Resistencia a la Autoridad

condena —por delito flagrante— de Silvana Buscaglia ha desatado un vendaval en la relación entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Exagerada o no, existe una ley que pena la violencia y resistencia a la autoridad. Bajo esta tipificación es que Buscaglia fue apresada y juzgada (bajo la Ley de Flagrancia), y desde entonces otros casos se han hecho visibles (Gissel Rosales y Fátima Lozada, entre otros).

Siendo estos casos públicos y en debate en medios y plazas, hemos visto ayer las imágenes de Gonzalo León Delgado, un joven de 19 años que, en estado eufórico, no paraba de agredir e insultar a quien se pusiera por delante. ¿Qué se hace con un caso así? Para muchos, la pena impuesta a Buscaglia era exagerada. ¿Sería exagerada también para León?

Vayamos más allá. Ayer, por redes, circulaba un video de un desalojo en Juanjuí que acabó en un enfrentamiento entre un grupo grande de invasores y un contingente policial. En el video se observa cómo, producto de dicho enfrentamiento, un efectivo policial queda en el arenal convulsionando. Hoy sabemos por informaciones de la zona que el agente se encuentra recuperándose de diversas fracturas. ¿Y en este caso? ¿Actuará la justicia con igual intensidad? Debería: que sean una o cien personas las que rompen la ley, en exacta situación o tipificación, no debe mermar la capacidad de hacer prevalecer la justicia.

Estos casos deberían llamar a muchos actores a la reflexión. Por un lado, a la ciudadanía, a tomar conciencia de las consecuencias cuando se rompe la ley. León, con tan solo 19 años, podría pasar los próximos 8 o 12 años en un penal por sus excesos. Por otro lado, la Policía también debe revisar sus procedimientos: hoy cuentan con un poder discrecional muchísimo mayor, y —por sus propios excesos— son un cuerpo del cual la ciudadanía desconfía. Finalmente, el Legislativo debe revisar la relación entre las penas y los delitos.

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