Congreso censuró a Ana Jara por reglajes masivos 2015-03-31 12:19:33
El presidente Ollanta Humala tiene 72 horas para elegir a un nuevo premier. Ana Jara fue censurada por el Congreso al encontrarla responsable política de los "reglajes masivos" a políticos, empresarios y periodistas. El gabinete está obligado a poner su cargo a disposición. La votación fue 72 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones. "Si se trata de disculpas, Ana Jara ofrecerá disculpas", aseguró el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. La posibilidad se barajaba en el ala izquierda de Palacio de Gobierno. Era el pedido de la oposición para no tomar la drástica decisión. Sin embargo no se hizo, hasta ese momento los votos los favorecían. "La soberbia les ganó", aseguró Héctor Becerril. La oposición empezó con solo 52 votos la censura. El reiterado argumento del oficialismo que no era un delito acopiar información de los opositores por ser esta de dominio público, e insistir en su legalidad alegando que otros gobiernos también lo hicieron, determinó que fueran perdiendo uno a uno los votos y que estos se sumaran a la oposición. A Josué Gutiérrez, vocero del nacionalismo, no le quedó otra salida que señalar: "Esto un acto infame y abusivo" que quedará en sus conciencias. La suerte del nacionalismo quedó marcada cuando el vocero de Dignidad y Democracia, Juan Pari, anunció que su bancada, conformada por ocho congresistas, todos ex integrantes de la bancada oficialista de Gana Perú, respaldaría la censura. En el centro del hemiciclo, Humberto Lay reveló un punto que desbarata el argumento de Ana Jara. Si bien es cierto que la información acopiada es pública. "¿Qué peligro para la seguridad nacional representa el presidente de la Comisión de Ética y la asesora de este grupo de trabajo?" En efecto, se habían convertido en un objetivo para saber que se le encontraba a los dos personajes claves en las investigaciones a muchos parlamentarios nacionalistas como Cenaida Uribe, Omar Chehade, Víctor Isla, Celia Anicama, entre otros. Lay (Unión Regional) responsabilizó de esta situación de crisis a la que se hace llamar "pareja presidencial". Otra censura Si el próximo jefe del gabinete no logra el voto de confianza, se asume como censurado, con lo que el presidente está habilitado constitucionalmente para disolver el Congreso y convocar inmediatamente elecciones parlamentarias. LA RAZÓNDINI rastreó a Politicos y empresarios 2015-03-20 15:23:04
La Dirección Nacional de Inteligencia elaboró expedientes, en los que se detalle los inmuebles, vehículos y empresas que están a nombre de políticos (incluso de los oficialistas), militares, policías, empresarios y periodistas. Según reveló la revista "Correo Semanal", el agente que armó estos 'files' es Rosendo Francisco Chávez Rojas (69).
Chávez Rojas es un suboficial técnico superior del Ejército en retiro y trabaja desde hace varios años en la Dirección de Contrainteligencia de la DINI.
Las búsquedas comenzaron en la última etapa del segundo gobierno de Alan García, cuando el general PNP en retiro Danilo Guevara era el jefe de DINI. Sin embargo, fue a partir de agosto del 2011, tras el ingreso de Ollanta Humala a Palacio de Gobierno, los rastreos se hicieron frecuentes y alcanzaron a miles de personas.
La DINI no solamente se enfocó en políticos de la oposición, sino, como ocurrió en el caso de la vicepresidenta Marisol Espinoza, también puso en la mira a la actual primera ministra, Ana Jara. Sus propiedades en Ica fueron rastreadas el 28 de octubre del 2011. Igual suerte corrieron los actuales ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
Asimismo, el agente Chávez realizó búsquedas de las propiedades de los empresarios Dionisio Romero (Grupo Romero), Eduardo Hochschild (Grupo Hochschild), del desaparecido Mario Brescia Cafferata (Grupo Brescia) y Carlos Rodríguez-Pastor Persivale (Grupo Intercorp).
La DINI también elaboró expedientes de Rodrigo Arosemena (Porter Novelli Perú) José Graña Miró Quesada (Grupo Graña) y Luis Agois Banchero (Grupo Epensa).
Fuente: El Comercio
LOS FILES DE LA DINI 2015-03-19 13:02:02
Uno puede entender que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda tener un convenio con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para obtener información (pública, por cierto) respecto de los bienes y empresas que puedan tener personas que representan una amenaza para la defensa nacional y la seguridad ciudadana en el país. Hasta allí, todo bien.
Lo que uno no puede comprender es que una entidad estatal use de pretexto dicho convenio para levantar información de políticos, empresarios y periodistas.
Hace poco más de un mes, Exitosa Diario ya había alertado sobre búsquedas registrales hechas desde la DINI para armar files sobre congresistas. Aquí la parte pertinente de la nota sobre cómo se descubrió este asunto:
Los documentos que demuestran estas "rascadas" provienen de la misma Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), tras un pedido oficial de información que realizara el congresista Víctor Andrés García Belaunde sobre las búsquedas y los usuarios que lo rastreaban en registros públicos. Esto dentro del marco de la persecución, denuncias y amedrentamientos contra él y su familia, por parte de la red de Rodolfo Orellana.
La sorpresa fue grande al ver que el informe remitido por la Sunarp especificaba que había sido rastreado desde una cuenta de la DINI. Se trata de la cuenta DINAINT02 que, según el mismo informe, estaba asociada al usuario Rosendo Francisco Chávez Rojas con el e-mail dini@dini.gop. pe. La cuenta era parte del "Convenio Sunarp – Dirección Nacional de Inteligencia" por el cual la DINI tiene acceso irrestricto para realizar búsquedas de bienes inmuebles, personas jurídicas, entre otros detalles.
¿Y quiénes fueron rastreados desde la cuenta DINAINT según los registros de la Sunarp? Además de Víctor Andrés García Belaunde aparecen los congresistas: Mesías Guevara Amasifuén, Juan Carlos Eguren, Neuenschwander, Marco Tulio Falconí Picardo, Norman Lewis Alcázar, Víctor Crisólogo Espejo, María López Córdova y Cecilia Chacón De Vetorri.
Con la DINI “en reestructuración” y bajo investigación parlamentaria, Correo Semanal pudo acceder a la base de datos de búsquedas hechas por la DINI, a través de Chávez Rojas. Y de lo presentado por la revista se concluye que:
1. La práctica de rastrear las propiedades de políticos comenzó en el gobierno de Alan García. Dos de los indagados durante dicho periodo fueron el hoy congresista oficialista César Yrupailla Montes y el expresidente Alejandro Toledo, en plena campaña electoral. ¿Para qué?
2. El tema se vuelve más recurrente una vez iniciado el gobierno de Humala. Por lo menos cinco ministros actuales fueron rastreados en temas de propiedades: Jara, Segura, Von Hesse, Cateriano y Pérez Guadalupe. El caso del ministro de Defensa resulta interesante por el timing: la búsqueda se hizo a los pocos días de ocupar dicha cartera. Sumemos a ellos a los congresistas arriba mencionados.
3. No solo políticos, también aparecen las principales cabezas de los grupos empresariales del país entre los registrados en las búsquedas. En la lista se encuentran Dionisio Romero, Carlos Rodríguez Pastor (grupo Interbank), Eduardo Hochschild, José Graña Miró Quesada (propietario de Graña y Montero y exmiembro del directorio de El Comercio), Luis Agois Banchero (EPENSA). También se encuentra Rodrigo Arosemena, presidente de una conocida empresa de asesoría de imagen y visitante de Palacio de Gobierno.
4. ¿Qué hacían periodistas en la lista de indagados? Medio gremio fue buscado por la DINI en la web de Registros Públicos. De acuerdo a lo presentado por Correo y las búsquedas en la lista publicada hoy por dicho diario que hemos hecho, se hicieron investigaciones sobre las propiedades de Augusto Álvarez Rodrich, Rosa María Palacios, César Hildebrandt, Fernando Rospigliosi, Juan Paredes Castro, Juan Carlos Tafur, Fritz Du Bois, Pedro Tenorio, Aldo Mariátegui, Gustavo Gorriti, Marco Zileri, Jaime de Althaus, Miguel Ramírez, Raúl Vargas, Ángel Páez, Edmundo Cruz, entre otros. Vista la lista, ninguno de los arriba anotados es precisamente cercano al gobierno de turno, por el contrario, son críticos al régimen, como corresponde a todo periodista que se precie de serlo.
El asunto resulta realmente escandaloso. Como decíamos al inicio, se puede entender que, dentro de las labores de inteligencia, se pueda rastrear las propiedades de personas involucradas en crímenes. Pero no se puede explicar que un servicio de inteligencia durante dos gobiernos democráticos anden indagando los vaivenes inmobiliarios y empresariales de políticos, directores de empresas y periodistas. Mejor formulada la interrogante: ¿para qué servían esos files?
Y la pregunta resulta pertinente porque, tanto en este gobierno como en el anterior, han circulado files contra periodistas y funcionarios. Recuerden la denuncia de Augusto Álvarez Rodrich sobre estas prácticas en 2007 o, más recientemente, lo que Correo Semanal puso al descubierto sobre un expediente contra Jara y algunas contrataciones en PCM.
Es momento que estas prácticas paren, de una buena vez. A ver si la reestructuración de la DINI sirve para ello. Aunque tengo mis dudas sobre si este o el siguiente gobierno va a emprender esta reforma o tener más controles democráticos para una tarea que, aunque importante para la seguridad nacional, requiere tener determinados candados institucionales para evitar su distorsión.
EL OTRO CASO QUE COMPLICA A DANIEL URRESTI 2015-02-27 11:53:50
Luego de su aparatosa presentación como militante (¿y candidato?) del Partido Nacionalista Peruano, hoy Daniel Urresti recibió un baldazo de agua fría en sus aspiraciones políticas. Según Ideele Radio, Urresti ha sido acusado por el fiscal Luis Landa como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1988 en Erapata (Huanta, Ayacucho), en el contexto del conflicto armado interno que vivió el país. Se solicita 25 años de prisión y 500 000 nuevos soles de reparación civil.
Bustíos fue ultimado por una patrulla del Ejército. Su cuerpo luego fue dinamitado. Urresti ha reconocido haber servido en la base militar de Castropampa - lugar del que salió la patrulla - como oficial de inteligencia, pero ha negado su participación en estos hechos. El Ministerio Público ha calificado este caso como un crimen de lesa humanidad.
Más allá de la valoración de la opinión pública sobre los procesados por violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que la acusación deja en mal pie a Urresti. De un lado, porque se trata de un crimen serio y un caso emblemático de vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado (de hecho, el Poder Judicial ya condenó a dos de los involucrados). De otro lado, porque el estatuto del Partido Nacionalista Peruano impide postular a cargos públicos a quienes tienen procesos judiciales abiertos. Gracias a Rodrigo Cruz, periodista de El Comercio, tenemos aquí el pasaje exacto de dicho documento:
Pero este no es el único caso en el que Urresti deberá aclarar su participación. Una completa investigación del periodista Christopher Acosta, para la revista Poder, pone al descubierto un caso vinculado a la sanidad policial que deja mal parado al exministro del Interior.
Aquí las claves más importantes.
1. LA EXTRAÑA SOLUCIÓN AL DESABASTECIMIENTO DE MEDICINAS EN LA SANIDAD POLICIAL
Todos quienes tenemos familiares cercanos en la Policía Nacional del Perú sabemos que uno de los principales horrores que los pacientes tienen que padecer es el desabastecimiento de medicinas, situación que tiene más de veinte años sin solución.
Desde 2009, se tiene un parche, llamado Sistema de Reembolso Inmediato, que partía de la siguiente premisa: los pacientes podían comprar las medicinas en cualquier farmacia, para luego, comprobante en mano, ser reembolsados.
Pero rápidamente la “solución” se distorsionó: el parche se convirtió en regla y la única beneficiaria del SIRI era una empresa: Baxley Group. Pequeño gran detalle: el monopolio se entregó sin concurso público y sin contrato de por medio. Así, esta empresa, con el nombre comercial de “Boticas + Ahorro”, entre 2009 y 2014, ha ganado cerca de 32 millones de soles únicamente por este concepto. Como indica Acosta, no hay ningún documento que formalice la relación oficial entre la compañía y el Fondo de Salud Policial (antes Fospoli, hoy SaludPol).
La relación se inició cuando el presidente de Fospoli era el hoy retirado general Raúl Salazar Salazar, quien años más tarde fuera director general de la Policía Nacional del Perú, en una controvertida gestión. Salazar no quiso declarar a Poder para el mencionado informe.
Además de la inexistencia de documentación que justifique esta relación comercial, Acosta señala dos cuestionamientos más: casos de falsificación de firmas en algunos de los vouchers entregados por Baxley Group para justificar los reembolsos que SaludPol debe dar a esta empresa y precios más elevados que otras farmacias del mercado en los medicamentos que suministran a la familia policial.
2. UN CONSORCIO FARMACÉUTICO CASERITO DE LOS MEDIOS
Según indica Acosta, Droguería Laboratorio Baxley Group es parte de un consorcio de capitales indios y peruanos que comprende a las empresas Merrock y Eske Corporation, siendo esta última la más conocida del gremio.
El periodista señala que las famosas “Boticas del Pueblo”, implementadas durante la campaña presidencial aprista 2006, no son otra cosa que el otro nombre comercial de las farmacias de Baxley. Este proyecto que implicaba la venta de medicinas genéricas a bajo costo, fue diseñado por Hugo Diaz Lozano, militante del partido de la estrella y asesor de la empresa hasta hace poco. Curiosamente, la relación comercial investigada se inició en el segundo gobierno de Alan García.
Pero no es la primera vez que este consorcio farmacéutico ocupa un espacio en medios de comunicación. En la reciente campaña electoral municipal, una investigación del portal Ojo Público reportó la siguiente revelación sobre el entonces candidato a la alcaldía de Lima Salvador Heresi:
El candidato a la alcaldía de Lima fue investigado por recibir 37.500 dólares de un directivo de un grupo farmacéutico entre el 2010 y 2011. Heresi dijo que los pagos fueron por asesorías, pero nunca especificó los servicios. Dos años después, la empresa fue beneficiada por la Municipalidad de San Miguel.
¿Cual era el grupo farmacéutico? Eske Corporation. Y cual era el beneficio. Citamos el informe de Fabiola Torres:
El último episodio de esta relación salió a la luz el 4 de diciembre del 2013. Esa mañana el alcalde de San Miguel inauguró un centro de hemodiálisis municipal en un edificio de la avenida La Paz que presentó como un ejemplo de asociación público-privada, con apoyo de dos ONG: The Wheelchair Project Perú y Manos Fuertes (esta no figura en ningún documento de este caso). El problema es que tal asociación nunca existió formalmente. En realidad, lo que el alcalde inauguró fue un centro de salud privado en un local municipal. El negocio pertenecía nada menos que a la empresa vinculada a Rajan Bandekar, Eske Corporation.
¿Notan algún parecido?
Pero no es el único cuestionamiento que tiene la empresa. Otro informe elaborado por Torres, esta vez para El Comercio, indicaba en noviembre de 2013 que:
Eske Corporation es la empresa que originó la suspensión del programa contra la anemia infantil el 2011, lo que perjudicó a más de 600 mil niños menores de tres años del país y también a madres gestantes.
Esto porque la compañía solo entregó al Pronaa 15 millones de unidades del suplemento vitamínico de un total de 45 millones comprados, pese a que se trató de una situación de urgente necesidad que la exoneró de concurso público el 2010. Además, el único lote abastecido a tiempo por Eske Corporation no respetó las características de empaque del producto indicadas en el contrato.
El problema lo conoce de cerca Paola Bustamante Suárez, actual viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ex directora ejecutiva del Pronaa en ese período (ahora es la titular del MIDIS, nota de DTP), quien rescindió en forma parcial el contrato con Eske Corporation. Sin embargo, la empresa llevó a un arbitraje al programa para obligarlo a recibir los lotes faltantes del producto fuera de plazo y en condiciones inadecuadas.
El proceso acabó recién el 2 de febrero del 2012 y el Pronaa fue obligado a recibir los 30 millones de sobres de suplementos vitamínicos faltantes (dos años después de la compra), cuando ya no se encontraban en óptimas condiciones para el consumo de los niños.
El laudo arbitral solo declaró infundadas las pretensiones de la compañía de una indemnización de más de un millón de soles del Estado y pagos de otros gastos administrativos.
Un mes después, el Pronaa empezó a distribuir el producto a las regiones, pero el Ministerio de Salud ordenó la inmovilización de todos los lotes vendidos por Eske Corporation porque detectó que estaban llegando en mal estado a los beneficiarios.
Se presentaron 20 casos de intoxicaciones de niños y el Pronaa interrumpió nuevamente la distribución de los nutrientes.
Y no era el único problema de la empresa hermana de Baxley Group
Este no es el único antecedente de Eske Corporation para tomar en cuenta. El 14 de marzo pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilitó a la empresa para participar en licitaciones públicas por un año debido a que nunca entregó los lotes de un medicamento (heparina sódica) comprado por el Gobierno Regional de La Libertad. Esto perjudicó a los pacientes del Hospital de Belén de Trujillo en el 2009.
La empresa perdió un primer arbitraje contra el gobierno regional, pero inició un segundo proceso. Hasta que se resuelva esta última demanda, el tribunal suspendió su sanción en abril pasado. Solo así pudo participar en la licitación del Ministerio de Salud.
3. LO QUE OCURRIÓ EN LA GESTIÓN URRESTI
Volvamos al caso. Según Acosta, durante la gestión del exministro Walter Albán, se tomaron varias decisiones. Se nombró como presidente del directorio de SaludPol a David Tejada Pardo, padre del congresista Sergio Tejada, y como gerente al médico José Paredes Cabel. La breve gestión de Paredes, según la nota, tenía tres signos claros: ninguna reunión con proveedores, reactivación de contratos existentes para disminuir el desabastecimiento de medicinas y la decisión de acabar con la relación con Baxley Group.
Esta última decisión, tomada ya en la gestión Urresti, debió ser revertida dado que los pacientes eran recetados por los médicos de la sanidad policial con medicamentos que solo podían conseguir en “Boticas + Servicios”. Paredes presentó su renuncia.
En esa línea, la salida de Tejada Pardo, de acuerdo con el informe, se explica menos por el alejamiento de su hijo de las filas oficialistas y más por una decisión: dado que no podían cortar inmediatamente con Baxley Group, era momento de acabar con el monopolio de la empresa. Urresti lo sacó y nombró como nuevo presidente de SaludPol a un miembro del directorio favorable a continuar con el trato.
4. UNA REUNION A ACLARAR
Finalmente, según Acosta, en octubre de 2014 se produjo una reunión en el despacho de Urresti. Allí Baxley Group - Eske Corporation presentaba al directorio de SaludPol, a un viceministro y a dos de los asesores del entonces titular del Interior una fórmula de operador logístico. La reunión fue reconocida por el actual presidente de SaludPol. Semanas después, Urresti anunciaba a la prensa la necesidad de tener un “sistema de tercerización de medicamentos”.
La pregunta es si Urresti le echará la culpa a las ong’s por esta reunión y por las decisiones tomadas en su gestión. O si, por primera vez, responderá algo que no sea invocar al “señor del Ego”. Y claro está, el ministro Pérez Guadalupe deberá decirnos que hará con esta situación en la sanidad policial.
(Foto de Urresti: Partido Nacionalista Peruano. Foto de reportaje: Revista Poder)
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