El TC y los Dinileaks y Defienden ley de Delitos Informáticos

Que opina? El TC y los Dinileaks - 25/03/2015 4:30:00

"La semana pasada, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que podría atentar contra el periodismo independiente. Específicamente, el periodismo de datos. Sin ir muy lejos, esa sentencia podría convertir en ilegal la publicación que hicimos ayer en este diario: la de las bases de datos del rastrillaje de la DINI usando la SUNARP. ¿Qué pasó? Nuevamente entra a tallar la infame Ley de Datos Personales, aprobada entre gallos y medianoche en el último día del gobierno aprista. Bajo la fachada de la protección de los datos personales, esta es una ley usada por diversas instancias para justificar los más diversos atentados contra la transparencia y el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esta vez, el TC resolvió una demanda de Hábeas Data del 2008 contra Equifax Perú (cuyo nombre comercial todos conocemos como Infocorp). El TC le dio la razón a Infocorp pero con una salvedad: interpretando la Ley de Protección de Datos Personales, estableció que la información personal (dirección, RUC, teléfonos, etc.) contenida en las bases de datos estatales de acceso público no puede ser reutilizada sin la previa autorización de sus titulares. En pocas palabras, casi todos los proyectos de periodismo de datos han sido declarados ilegales. Sin ir muy lejos, el buscador de DINILEAKS, lanzado ayer por nosotros en este diario, transgrede esta interpretación de la ley. También es ilegal "Manolo", el buscador de registros de visitantes a entidades públicas, una creación del hacker Aniversario Perú que ha sido clave para desentrañar los alcances del caso Martín Belaunde. También sería ilegal "Verita" (otra creación de Aniversario Perú para Utero.Pe, esta vez en alianza con Transparencia) que es el aclamado buscador de antecedentes de todos los candidatos de las elecciones del año pasado, y que nos permitió descubrir narcotraficantes, terroristas y violadores entre los postulantes. Tendríamos que haberles pedido permiso, primero, a los más de 11 mil candidatos. Acudimos al abogado experto en temas digitales Miguel Morachimo, de la ONG Hiperderecho, y resultó genuinamente sorprendido: "Proteger la privacidad de los datos personales es un objetivo valioso pero, bajo esta regla, no se protege la privacidad sino que se controla su difusión". Ojo, los datos pueden seguir siendo almacenados y publicados por el Estado y solo se excluye a terceros (por ejemplo, periodistas o hackers cívicos) de usarla o republicarla. "Si al Tribunal Constitucional o al Ministerio de Justicia le preocupa la forma en la que la accesibilidad de ciertas bases de datos estatales afecta la privacidad deberían de empezar por discutir la legalidad de la publicación originaria", desafía Morachimo. En realidad, el valor que debería prevalecer es el de la transparencia, un objetivo que puede ser alcanzado si el Estado facilita el acceso a los privados, "quienes están en mucha mejor posición que el Estado para desarrollar bases de datos comprensivas y fáciles de usar", explica el abogado. Esto, en la práctica, resucita los peores aspectos de la Ley de Delitos Informáticos, acápites que fueron eliminados después de grandes protestas en la red. Lo que ha decidido el TC debería encender las alarmas, otra vez.
Opinión
Ya lo pasado, pasado
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Noticia, Defienden ley de Delitos Informáticos - 24/10/2013 21:50:56

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La alta dirección del Ministerio de Justicia, indicó que la ley de Delitos Informáticos sancionará el acoso a menores a través de medios virtuales así como la interceptación de las comunicaciones, pero no afecta la libertad de prensa.


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Interesante, Derecho penal no está preparado para sancionar delitos cibernéticos, advierten - 27/05/2013 20:26:00

El derecho penal peruano no está preparado para sancionar debidamente los delitos informáticos por lo que es necesaria realizar las modificaciones pertinentes, coincidieron especialistas penales en la conferencia Estrategias Internacionales sobre la Lucha contra la Ciberdelincuencia, organizada por el Ministerio de Justicia.
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