Que opina usted? Piden que empresarios sentenciados por corrupción no puedan contratar con el Estado - 10/03/2015 12:09:00
El congresista Aldo Bardález (FP), presentó un proyecto de ley que plantea que los empresarios condenados con sentencia firme por delitos de corrupción, queden imposibilitados de realizar contrataciones con el Estado, como una forma de combatir la corrupción y proteger los recursos públicos.Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina usted? El crimen organizado a la captura del poder, por Alfredo Torres (Presidente ejecutivo de Ipsos Perú). - 29/10/2014 12:22:39
" Las últimas elecciones regionales y municipales han evidenciado nuevamente el grave deterioro de nuestro sistema político. La presencia de la corrupción y el crimen organizado es cada vez más notoria. Los organismos electorales y la asociación Transparencia han recomendado urgentes reformas para corregirlo, pero la labor es de largo aliento: Jaime de Althaus sostiene que la gran tarea de los próximos años será la batalla por la institucionalidad, Martín Tanaka afirma que el tema central del 2016 será el desarrollo institucional y político, Carlos Meléndez subraya que lo que el Perú necesita ahora ya no es una reforma política sino un shock institucional.El símil con el shock de 1990 que liquidó la hiperinflación y los paquetes de medidas que ordenaron la economía en los años subsiguientes es atractivo. La diferencia es que la receta para estabilizar y recuperar la economía era conocida. Se requería convicción y un equipo técnico competente para aplicarla. En el campo político, en cambio, no hay recetas universales.
La verdad, como decía Voltaire, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo ideal es un shock de reformas políticas que se aplique al inicio del próximo gobierno, durante su luna de miel con la opinión pública. Sin embargo, existen varias medidas claves para recuperar el sistema político que ya deberían ser aprobadas. El gobierno y los actuales parlamentarios no pueden abdicar de su responsabilidad.
El Congreso ha acertado al aprobar en primera votación la reforma constitucional para prohibir la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, tal como ocurre con la Presidencia de la República. Para algunos es un exceso y no garantiza nada, pero no cabe duda de que es un desincentivo a la corrupción que una autoridad sepa que podrá ser investigada por su sucesor y que le faltará tiempo para construir una red mafiosa como lo hicieron los reelectos César Álvarez en Áncash o Roberto Torres en Chiclayo. En ese campo, también es urgente corregir la ley de revocatoria para evitar su insensata proliferación, frecuentemente impulsada por la corrupción. Quedan pocas semanas para promulgar una ley que permita que el Perú deje de tener el dudoso mérito de ser el país con más procesos de revocatoria en el mundo.
Para combatir la corrupción, también es apremiante prohibir que postulen candidatos que hayan sido sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos graves. Que un ex delincuente haya cumplido su pena no quiere decir que esté arrepentido o completamente rehabilitado. Del mismo modo que un ex convicto no puede ser juez, tampoco debería ser presidente regional, alcalde o congresista. Es indispensable que esta ley se apruebe antes de que se convoquen las elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año.
Pero la mejor barrera para evitar que oportunistas y mafiosos ingresen a la política es el fortalecimiento del sistema de partidos y los organismos electorales. La opinión pública tiene claro el camino: según Ipsos, el 90% está de acuerdo con que las elecciones internas sean organizadas obligatoriamente por la ONPE, el 88% con que el JNE pueda fiscalizar los ingresos de partidos y movimientos y sancionarlos si detecta irregularidades; y el 82% con que se eleven los requisitos para la inscripción de partidos y movimientos de manera que haya menos listas que postulen a una elección.
Cuando las elecciones en los partidos sean organizadas por la ONPE y sus gestiones supervisadas apropiadamente por el JNE, será más fácil que la ciudadanía apoye la entrega de recursos públicos a los partidos y la eliminación del sistema de voto preferencial, tantas veces aprovechado por truhanes de diversa calaña para llegar al Congreso. Lamentablemente, es muy difícil que el actual Parlamento apruebe una reforma de esta naturaleza porque muchos de sus integrantes le deben su elección a este pernicioso mecanismo.
Lo que nos regresa a la idea del shock institucional. Sin embargo, para que este sea viable, se requieren tres condiciones. Primera, que sea el fruto de un compromiso sincero entre los máximos líderes políticos del país. Segunda, que este sea impulsado por un consenso previo en la sociedad civil, que incluya a la comunidad empresarial. Y tercera, que todos entiendan que la reforma electoral no es una panacea, por lo cual no se debería aspirar a solucionar con ella todos los problemas políticos del país. Los objetivos deben ser más sencillos: elevar la calidad de las autoridades elegidas e impedir que avancen el crimen organizado y la corrupción.
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Que opina? El contralor y los 40 auditores - 22/04/2014 4:30:00
"¿Quién tuvo que pararle la mano al presidente regional de Áncash por los desmanes administrativos? Unos le echan la pelota al contralor Fuad Khoury, pero este la traslada al Ministerio Público. ¿Y el gobierno? El caso destapa un gran vacío para combatir la corrupción.Ricardo Uceda Uno de los fenómenos más chocantes de las últimas semanas es el desfase entre la retórica sobre la política de gobierno abierto que, supuestamente, auspicia el Poder Ejecutivo, y los hechos de corrupción que se pusieron en evidencia en Áncash. La impresión resultante es que fracasaron las políticas de prevención y de control. Aunque la gestión del Ministerio Público es la más criticada, la actuación de la Contraloría suscita sinnúmero de interrogantes. Después de seis años de denuncias sistemáticas por irregularidades en las obras públicas ,César Álvarez gobierna, reelección mediante, desde 2007, recién ha trasladado a un equipo de peritos para hacer un examen a fondo. Parte de las contrataciones públicas en Áncash fueron hechas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuyo estatus internacional sustrae a sus operaciones del control nacional. Pero otra parte fue realizada mediante licitaciones y adjudicaciones directas. Se diría que la mayor proporción de denuncias provienen de las operaciones que sí son fiscalizadas por la Contraloría: obras que no se cumplen, dinero mal empleado, ausencia de inspección. Los problemas reportados rebasan la problemática de las licitaciones, que son vigiladas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE. Ahora el contralor Fuad Khoury ha anunciado una "guerra contra la corrupción" en Áncash, adonde ha enviado cuarenta auditores, pero sin haber logrado eliminar la impresión de que este belicismo debió empezar mucho antes. En el momento previo a la muerte de su opositor, Ezequiel Nolasco, el presidente regional se ufanaba de ser el que mejor ejecutaba el gasto público de entre sus colegas. ¿Quién lo avalaba? Nada menos que el MEF, que el 2010, 2012 y 2013 declaró que Áncash estaba en el primer lugar de gasto público responsable. Por el mismo motivo Áncash fue premiado por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Con estos pergaminos Álvarez decía que su gestión trabajaba con eficiencia y responsabilidad, y hay que suponer que mucha gente lo creía. En realidad, Álvarez se había gastado la plata de un canon aún no recibido, lo que lo puso en el tope de los mejores ejecutores del MEF. A mediados del 2013 supo que el canon no alcanzaba, y padeció un problema de liquidez que lo hizo venir a Lima a exigir recursos al gobierno central. Pero el problema de fondo no es el gasto, sino la corrupción en el sector público. En el diseño del Estado Peruano, una institución con poderes y recursos para prevenirla y combatirla es la Contraloría General de la República. Es evidente que su acción no basta y que tiene que actuar de mano con el Ministerio Público y la Policía, que investigan los delitos, y con el Poder Judicial, que los sanciona. Pero es el organismo específicamente comisionado para detectar y denunciar la corrupción dentro del aparato del Estado, con una visión completa de todos los procesos. La pregunta es si está preparada para hacer frente a intrincados procesos donde hay todo un sistema organizado para sacarles la vuelta a las normas. Como en Áncash. Funcionarios públicos entrevistados para esta nota dijeron que la Contraloría, a su juicio, gasta demasiada energía en los detalles. Alguien que ha trabajado dirigiendo una oficina muy importante del gobierno, que diseña política y ordena gastos, explicó: "Me pedían que entregara constancias de asistencia de personas que habían asistido a un taller. También se preocupan de si el mobiliario está en buen estado, de si los términos de referencia de una contratación están bien hechos, o por detalles de procesos de selección menores de cien mil soles. Hay funcionarios procesados por no haber llenado bien formatos de entrega de cargo o por asuntos aún menores. Está bien. ¿Pero por qué no hicieron lo mismo en Áncash?". Hace pocos días, en una entrevista radial, Raúl Molina, quien fuera jefe de asesores del premier César Villanueva, dijo a propósito de lo ocurrido en Áncash que la Contraloría tendría que ser objeto de una reforma. "En vez de hacer un show con sus auditores debió intervenir antes". En descargo de la Contraloría, habría que decir que la presencia de los auditores en Áncash empezó a ser preparada desde septiembre del 2013, cuando era evidente que había demasiados casos por explicar. Para entonces, once adquisiciones y obras públicas estaban bajo un examen especial por supuestas irregularidades. Una de ellas era la compra de 79 ambulancias deficientes. El informe de Contraloría sirvió para que el fiscal Luis Checa ,a quien luego intentaron despedir sus superiores, denunciara al presidente regional ante el Poder Judicial. En Áncash, el jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) es nombrado y pagado por el Contralor, pero no la mayor parte del personal dedicado a esa función. "Era su hombre", dice Molina. Pero, de acuerdo con Fuad Khoury, el problema principal está en que la mayoría de auditores del Estado no está bajo el mando efectivo de la Contraloría, pues quienes les pagan y contratan son las entidades públicas. Aunque hay una ley que dispone que progresivamente la Contraloría irá eligiéndolos cada vez a más con su propio presupuesto, aún no se sabe cuándo terminará el proceso. Hay unos tres mil auditores que son nombrados y remunerados por los titulares de la institución a la que sirven. Es una cifra tres veces mayor a la de auditores que trabajan directamente para la Contraloría. Essalud, por ejemplo, escoge quiénes serán sus supervisores. Los institutos armados también, y las plazas están cubiertas por militares en el retiro. En todo el Estado, incluyendo a sus diversas empresas, el universo del control es inmenso: 174 mil millones de soles de ejecuciones presupuestales, 160 mil procesos de contratación, 29,000 obras públicas. Ante lo cual, solo una minoría de entidades posee Oficina de Control Institucional (OCI). La tienen 751 de un total de 3,367 reparticiones públicas en todo el país. De ellas 492 son conformadas y pagadas por la entidad a la que fiscalizan y 259 por la Contraloría. Un reclamo de Khoury es que solo controla plenamente al ocho por ciento de los controladores, en los sitios donde los hay, que son el 22 por ciento del total. Pero su reclamo mayor es otro: que de 2,752 mil funcionarios públicos denunciados penalmente por la Contraloría desde 2009, hubo 298 sentenciados y solo once recibieron prisión efectiva. ,El verdadero poder para combatir a la corrupción no está en la Contraloría ,dijo Khoury, sino en el Ministerio Público. ¿De qué vale denunciar si hay impunidad? Dejando pendiente el escrutinio a la Contraloría, ¿hay alguna responsabilidad en el gobierno? La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) coordina con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que reúne a organismos públicos y privados, pero su misión es proponer políticas y leyes que en algún momento podrían aprobarse. Demasiado aéreo. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM diseña políticas para hacer un Estado más eficaz y transparente, pero no se encarga de ejecutar políticas anticorrupción. Por otra parte, las leyes le dan al Poder Ejecutivo una capacidad supervisora, fiscalizadora y sancionadora en todo nivel, que no emplea. Por lo menos algunos organismos tipo Poder Judicial, Ministerio Público, SUNAT, Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera podrían coordinar ejecutivamente, con la misión concreta de acabar con grandes focos de corrupción. Pero falta un liderazgo. Tampoco el presidente Humala está interesado en dar el ejemplo, yendo más allá de la ley y mostrando completa su declaración jurada de bienes y rentas. Por su parte, la sociedad civil agrupada en ONG aún no logra que se cumpla verdaderamente con la ley de acceso a la información pública creando un mecanismo de cumplimiento. Esta ausencia esteriliza a la ley. Lo que está funcionando es el periodismo de todas las tendencias. Las denuncias importantes en los últimos años han venido de la prensa. Ninguna de los organismos estatales de fiscalización.
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