Delito y Corrupción Perú y el Mundo: Juez desestima imputaciÃ³n contra Cristina FernÃ¡ndez por encubrimiento y

Juez desestima imputación contra Cristina Fernández por encubrimiento 2015-02-27 01:50:24

El juez federal Daniel Rafecas desestimó este jueves la imputación del fiscal Gerardo Pollicita para impulsar la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, y otros dirigentes, por una "confabulación criminal" para encubrir a ciudadanos iraníes presuntamente implicados el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, a cambio de un acuerdo comercial con Irán, y sostuvo: "no existen condiciones mínimas para el inicio de una investigación".

El juez Rafecas designado por la justicia y que no puede ser objetado como "cercano" al Poder Ejecutivo afirma en su fallo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal a partir de lo presentado por el fiscal (Nisman)" en su denuncia del 14 de enero, cuatro días antes de su muerte, y "ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenidas por el fiscal Pollicita en su requerimiento actual, se sostienen mínimamente".

"En el marco del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013, la Comisión de la Verdad nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya dos años. Y luego, fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional… Con este panorama, ensayar aun así una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos, como especialmente, desde el derecho", agrega el magistrado.

Sobre las presuntas evidencias contra Fernández de Kirchner, Rafecas indica que concluyó que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida".

"La situación es igualmente alarmante, en cuanto a la ausencia de elementos de prueba que respalden la grave imputación que aquí se ha formulado", refiere y expone: "si la grave acusación del doctor Nisman fuera cierta, habría que admitir que una figura política, que actualmente reviste la presidencia, que a lo largo de 20 años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda en proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado, conciba dar un giro en sus convicciones de 180 grados, e instruya a sus subordinados, a traicionar a esos valores, a su país, y especialmente a las víctimas que siguen esperando por verdad y justicia".

El dictamen de Rafecas está basado en argumentos considerados "inobjetables" por importantes juristas locales desmenuzando cada uno de los temas.

En una parte de su dictamen interroga: "¿cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso- a prófugos de la justicia argentina?" y señala que el mismo Nisman sostiene que Irán "abandonó todo interés en el asunto tras el comunicado oficial de Interpol un mes y medio después, el 15 de marzo de 2013", en el que se ratificó la vigencia de las alertas rojas de Interpol para detener a los iraníes sospechosos.

Rafecas consigna que de la documentación presentada se desprende que el gobierno argentino no sólo no actuó en función de conseguir un levantamiento de los pedidos de captura internacional para los ciudadanos iraníes acusados sino que hizo todo lo contrario y que esa posición se mantiene inamovible desde 2007.

En cuanto a las escuchas telefónicas presentadas como pruebas, Rafecas plantea que las personas citadas y escuchadas no integran organismos públicos, "lo que vuelve difícil la conexión con las máximas autoridades del Estado, y además, que lo que surge de esas grabaciones es, en el mejor de los casos, la preparación de un delito –que no es punible penalmente".

En suma señala "podemos afirmar que, a partir de todas las evidencias reunidas en este expediente a la fecha… llego a la conclusión de que no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado".

En los mismos términos se refiere el juez a la denuncia contra el canciller Héctor Timerman, y el diputado Andrés Larroque.

El juez Rafecas confirma que el 23 de febrero pasado recibió un oficio, remitido por las actuales autoridades a cargo de la Unidad Especial de la AMIA en documentación anexa, que eran escritos firmados por el fiscal Nisman ante por lo menos cinco secretarios letrados de la AMIA, en los que pretendía solicitar al Poder Ejecutivo que, requiriera al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que active los mecanismos compulsivos y que conmine a Irán a que detenga con fines de extradición de los ciudadanos acusados por el atentado.

Como el marco dispuesto por el Memorando de Entendimiento contrariaba de alguna manera esta idea de forzar a Irán, Nisman había confeccionado dos documentos, ambos firmados en diciembre de 2014.

"El primero de ellos, estaba pensado para el caso en que la República Islámica de Irán ratificara el citado memorando. El segundo, para el supuesto en que ello no ocurriera".

Rafecas asevera con sorpresa en su dictamen que en estos documentos, elaborados en la misma época en que se estaba armando la denuncia contra Fernández de Kirchner y otros funcionarios, "no sólo no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que, a lo largo de sus páginas, presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad". Estos dos documentos firmados en diciembre por el fiscal Nisman dicen todo lo contrario a lo que el mismo fiscal afirma en su denuncia, presentada 15 días después.

Por otra parte, Fernández de Kirchner tomó juramento al nuevo jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en remplazo de Jorge Capitanich; al diputado Eduardo “Wado” de Pedro como secretario de la Presidencia y al ministro de Salud, Daniel Gollan, en remplazo de Jorge Manzur. Capitanich regresa a su cargo de gobernador en la provincia de Chaco y Manzur a Tucumán.

Gollan es un médico con largo recorrido en la salud pública. Fue un detenido político durante la última dictadura militar y debió exiliarse a Alemania. De Pedro, de 38 años, es abogado e hijo de desaparecidos y miembro del grupo juvenil oficialista La Cámpora desde su militancia en HIJOS.

2015-02-25 18:02:00

Swiss LeaksDos escándalos se encuentranMientras los fiscales suizos allanaban la sede del HSBC en Ginebra al inicio de una investigación por lavado agravado de dinero, en Brasil las autoridades que investigan el megaescándalo de corrupción de Petrobras –el 'Petrolao'– se enteraban que varios de los ejecutivos de las principales compañías constructoras acusadas por multimillonarios sobornos, mantenían cuentas en el HSBC… y una activa presencia en el Perú. Izquierda: Fiscal Yves Bertossa, quien lideró el allanamiento a oficinas del HSBC. Derecha: Pedro Barusco, ex gerente de Petrobras.
Por Luisa García y Gerardo Cárdenas.-IDLLos remezones por el caso de los Swiss Leaks continúan con un impacto de réplica sísmica, sin dar señales de disminuir. Ayer, las autoridades suizas allanaron la sede del HSBC en Ginebra, tras comunicar el inicio de una investigación penal contra el banco por lavado agravado de dinero. La incursión fue dirigida por los fiscales Olivier Jornot e Yves Bertossa, acompañados no solo por fiscales y policías sino también por analistas financieros.La investigación periodística global, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y por el periódico francés Le Monde encontró que el HSBC ayudó a buena parte de sus clientes –entre ellos traficantes de armas y de diamantes 'de sangre'– a esconder su dinero de las autoridades fiscales.Similar conclusión habían alcanzado ya las autoridades de impuestos de varias naciones, abanderadas por la francesa, que recibieron de esta la información del exfuncionario del HSBC Hervé Falciani, convertido en fugitivo de Suiza y denunciante en Francia, luego de sustraer una inmensa cantidad de datos bancarios que documentaron las transgresiones del HSBC y las evasiones de sus clientes.La avalancha investigativa comprendió el esfuerzo de verificación y la investigación independiente de periodistas de 45 países, miembros del ICIJ.

Una de esas naciones – que cuenta, por cierto, con un vibrante periodismo de investigación–, es Brasil, donde paralelamente el caso 'Petrolao', el mayor escándalo de corrupción de su historia reciente, no cesa de dar sorpresas y añadir a miembros prominentes de sus élites política y corporativa, a la lista de los investigados por coimas, robos y sobornos de una escala gigantesca, hasta para Brasil.Ahora resulta que varias de esas personas, sobre todo líderes corporativos, figuran como clientes de la notoria sucursal suiza del HSBC.La mega corrupción del caso "Petrolao' involucra tanto a Petrobras, la petrolera estatal brasileña, como a las principales firmas constructoras y contratistas de ese país, como Queiroz Galvao, Galvao Engenharia, Odebrecht, Camargo Correa, OAS y Tomé Engenharia, entre otras. Varios de sus principales ejecutivos han sido arrestados. Otros se han convertido en colaboradores eficaces (es decir, en delatores bajo acuerdo con la fiscalía); y varios buscan ya acuerdos, que significarán entregar la información pedida, devolver dinero robado y, quizá, pagar sus delitos con multas y prisión negociadas.Si la investigación en Brasil se lleva a cabo con la energía con que se realizó la del HSBC, ( y hasta ahora es muy intensa y eficaz) la avalancha informativa que emergerá será sin duda mayor a la que vino de Europa y podrá servir no solo para retratar en íntimo detalle la corrupción brasileña sino la de virtualmente toda Latinoamérica. Y dentro de ella, muy especialmente, la del Perú.El reconocido periodista brasileño Fernando Rodrigues reportó, hace unos días, en su blog, la existencia de cuentas en el HSBC de varios personajes vinculados al caso 'Petrolao'.Para empezar, se encontró una cuenta relacionada con Pedro Barusco, el ex gerente de Petrobras que recibía parte de las coimas y que confesó haber iniciado esa práctica sistemática hace 20 años, en 1995, así como el uso de trece compañías offshore para esconder las "propinas" (coimas en portugués). Barusco es ahora colaborador eficaz de las autoridades federales brasileñas.Además se encontraron cuentas ligadas a ejecutivos de las firmas Queiroz Galvao y Galvao Engenharia, también involucradas en grandes casos de sobornos. Dos de esos ejecutivos se encuentran imputados en el caso Petrolao. Ellos son Eduardo de Queiroz Galvão y Dario de Queiroz Galvão Filho.Tanto Petrobras como Queiroz Galvao han tenido y tienen una presencia importante en el Perú, como veremos a continuación.Ranking de proveedores y elección de abogadosEntre el 2006 y el 2011, durante el segundo gobierno de Alan García, Petrobras ocupó dos veces el primer lugar en el ranking anual de proveedores del Estado. La primera vez, el 2006, le fue adjudicado un monto de más de 3, 900 millones de soles por el suministro de petróleo crudo para la Refinería de Talara durante tres años consecutivos.El año 2010, el monto adjudicado fue de 11, 436 millones de soles, por diferentes suministros de petróleo crudo también para dicha refinería. En uno de los casos, por un periodo de siete años, según información del OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado).

En esos años, Petrobras fue patrocinada por el estudio Nava & Huesa Abogados, fundado por y vinculado con Luis Nava Guibert, entonces secretario general de la Presidencia de la República y luego ministro de Estado durante el último periodo aprista (Ver reportaje 'La sombra del secretario'). Según declaró el estudio a la Sunat, Petrobras le pagó 64 mil 109 soles entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011.

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