para tirarle piedras a las fuerzas del orden. Por supuesto, en ningún caso, esto justifica ninguna de las actuaciones vistas durante las últimas semanas, pero también nos da cuenta de una caricaturización en la que no debemos incurrir tan alegremente. De hecho, recuerden que la mayoría de muertos en Bagua eran policías.
De otro lado, los partidarios de la “mano dura”. Aquellos que hablan de “matar al delincuente” como única solución a la seguridad ciudadana, que clama en redes sociales porque “paren a estos rojos que protestan” o que incluso trata de solucionar problemas familiares llamando a la Policía Nacional. Varios de ellos dejarían empequeñecida a la familia conservadora retratada en la muy buena obra Otras Ciudades del Desierto, puesta en escena en un conocido teatro local. Para decirlo claro, son quienes creen que la PNP debe ser la fuerza del orden, entendido este último como el status quo político y social del Perú.
Como vemos, la situación va más allá de un ministro del Interior controvertido, sino que requiere una reforma de fondo en la Policía Nacional del Perú, que este gobierno parece no estar dispuesto a iniciar en lo que le queda de mandato.
(Foto: Captura de imagen de video de Villarealino)
Cateriano: La obra ´La Cautiva´ es solamente una manifestación artística 2015-01-13 11:35:00
La obra teatral ´La Cautiva´ está siendo investigada por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) por presunta apología al terrorismo. Fuente
000 millones y Flexibilizan contratos de estabilidad tributaria para fomentar inversión minera
La defensa nacional y El ministerio de defensa
Maldición del canon minero y La Voz del Lector: Caos vehicular por hueco en av.Faucett
TEMAS DE FONDO SOBRE LA ACTUACION POLICIAL y Pichanaki: Nadine pide leyes contra quienes incitan violencia
En un día se decidió todo a favor de la petrolera y Gravamen recaudaría S/. 2. 500 mlls
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