El hilo que sujeta al Perú: La relación especial entre el Presidente Humala y [los panzones d]el sector privado 2013-02-21 02:09:00
Según un reporte sobre Creación de Trabajo publicado en enero por el IFC, institución que pertenece al Grupo del Banco Mundial, el sector privado produce el 90% de los puestos de trabajo en los países en vía de desarrollo, por lo que juega un papel clave en su lucha contra la pobreza y su crecimiento económico. El Perú, durante los últimos 8 años, ha crecido a un promedio anual del 7%. Durante este tiempo, la inversión del sector privado peruano pasó de 15% a 21% del PBI y, en el 2013, se proyecta que alcance el 22%. La inversión directa extranjera en el 2012 fue de US$7,335 millones y se estima que llegará a un total de US$8,772 millones este año. Finalmente, en el 2012, las personas jurídicas que se encuentran bajo el régimen tributario de tercera categoría (es decir, las empresas/negocios) aportaron 56% del impuesto a la renta, sin contar contribuciones especiales, como aquellas impuestas a las mineras u otras.
Luego de desarrollar, producir y vender sus productos y servicios, el sector privado entrega al sector público sus contribuciones tributarias. El Estado utiliza estas contribuciones para financiar el funcionamiento del sector público. Es decir, con el pago de los impuestos de todos los ciudadanos, incluyendo a las empresas, el Estado paga a sus trabajadores y ejecuta sus programas. Este dinero es particularmente necesario para sostener aquellos programas sociales dirigidos a la población que se encuentran en situación de pobreza. A cambio, el Estado, a través de su Presidente (Congreso y las cortes), ofrece conservar la estabilidad política, económica y social del país para que el sector privado siga ejerciendo sus responsabilidades en una economía social de mercado, que estimula la creación de la riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa bajo reglas de juego claras y justas para todos, orientadas por el Estado hacia el desarrollo del país. Por otro lado, el sector privado nacional espera que el Estado promueva sus productos y servicios en mercados extranjeros. Esta interacción entre el sector privado y el sector público es la base de su relación especial.
En Septiembre del 2008, el entonces Presidente Norteamericano Barack Obama heredaba la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1930. Las instituciones financieras privadas más grandes de EEUU estuvieron a punto de colapsar. Obama tomaba el mandato presidencial durante una crisis que podía traerse abajo la economía mundial por la interconexión del sistema financiero internacional. En los tres primeros meses de la crisis, EEUU perdió alrededor de 650,000 puestos de trabajo, el nivel de desempleo llegó a 7% y el NYSE llegó a estar abajo 6,000 puntos. Las acciones de Citigroup, el tercer banco mas grande de EEUU, con la red financiera más grande del mundo, bajaron 23%, poniéndolo en riesgo de ser vendido o fusionado. Hasta empresas industriales como General Electric, nombrada la empresa más grande del mundo por Forbes en el 2009, se vieron afectadas, lo que alertaba sobre un potencial malestar que podía infectar la economía Norteamericana. Todo esto ocasionado por los banqueros de Wall Street. La opinión pública y las marchas en contra de los Gerentes Generales de los bancos más grandes de EEUU (GG) presionaban al Estado Americano para que tome decisiones drásticas. Por otro lado, países como Inglaterra, Irlanda, Islandia y China empezaban a verse como las siguientes víctimas del contagio del sistema financiero mundial.
Sin embargo, el Presidente Obama y su Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, trabajaron con el sistema financiero para arreglar el problema. Se mantuvo la calma durante el transcurso de la resolución. El proceso fue largo y difícil, pero frontal y claro. No repartieron la culpa más que durante la campaña presidencial e, incluso entonces, fue marginal y con respeto. La hipótesis con que trabajaron fue “una economía funciona si el sector privado (financiero) funciona”, por lo que no se buscó reunir capital político personal a costa de la relación institucional entre el Estado y el sector privado. A final del día, Obama y los GG solo sostuvieron una reunión formal. En esta, a finales de Marzo de 2010 en la Casa Blanca, se concluyó que el Estado y los Bancos tenían que trabajar juntos para solucionar el problema. Cuando terminó la sesión, ambas partes declararon a la prensa “estamos en esto todos juntos”. Sabias palabras que podrían estar en el vocablo del Presidente Humala el día de hoy.
En el artículo que publica “The Economist” el pasado 2 de Febrero sobre el Perú, menciona que los peligros más grandes que tiene la “estrella de América Latina” son la sobre confianza y complacencia. Este artículo indica que, pese al crecimiento de los últimos años, aún existen serios problemas como el fortalecimiento del sol, que hace menos atractivas las exportaciones peruanas, el crecimiento excesivo del crédito y el mercado inmobiliario, que pueden recalentar la economía, la escasez de recursos humanos debido al pobre nivel de educación, que no optimiza el nivel de producción, y la fragilidad política, especialmente la parálisis del Congreso, así como la corrupción de la Policía Nacional y las cortes. En el Perú, “todo está [colgando] de un hilo” señala el Presidente del Grupo Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos, en dicho artículo. Por otro lado, Mirko Lauer reporta la semana pasada, en su columna en el diario “La República”, que existen dificultades en la SNMP, de donde los “petroleros” buscan separarse. Asimismo, informa que proyectos petroleros importantes están siendo bloqueados, y los proyectos de Conga y Cañaris siguen creando problemas sociales. El artículo de “The Economist” termina señalando: “se necesitarán cabezas frías y voluntades fuertes para prevenir que la fiesta se vaya de las manos”, refiriéndose al crecimiento económico del Perú.
El pasado domingo de este mes, el Presidente Humala mostró un síntoma de los peligros que mencionaba el autor del artículo de “The Economist”. No es sensato, pues, y hasta puede haber sido un poco mezquino, referirse a uno de los principales agentes del crecimiento económico del país como “esos panzones que creen que el crecimiento económico lo hicieron ellos sin saber que eso pertenece al pueblo peruano”, como lo hizo el Presidente en Ate Vitarte mientras inauguraba obras de agua y alcantarillado. El Presidente representa al Perú en todo momento y sus palabras son política de Estado: este es el poder que le concedieron los electores, y viene con responsabilidades. Debemos tener cautela y madurez política para no arriesgarnos a romper el hilo que sujeta al Perú, aún hay mucho camino por recorrer. La pobreza, si bien viene disminuyendo, se encuentra en 28% y hoy el Perú afronta retos que nunca ha tenido que enfrentar como país. “Estamos en esto todos juntos”, como dijeron los Americanos en uno de los peores momentos de su historia financiera. La relación especial debería fortalecerse y no inflamarse con demagogia. No hay excusa para insultar a los empresarios en ningún momento, menos aún cuando vivimos uno de los mejores períodos de la historia económica del Perú.
CADE y la Gran Transformación Empresarial 2012-12-10 17:36:00
En los últimos años hemos sido testigos en el Perú de cambios inesperados en el campo de las ideas y la gestión pública: un destacado político que creía en el intervencionismo estatal y la heterodoxia se volvió un adalid de la economía de mercado y la disciplina fiscal en su segundo gobierno; un enérgico militar que de candidato predicaba el nacionalismo y el proteccionismo comprendió, al llegar al poder, las ventajas de la globalización y la inversión extranjera; una luchadora social, conocida por su sensibilidad por las reivindicaciones populares, se convenció de que todo tiene un límite y que la ley y la autoridad municipal deben a veces imponerse por la fuerza.
Menos evidente es la transformación que se ha venido dando en el empresariado peruano. Probablemente porque, a diferencia de los ejemplos anteriores, no está personalizada en dos o tres grandes figuras. La transformación no abarca al conjunto de la actividad empresarial, pero sí es un movimiento muy amplio y al que se suman cada vez más empresarios y ejecutivos en el país. El cambio se da al menos en cuatro campos: la competencia, el Estado, la sociedad y la ética.
El primer cambio es el más conocido: a diferencia de otras economías de la región, la mayoría de empresarios peruanos adoptaron con entusiasmo la apuesta por la globalización y empujaron con determinación la suscripción de tratados de libre comercio. Aunque todavía no ha desaparecido, el mercantilismo fue derrotado. La gran mayoría de empresarios entiende hoy que la libre competencia es beneficiosa para el consumidor y para las propias empresas al orientarlas hacia la eficiencia y la innovación.
El segundo cambio llegó tarde al Perú pero se ha venido expandiendo a ritmo acelerado: la adopción de la responsabilidad social empresarial (RSE). Al inicio probablemente en respuesta a la resistencia de comunidades campesinas a algunos proyectos mineros o ante la amenaza de un cambio político radical, pero el hecho es que las iniciativas de responsabilidad social no se limitan ahora a algunas corporaciones mineras y financieras. Cada vez más empresas entienden que desarrollar una relación comprometida con el bienestar de sus trabajadores, el medio ambiente y la comunidad beneficia a la sociedad pero también a su reputación corporativa. Algunos ejemplos de este movimiento se aprecian en el portal de Responsabilidad Social de Perú 2021[i]
El tercer cambio todavía no es consensual pero se expresa crecientemente en la vanguardia empresarial: necesitamos fortalecer el Estado. El concepto todavía es rechazado por quienes sufrieron los abusos del estatismo en los setenta y los ochenta, pero los empresarios más modernos tienen claro que las empresas no pueden seguir avanzando con tranquilidad en el Perú si no avanza también el Estado peruano. Esta nueva mirada empresarial no quiere decir que los empresarios estén pidiendo que se creen nuevas empresas públicas. Lo que existe es una consciencia de que el Perú tiene enormes déficits en educación, seguridad, infraestructura, etc. y que se requiere fortalecer el Estado para que avance más rápido en cerrar esas brechas.
El reforzamiento del Estado pasa por el desarrollo de una carrera pública meritocrática y bien remunerada. En la encuesta efectuada por Ipsos en CADE 2012, los participantes señalaron que la generación de una administración pública moderna y profesional es la segunda meta más importante que debe tener el país para el 2021, sólo después de la disminución de la pobreza[ii]. Otra convicción empresarial en relación con el Estado es que hay un campo muy amplio de cooperación y que este debe potenciarse a través de asociaciones público-privadas, concesiones y sistemas de obras por impuestos.
El cuarto y último cambio es probablemente el más dificil: la convicción de que el empresario debe asumir un liderazgo en la lucha contra la corrupción. La agenda de CADE 2012 y la participación protagónica en la marcha por el día internacional contra la corrupción son expresiones de esa voluntad. El reto es grande, dada la extensión de esta mala práctica. Sin embargo, un dato alentador es que el 78% de los encuestados en CADE expresó sentirse “muy comprometido” a actuar con ética y rechazar la corrupción, la cifra más alta entre los compromisos planteados.
Ahora que CADE ha cumplido 50 años, en medio de algunas críticas, es oportuno reconocer que muchas de estas ideas –libre competencia, responsabilidad social, modernización del Estado y conducta ética– fueron promovidas desde ese influyente foro[iii].
[ii] Todos los resultados en: [www.ipsos-apoyo.com.pe]
[iii] Que organiza IPAE Acción Empresarial [www.ipae.pe]
Perú, un país en veremos 2012-11-14 18:16:00
Publicado originalmente en Debate 113, marzo - mayo 2001
Por Sally Bowen
Apesar de la globalización y en contra de lo que muchos peruanos creen, para el mundo de afuera el Perú es solamente uno entre decenas de países que suscitan un interés esporádico y generalmente superficial.
Por casualidad, yo me encontraba en un pequeño pueblo de Inglaterra, bien lejos de la capital, cuando Alberto Fujimori hizo su sorpresivo anuncio del 16 de setiembre, convocando a nuevas elecciones y desactivando el SIN. Lo primero que hice, al ser avisada telefónicamente desde el Perú, fue buscar mayor información en los múltiples canales de televisión disponibles. Pero resulta que el anuncio de Fujimori coincidió con el suicidio de un conocido personaje de la farándula británica y los noticieros se dedicaron a cubrir ese evento. La noticia peruana más trascendente de los últimos años mereció apenas un par de frases muchas horas más tarde.
Ésta es la lamentable realidad. Hay pocos afuera que se preocupan por la política o el futuro del Perú. Más son los que se interesan por el país en función de su pasado, su historia, su cultura. Ahí, ciertamente, se despierta la curiosidad. El Perú podría ser el destino de un próximo viaje de vacaciones, no hay por qué esperar más del ciudadano común y corriente.
Hay otro grupo mucho más reducido, conformado por diplomáticos, estudiosos, empleados de agencias multilaterales y de asistencia técnica, y empresarios que tienen inversiones en el país. Ellos sí siguen más de cerca el destino del Perú. Aquí tienen intereses, programas, dinero, y les conviene velar por todo esto. Pero la gran mayoría está destacada en el Perú durante un período breve: en un par de años, sus sedes los mandarán a Indonesia, a un país de África o a la India, o volverán a su casa matriz en Estados Unidos o Europa. Otros países con otros problemas sustituirán al Perú en sus pensamientos cotidianos.
Desafortunadamente, durante más de una década el Perú se ha convertido en un país anecdótico. Batió récords mundiales en hiperinflación, en producción de hoja de coca y en desapariciones. Su presidente fue conocido más por sus rasgos sorprendentemente japoneses que por sus méritos como gobernante. Eventos tan dolorosos para los peruanos como el autogolpe de 1992, el conflicto con Ecuador o la toma por el MRTA de la residencia del embajador de Japón fueron ampliamente difundidos afuera y suscitaron comentarios superficiales alrededor de la mesa, a la hora de cenar: “¿Han visto lo que está pasando en el Perú? Qué bárbaro, ¿no? Pásame la sal, por favor”.
Los recientes acontecimientos no han hecho más que reforzar el concepto del Perú como un país en el que a diario suceden maravillas. La fuga del presidente que después de gobernar al Perú durante 10 años se declara finalmente japonés y la avalancha de vladivideos –otro récord mundial de la corrupción filmada, listo para entrar en el libro Guinness– han confirmado la sospecha: el Perú no es un país serio.
Da pena decir todo esto, sobre todo para una extranjera que ha vivido más de 12 años en este país que siempre la ha tratado con cariño. Pero mejor es confrontar la realidad que refugiarnos en expresiones vacías de buena voluntad.
En teoría por lo menos, estas elecciones marcan un nuevo punto de partida. Mientras escribo estas líneas, la probabilidad mayor es que el próximo presidente sea Alejandro Toledo, quien mereció, el año pasado, un gran apoyo internacional por su posición prodemocracia. Cuando en su lucha tenaz Toledo salió a las calles y tomó las plazas, muchos extranjeros empezaron a verlo con suspicacia, pero en general lo han preferido con su rostro de inca por encima de un traje impecable y una corbata de seda, vestido para visitar a un alto funcionario del Banco Mundial o al presidente de algún país europeo.
Este año también se ha manifestado cierto nerviosismo alrededor de una posible presidencia suya: las versiones que lo tildan de vacilante en política económica han calado y no es ningún secreto que los banqueros internacionales hubieran preferido ver a Lourdes Flores Nano en la silla presidencial. Solamente días antes de la primera vuelta empezaron a tomar más o menos en serio la posibilidad de que Toledo se enfrentara, en segunda vuelta, con el para ellos temido ex presidente Alan García.
Pero los banqueros de inversión no tienen voto, y apenas tienen voz en todo esto. Quienes decidirán quién será el futuro presidente son los peruanos, y la mayoría de ellos son pobres y tienen poca educación. No se puede esperar que, para su futuro gobierno, ellos tengan la misma agenda que los posibles inversionistas.
En esto consiste el gran reto para el gobierno que se está eligiendo. Todos los candidatos han coincidido en la necesidad de atraer inversión para crear puestos de trabajo, para lograr el crecimiento económico que hace tanta falta. La inversión, sin embargo, requiere reglas estables y un sistema jurídico confiable, dos condiciones que el Perú de Fujimori no ha podido ofrecer.
Mayormente, las inversiones que se han realizado durante esta última década han sido a través de privatizaciones y respondiendo a una apuesta de crecimiento que en algún breve momento se produjo para después desaparecer. Siempre habrá aventureros dispuestos a venir al Perú para aprovechar, por ejemplo, una rica veta de mineral y llevársela. Una inversión seria y sostenida, que asegure un empleo decente a muchos peruanos durante los años venideros, requiere condiciones estables y políticos confiables.
Internacionalmente, el Perú está en veremos. Como se diría en Estados Unidos, el jurado todavía está meditando su veredicto. El próximo presidente asume una responsabilidad enorme. Después de 10 años, su gobierno heredará una terca recesión económica, una red de corrupción de un tamaño nunca antes imaginado, un pueblo con necesidades básicas insatisfechas y –a pesar del desaliento y la incertidumbre reinantes– unas expectativas despertadas por la campaña electoral que difícilmente serán satisfechas en el corto plazo.
Como en las tres elecciones generales anteriores que yo he presenciado en el Perú, me vuelve a admirar el coraje que demuestran los candidatos a la presidencia. Se trata de uno de los cargos más difíciles del mundo de hoy, ¿quién en su sano juicio quisiera asumirlo?
La nueva gestión televisiva 2012-11-05 07:15:00
Qué duros golpes ha recibido la televisión en el Perú. Primero, las estatizaciones del gobierno de Juan Velasco; segundo, la corrupción y “compra” de canales durante el gobierno de Alberto Fujimori. “No creo que ninguna industria haya sufrido tanto como la televisión a finales de los noventa”, dice Marcello Cuneo, presidente de Grupo ATV, en referencia a la quiebra de … más...Subsiste la incertidumbre. Parte II 2012-10-24 16:34:00
Publicado originalmente en Debate 112, diciembre 2000 - enero 2001
Lavar la bandera
Por Fernando Rospigliosi
La transición abierta con el desmoronamiento del régimen de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori abre grandes posibilidades para transformar radicalmente las relaciones civil-militares. Sin embargo, no es seguro que eso ocurra. De hecho, en anteriores transiciones no se produjeron modificaciones sustantivas y los gobiernos civiles democráticos se limitaron a realizar cambios superficiales, manteniendo las prerrogativas y la autonomía de las fuerzas armadas. El resultado fue que, al cabo de algunos años, volvían a producirse las irrupciones castrenses en la vida política.
La cuestión es que los políticos civiles nunca le han dado verdadera importancia al tema ni han intentado desarrollar una política militar; han dejado este asunto en manos de los uniformados. Por lo general, la preo-
cupación de los políticos ha estado centrada en dos cosas: evitar que los militares les den un golpe a ellos
–durante su período de gobierno– y tratar de mantener el presupuesto militar dentro de ciertos límites, evitando que crezca demasiado.
Nunca han habido intentos serios ni sistemáticos de discutir la política de defensa, su plasmación en el tipo de fuerzas armadas que se necesitan, en la definición de las amenazas, en el número y la formación de los oficiales, en el tipo de equipamiento. Menos aún en la formación que se imparte en las escuelas militares. ¿Qué político se va a enfrentar con los militares para tratar de modificar la enseñanza en las academias castrenses, cuando eso tendrá resultados recién en 30 años, una vez que los actuales cadetes sean generales?
La reinstitucionalización
El gobierno de transición de Valentín Paniagua ha dado pasos importantes para avanzar en el proceso de institucionalización de las fuerzas armadas. No obstante, parece que no está avanzando con la suficiente rapidez y firmeza que la situación requiere.
Diez años de dominio de Vladimiro Montesinos –es decir, un decenio de corrupción, desprofesionalización y servilismo–, han marcado profundamente a las fuerzas armadas y podía esperarse una cirugía mayor para extirpar ese cáncer. Luego de lo cual se requería un tratamiento prolongado y focalizado.
Sin embargo, después de pasarse al retiro a la promoción Montesinos –que ya había adelantado su salida del servicio activo, con la excepción de Walter Chacón– y a un oficial impresentable como Juan Yanqui, no se han realizado las operaciones requeridas con la velocidad necesaria.
No debería buscarse la excusa de que no es posible o de que hay resistencias. Era perfectamente factible avanzar rápidamente porque la camarilla montesinista en el Ejército estaba muy debilitada, no sólo por el desmoronamiento del aparato del SIN sino por su profundo desprestigio en la sociedad y dentro de la propia institución castrense. Sus integrantes son despreciados y odiados por muchos oficiales no contaminados que han sido marginados y vejados durante los últimos años. Por eso era relativamente sencillo barrerlos rápidamente.
En otras palabras, la situación es completamente diferente de la de 1980, cuando la transición se produjo desde un gobierno institucional de las fuerzas armadas, con los militares imponiendo ciertas condiciones que debieron ser aceptadas por el nuevo gobierno civil. En ese momento funcionaba una estructura militar, los mandos eran reconocidos y respetados por la oficialidad y, aunque podía haber divergencias entre ellos, cerraban filas frente al gobierno civil.
Ahora lo que se ha derrumbado es una dictadura personalizada, que usó a las fuerzas armadas para mantenerse en el poder pero que no contaba con la adhesión de la oficialidad.
Por eso, en la agenda inmediata del gobierno de transición está pendiente todavía la limpieza profunda de los elementos montesinistas, sobre todo en el Ejército, pero también en la Marina y en la Fuerza Aérea. Mientras más tiempo pase, mientras más se demoren en hacerlo, más difícil será extirparlos después.
El segundo asunto urgente es el de la moralización. La corrupción se ha extendido en todas las esferas de la vida pública, pero especialmente en las fuerzas armadas. No es casualidad que gran parte del dinero de las cuentas de Vladimiro Montesinos en Suiza —y de las de su compinche Jimmy Stone¬— provenga de sobornos en la compra de armas.
Según declaró el entonces ministro Carlos Boloña poco antes de renunciar, se gastaron US$ 1,000 millones de la privatización en adquirir material bélico. A fines de 1999, Alberto Fujimori había dicho que el gasto sumaba US$ 1,500 millones. Hay que advertir que se está hablando sólo de dineros de la privatización. Es decir, se ha gastado más en ese rubro, pues parte del presupuesto de Defensa se ha usado también para adquisiciones.
Todos los militares saben quiénes son los principales beneficiarios: Vladimiro Montesinos, Víctor Malca, Nicolás Hermoza, Renzo Rejas y varios más, amén de un grupo de traficantes de armas que ya se puso a buen recaudo. El propio Alberto Fujimori está comprometido en un oscuro alquiler de helicópteros a las Naciones Unidas.
Desde hace cuatro años, Ángel Páez viene publicando en La República documentados informes sobre los negociados en la compra de armas a Bielorrusia. El congresista Ernesto Gamarra ha recordado hace poco una relación de 10 casos denunciados de adquisiciones sospechosas, que murieron, por supuesto, debido al encubrimiento que propiciaba Martha Chávez en el Congreso. Indicios para emprender una investigación y sancionar a los culpables no faltan.
Por eso es indispensable que el gobierno, específicamente el Ministerio de Defensa, informe al país cuánto se gastó realmente en adquisiciones, cuáles fueron las irregularidades, en qué estado están esas armas, quiénes son los principales responsables. Las investigaciones, naturalmente, pueden demorar años. Pero se requiere dar al país una información oportuna. Esto es fundamental y urgente para dar señales claras que el nuevo gobierno actúa con responsabilidad y transparencia, que no protege ni es complaciente con los corruptos, y que se están produciendo cambios importantes.
Los culpables, empezando por los más encumbrados, deberían ser puestos de inmediato a disposición de la justicia ordinaria. Así se demostraría que la insultante presencia en primera fila de los generales Nicolás Hermoza, Víctor Malca y Julio Salazar Monroe en la ceremonia de cambio de mando que se realizó el domingo 26 de noviembre en el Pentagonito no significa que la institución protegerá a los ladrones.
En tercer lugar, junto con la inmediata reposición de los oficiales injustamente apartados de la institución, debería haber un público reconocimiento a aquellos que, en su momento, se pronunciaron contra el control de Montesinos sobre las fuerzas armadas, como los generales Jaime Salinas, Rodolfo Robles y muchos otros.
En otras palabras, Salinas, Robles y otros deberían estar en la primera fila en las ceremonias, y Hermoza, Malca y Salazar rindiendo su instrucción ante un juez antes de pasar a alojarse a una cárcel.
Control civil institucional
Lo anterior se refiere a la agenda más inmediata y al proceso de reinstitucionalización de las fuerzas armadas. Pero aun cuando esto se lograra, hay otro aspecto distinto que no ha sido abordado por el gobierno transitorio y que, a la luz de lo que se ha visto hasta ahora, difícilmente será acometido: el control civil institucional sobre las fuerzas armadas.
Pueden haber fuerzas armadas muy institucionalizadas, pero ajenas al control civil. Para esto último se requiere decisión y voluntad política de parte del próximo gobierno, e interés y participación de la sociedad civil.
El control civil institucional implica un conjunto de tareas que van desde la definición de una política de defensa, incluyendo el tipo de fuerzas armadas que se requieren para el siglo XXI, hasta una supervisión rigurosa del presupuesto militar.
La oportunidad de realizar esta transformación profunda en las relaciones civil-militares está nuevamente planteada. Es de esperar que esta vez no se desperdicie la ocasión. Para ello es indispensable empezar a abrir el debate en ámbitos de la sociedad civil y de la sociedad política, usualmente desinteresados en los asuntos militares.
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