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Phoolan Devi tuvo una una juventud marcada por la violencia, incluso se le acusa de varios asesinatos pero luego ingresó a la política con éxito.
Por Rocío Silva Santisteban
El escándalo de la foto trucha de Antonio Coasaca, agricultor del Valle de Tambo, con un "miguelito" obligado a portar en la mano por un miembro de la Policía Nacional del Perú (cuyo gafete decía Filosofexxx) para la foto incriminatoria de rigor, trae nuevamente a colación el debate sobre los famosos convenios secretos entre la PNP y las empresas extractivas. ¿Por qué, si la acción de ese policía era un delito y los convenios son totalmente legales? Pues porque plantea un tema simple pero importantísimo para la democracia peruana: ¿debe la policía trabajar para los privados recibiendo un sueldo?
La historia comienza en la época de Fujimori, pero se perfecciona con Mercedes Cabanillas en el Ministerio del Interior, y tiene como fondo la antidemocrática idea de que este Estado precario solvente a su policía alquilándola a las empresas. La idea no parecería tan descabellada si pensamos en aquel policía solitario que cuida la puerta del banco, de la universidad, de una construcción y se gana alguito con este "convenio por servicios extraordinarios complementarios". Pero cobra otro tipo de tono cuando imaginamos a un contingente de la DINOES, con entrenamiento de élite, solventado por una empresa como Yanacocha, Shahuindo, Xtrata o Gold Fields, con la misión de "intervenir en situaciones especiales cuando la asociación política social haga previsible que podrían afectarse la integridad física de los trabajadores o contratistas de la empresa".
En realidad, la PNP no debería de recibir un solo centavo más por hacer su trabajo, pero sus oficiales reciben, según este convenio, 38 soles diarios y los suboficiales 24 soles diarios, ademas de rancho, movilidad y habitación. ¿Por qué estaría mal que una empresa solvente estos gastos? Porque la PNP es del pueblo, está para defenderlo de la criminalidad y no de las empresas para defender su patrimonio. Eso lo hacen los guachimanes. La PNP es la delegada del Estado peruano en el monopolio de la fuerza y no guardianes de las mineras.
Debido a estos convenios durante la situación de tensión en Espinar en mayo del 2012, la PNP detuvo y llevó al campamento minero a nuestro compañero, el comunicador Jaime Borda de la Vicaría de Sicuani, y a Sergio Huamaní, quienes se encontraban en una camioneta de la Vicaría sin hacer nada, y adentro de las instalaciones de la empresa los enmarrocaron, los golpearon y les dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ergo, los torturaron. Asimismo "sembraron" municiones en la camioneta de la Vicaría para incriminarlos: ¿no suena conocido? Se presentó una denuncia que fue archivada porque no se tenía el "convenio secreto", esperamos que ahora con un hábeas data se pueda tener esa información de manera oficial y que el Ministerio Público haga su trabajo. En julio del 2012 tuve una conversación con dos altos funcionarios de Xtrata y les pregunté sobre su posición en torno a este delicado tema. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue lo suficientemente franco y transparente y me dijo: "Nosotros cumplimos con las normas peruanas".
Es cierto, la pelota está en la cancha del Estado peruano, específicamente, en el área del Ministerio del Interior. Por eso mismo, desde la CNDDHH hemos presentado numerosas cartas e incluso audiencias públicas ante la CIDH sobre este tema, y personalmente le he planteado esta situación de inequidad a Juan Jiménez Mayor cuando era Premier. ¿La respuesta? Los convenios tienen caducidad y no serán renovados. Entonces, ¿en este momento los gerentes de Xtrata podrían confirmar que no contratan a la PNP como guachimanes? ¿Y la Southern podría afirmar los mismo?
No nos preocupan solo esos policías que reciben un salario, sino los otros, los que no se encuentran dentro de los convenios, los que reciben una latita de ración diaria como si fueran gatos, los que duermen a la intemperie y hacen todo lo posible por "agradar" a la empresa para que los contrate, incluso, sembrar armas punzocortantes entre los manifestantes.
Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, martes 28/04/2015
Hoy se celebra el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Aún empresas locales no cumplen con exigencias de seguridad.
A favor o en contra, muchos han sido los comentarios que surgieron tras la aprobación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. A más de un año de su plena entrada en vigencia, bien vale la pena preguntarse cuánto han avanzado las empresas para cumplir con esas exigencias.
Para Óscar Ramírez, director académico de la maestría en Salud Ocupacional de la Universidad Científica del Sur (Ucsur), son pocas las empresas que lograron cumplir con los objetivos trazados de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es que muchas de ellas se limitan a cumplir algunos requisitos, sin realizar un adecuado sistema de gestión que incluya ciclos de mejora continua.
Al respecto, José Antonio Valdez, socio del Estudio Olaechea, sostuvo que el escaso cumplimiento se debe a que la mayoría de las empresas en el Perú son pequeñas y no pueden afrontar el costo del sinnúmero de obligaciones que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo impone a todos los empleadores. "Solamente las grandes están en capacidad de cumplirlas porque pueden asumir el costo de contratar personal y cumplir con todas las obligaciones formales", apuntó.
Tarea PendientePara evitar que el incumplimiento de la norma se generalice, Valdez considera que las pequeñas empresas, al tener una realidad económica muy débil, no deberían estar sujetas a todas las formalidades que hoy se exigen. "Se ha discutido hasta la saciedad que el exceso de formalidades las aleja del sector formal. Esta ley es un sobrecosto que en la mayoría de casos las empresas no pueden asumir. Es cierto que la seguridad y la prevención son rentables, pero las empresas deben tener un tamaño que les permita afrontar esa inversión", afirmó.
Por su parte, el docente de la Ucsur indicó que se requiere de un trabajo estratégico del Estado para fomentar una cultura de prevención que se pueda realizar en conjunto con los empresarios. "Este punto es el más importante y por ahora el Estado no tiene un plan de acción concreto", dijo.
CronologíaDiario El Comercio (28/04/2015)
Proyecto de ley apunta a ampliar el déficit fiscal máximo permitido para el 2016 y 2017. Además, se prevé aumentar los recursos disponibles para este año en S/. 1,400 millones.
FuentePor Rocío Silva Santisteban
El escándalo de la foto trucha de Antonio Coasaca, agricultor del Valle de Tambo, con un "miguelito" obligado a portar en la mano por un miembro de la Policía Nacional del Perú (cuyo gafete decía Filosofexxx) para la foto incriminatoria de rigor, trae nuevamente a colación el debate sobre los famosos convenios secretos entre la PNP y las empresas extractivas. ¿Por qué, si la acción de ese policía era un delito y los convenios son totalmente legales? Pues porque plantea un tema simple pero importantísimo para la democracia peruana: ¿debe la policía trabajar para los privados recibiendo un sueldo?
La historia comienza en la época de Fujimori, pero se perfecciona con Mercedes Cabanillas en el Ministerio del Interior, y tiene como fondo la antidemocrática idea de que este Estado precario solvente a su policía alquilándola a las empresas. La idea no parecería tan descabellada si pensamos en aquel policía solitario que cuida la puerta del banco, de la universidad, de una construcción y se gana alguito con este "convenio por servicios extraordinarios complementarios". Pero cobra otro tipo de tono cuando imaginamos a un contingente de la DINOES, con entrenamiento de élite, solventado por una empresa como Yanacocha, Shahuindo, Xtrata o Gold Fields, con la misión de "intervenir en situaciones especiales cuando la asociación política social haga previsible que podrían afectarse la integridad física de los trabajadores o contratistas de la empresa".
En realidad, la PNP no debería de recibir un solo centavo más por hacer su trabajo, pero sus oficiales reciben, según este convenio, 38 soles diarios y los suboficiales 24 soles diarios, ademas de rancho, movilidad y habitación. ¿Por qué estaría mal que una empresa solvente estos gastos? Porque la PNP es del pueblo, está para defenderlo de la criminalidad y no de las empresas para defender su patrimonio. Eso lo hacen los guachimanes. La PNP es la delegada del Estado peruano en el monopolio de la fuerza y no guardianes de las mineras.
Debido a estos convenios durante la situación de tensión en Espinar en mayo del 2012, la PNP detuvo y llevó al campamento minero a nuestro compañero, el comunicador Jaime Borda de la Vicaría de Sicuani, y a Sergio Huamaní, quienes se encontraban en una camioneta de la Vicaría sin hacer nada, y adentro de las instalaciones de la empresa los enmarrocaron, los golpearon y les dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ergo, los torturaron. Asimismo "sembraron" municiones en la camioneta de la Vicaría para incriminarlos: ¿no suena conocido? Se presentó una denuncia que fue archivada porque no se tenía el "convenio secreto", esperamos que ahora con un hábeas data se pueda tener esa información de manera oficial y que el Ministerio Público haga su trabajo. En julio del 2012 tuve una conversación con dos altos funcionarios de Xtrata y les pregunté sobre su posición en torno a este delicado tema. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue lo suficientemente franco y transparente y me dijo: "Nosotros cumplimos con las normas peruanas".
Es cierto, la pelota está en la cancha del Estado peruano, específicamente, en el área del Ministerio del Interior. Por eso mismo, desde la CNDDHH hemos presentado numerosas cartas e incluso audiencias públicas ante la CIDH sobre este tema, y personalmente le he planteado esta situación de inequidad a Juan Jiménez Mayor cuando era Premier. ¿La respuesta? Los convenios tienen caducidad y no serán renovados. Entonces, ¿en este momento los gerentes de Xtrata podrían confirmar que no contratan a la PNP como guachimanes? ¿Y la Southern podría afirmar los mismo?
No nos preocupan solo esos policías que reciben un salario, sino los otros, los que no se encuentran dentro de los convenios, los que reciben una latita de ración diaria como si fueran gatos, los que duermen a la intemperie y hacen todo lo posible por "agradar" a la empresa para que los contrate, incluso, sembrar armas punzocortantes entre los manifestantes.
Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, martes 28/04/2015
Washington, 28 abr (EFE).- La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos comenzó hoy una nueva reunión de dos días sobre política monetaria centrada en el debate acerca de la pertinencia del retraso en la subida de tipos de interés, ante la debilidad de los últimos indicadores económicos y el fortalecimiento del dólar.
Nicosia, 28 abr (EFE).- El Tesoro chipriota colocó hoy mil millones de euros en bonos del Estado a siete años a un interés nominal del 3,87 %, en la segunda salida a los mercados desde que en 2013 tuvo que imponer controles de capitales a consecuencia de la crisis financiera, informó el ministerio de Finanzas.
Hoy se celebra el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Aún empresas locales no cumplen con exigencias de seguridad.
A favor o en contra, muchos han sido los comentarios que surgieron tras la aprobación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. A más de un año de su plena entrada en vigencia, bien vale la pena preguntarse cuánto han avanzado las empresas para cumplir con esas exigencias.
Para Óscar Ramírez, director académico de la maestría en Salud Ocupacional de la Universidad Científica del Sur (Ucsur), son pocas las empresas que lograron cumplir con los objetivos trazados de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es que muchas de ellas se limitan a cumplir algunos requisitos, sin realizar un adecuado sistema de gestión que incluya ciclos de mejora continua.
Al respecto, José Antonio Valdez, socio del Estudio Olaechea, sostuvo que el escaso cumplimiento se debe a que la mayoría de las empresas en el Perú son pequeñas y no pueden afrontar el costo del sinnúmero de obligaciones que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo impone a todos los empleadores. "Solamente las grandes están en capacidad de cumplirlas porque pueden asumir el costo de contratar personal y cumplir con todas las obligaciones formales", apuntó.
Tarea PendientePara evitar que el incumplimiento de la norma se generalice, Valdez considera que las pequeñas empresas, al tener una realidad económica muy débil, no deberían estar sujetas a todas las formalidades que hoy se exigen. "Se ha discutido hasta la saciedad que el exceso de formalidades las aleja del sector formal. Esta ley es un sobrecosto que en la mayoría de casos las empresas no pueden asumir. Es cierto que la seguridad y la prevención son rentables, pero las empresas deben tener un tamaño que les permita afrontar esa inversión", afirmó.
Por su parte, el docente de la Ucsur indicó que se requiere de un trabajo estratégico del Estado para fomentar una cultura de prevención que se pueda realizar en conjunto con los empresarios. "Este punto es el más importante y por ahora el Estado no tiene un plan de acción concreto", dijo.
CronologíaDiario El Comercio (28/04/2015)
—Minera dará impulso exploratorio a proyectos en estado avanzado, a fin de mantener o mejorar base de recursos. Al 2016 espera producir 29 millones de onzas.
Fuente
La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Estados Unidos del exdirectivo de JP Morgan Javier Martín-Artajo al tratarse de hechos cometidos en Reino Unido y poseer el reclamado la nacionalidad española. En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal toman esta decisión "sin perjuicio" de que las autoridades americanas puedan ahora ejercitar la acción penal respecto al reclamado ante la jurisdicción española.
La resolución explica que Martín-Artajo trabajaba en la sede de JP Morgan de Londres, donde tiene su sede social, "por lo cual el hecho delictivo que motiva la extradición en cuanto a su actividad para su comisión se ha producido fuera del Estado requirente". También "el resultado que se dice perseguido penalmente: pues si entendemos que se refiere a la alteración del valor real de la cotización de los títulos gestionados desde Reino Unido en la oficina de Londres, el resultado realmente se produjo en el Reino Unido".
Los magistrados explican que "el hecho podemos considerarlo cometido fuera del Estado requirente. De aquí, unida la consideración de que el delito/s se ha cometido fuera del Estado requirente, con la cualidad de nacional español, ésta se erige en el núcleo esencial y determinante para denegar la extradición".
Los delitos de inducción o cooperación-ejecución al suicidio se tipifican en el Art. 143 del Código Penal español.
1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. Junto a esas tres situaciones de inducción, cooperación o ejecución, desde mediados del siglo XVIII se viene analizando otra conducta que, sin ser delictiva, sí que puede tener efectos colaterales sobre aquellos delitos: la imitación suicida como proceso por el cual un suicidio ejerce un efecto de modelo imitable sobre suicidios posteriores; y, en ese contexto, los medios de comunicación pueden desempeñar un importante papel preventivo.
En el informe Prevención del suicidio. Un instrumento para profesionales de los medios de comunicación, que la Organización Mundial de la Salud publicó en Ginebra (Suiza), en 2000, este organismo especializado de las Naciones Unidas alertó que uno de los muchos factores que pueden llevar a una persona vulnerable al suicidio es la publicidad sobre este tema en los medios de comunicación. La forma como estos medios informan acerca de casos de suicidio puede influir en otros suicidios. Estos instrumentos buscan dar una idea general del impacto de los medios de comunicación al informar sobre el suicidio, indican las fuentes de información confiables, sugieren cómo informar acerca del suicidio en circunstancias generales y específicas y señalan los riesgos que deben evitarse al informar sobre este tema.
En 1774, el escritor alemán Goethe publicó su trágica novela Leiden des jungen Werther [Los sufrimientos del joven Werther], donde el protagonista acababa con su vida disparándose tras sufrir un desengaño amoroso; poco después de su publicación, muchos jóvenes varones utilizaron ese mismo método para suicidarse hasta el punto de que se terminó prohibiendo la venta de aquella novela; de ahí que la literatura técnica utilice el término efecto Werther para designar la imitación en los suicidios. El informe de la OMS diferencia –siguiendo a los profesores Blumenthal y Kupfer– entre los enjambres [un número de suicidios que ocurre en estrecha proximidad temporal y/o geográfica, con o sin vínculo directo] y el contagio [proceso por el cual un suicidio dado facilita la ocurrencia de otro suicidio, independientemente del conocimiento directo o indirecto del suicidio anterior].
El documentado dossier concluye afirmando que una cobertura repetitiva y continua del suicidio tiende a inducir a y promover pensamientos suicidas, particularmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes; por lo que recomienda informar del suicidio de manera apropiada, exacta y potencialmente útil (…) puede prevenir una trágica pérdida de vidas.
Cada semana se revela un nuevo detalle en el caso Oropeza y en cada detalle siempre se encuentran nuevos vínculos con el APRA. Sin embargo, ahora las pistas ya no solo apuntan a militantes menores, ahora todo empieza a señalar a la cúpula del partido.
El destape de la semana lo realizó Gabriela Villasís de Cuarto Poder. En su reportaje demostró que fue Fernando Lazo Manrique, militante aprista y exapoderado legal de los hijos de Alan García, quien permitió que la empresa de la familia Oropeza, Sergero S.A.C. hiciera millonarios contratos con la Fiscalía de la Nación.
Alan García y Fernando Lazo Consulte la Fuente de este ArtículoMis Favoritos
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por dos de los condenados en la instancia a quienes absuelve tras considerar que la información en su día publicada, aunque errónea, no constituyó una intromisión ilegítima en el honor del demandante precisamente por haber contribuido este con su conducta al error de identificación cometido por el periodista.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, la información se publicó en el diario La Verdad digital el 15 de enero de 2011 y tenía que ver con un caso (conocido como "Caso Polop") que en ese momento se estaba instruyendo por un juzgado de instrucción de Vilajoyosa.
El día anterior, el 14 de enero, había acudido a declarar al juzgado uno de los imputados y en principio, la noticia publicada guardaba relación con la declaración de esta persona. Sin embargo, la noticia iba acompañada de una fotografía del acusado sino de su hermano, que ese día había acudido al juzgado a acompañarlo. En el pie de foto se afirmaba: "El ingeniero imputado, ayer en Villajoyosa". Ese mismo día, el diario El País también publicó esta noticia sobre dicha declaración que incorporaba la misma fotografía en la que aparecía su hermano saliendo del juzgado, con el citado pie de foto.
La sentencia declara probado que el día 14 de enero de 2011 el acusado había acudido a declarar en compañía de su hermano, si bien no salieron juntos, sino que primero lo hizo el hermano en compañía del abogado, vistiendo la misma cazadora y bufanda que al entrar llevaba el procesado. Fue en ese momento, a la salida del juzgado, cuando se captó la fotografía publicada junto con la noticia, en la que se veía en primer plano al hermano, y que, al ser publicada, iba acompañada del citado pie de foto.
Por ello, el aludido formuló demanda contra ambos periódicos y contra los dos periodistas que firmaron las noticias publicadas al considerar vulnerado su honor. La demanda fue estimada parcialmente en la instancia, siendo recurrida en casación únicamente por El País y por el periodista que firmó la información publicada en este medio.
Ahora el Supremo les da la razón y les absuelve al concluir que aunque en principio atribuir erróneamente a una persona la condición de imputado en un delito de corrupción urbanística, mediante la publicación de su imagen junto a la noticia sobre la toma de declaraciones de un imputado por el juzgado que instruye aquel delito, puede dañar la fama y la propia estima del afectado, no cabe apreciar dicha intromisión cuando, como fue el caso, el error vino propiciado por el propio comportamiento del afectado, ya que esta circunstancia mitiga la falta de diligencia del periodista, que fiado por las apariencias, no corroboró la verdadera identidad de la persona que aparecía en dicha foto.
FOTOGALERÍA. La Fuerza Aérea posee cinco nuevas aeronaves que usará en el combate al narcotráfico y el terrorismo. Las aeronaves son coreanos, aunque fueron ensambladas en el Perú. Aquí las características de estos aviones.
La obra teatral ´La Cautiva´ está siendo investigada por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) por presunta apología al terrorismo. Fuente
SNMPE: Sector minero energ
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Payal Sampat, Shreema Mehta, Mirtha Vásquez, Alan Septoff y Katherine McDonnell antes de entregar 150 mil firmas en apoyo a Máxima Acuña a la Junta Directiva de Newmont Mining Corporation. Foto: EarthRights International
Representantes de organizaciones sociales del Perú y Estados Unidos entregaron 150 mil firmas a la reunión anual de accionistas en Denver, EEUU para exigir el cese inmediato al hostigamiento a los opositores al proyecto minero Conga.
Accionistas disidentes y organizaciones sociales de Perú y Estados Unidos participaron de la reunión anual de accionistas (AGM por sus siglas en inglés) de la empresa Newmont Mining Corporation donde entregaron 150 mil firmas pidiendo el cese del hostigamiento a los opositores al proyecto minero Conga.
"Newmont ha respondido a la resistencia comunitaria contra el megaproyecto minero Conga utilizando a la policía y a la empresa de seguridad privada Securitas para hostigar e intimidar a residentes de Cajamarca, como Máxima Acuña y Elmer Campos, que se oponen a sus planes."
Así lo informó una nota de prensa emitida hoy por la asociación Grufides, EarthRights International, EarthWorks y SumOfUs.org.
En la reunión celebrada en la ciudad de Wilmington, Estados Unidos, asistió Mirtha Vasquez, directora de Grufides y representante legal de Máxima Acuña de Chaupe.
Ella sostuvo que "Los directivos de Newmont deben renunciar públicamente al hostigamiento contra Máxima y otros ciudadanos de Cajamarca que se oponen al proyecto Conga".
"De otro modo, la empresa se volverá internacionalmente famosa por descartar sus compromisos con los derechos humanos y la licencia social tan pronto como se vuelven inconvenientes" agregó la abogada.
Los derechos de la señora Acuña han sido reconocidos por el sistema judicial y los organismos de derechos humanos del Perú, pero aun así debe soportar la constante intimidación de la segunda mayor productora mundial de oro.
Máxima Acuña no pudo asistir personalmente a la reunión anual de accionistas porque teme lo que podría ocurrir en su casa durante su ausencia, detalló su abogada.
Por su parte, Elmer Campos fue herido durante las protestas sociales contra el proyecto minero Conga en el año 2011 y alega que la bala que lo dejó inválido provino de la policía contratada por Minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont.
Por su delicado estado de salud, Campos tampoco pudo asistir personalmente a la reunión de accionistas en Denver.
Fuente: Servindi
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que México tiene que atender las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, quien concluyó que la tortura y los malos tratos "son generalizados" en el país, en un contexto donde persiste la impunidad.
"Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla. Adicionalmente hay que favorecer todo aquello que coadyuve a evitar que se cometa esta violación a derechos humanos y por esos nosotros insistimos que más allá que las cifras se puedan aclarar esos diferendos.
"Lo importante es retomar las acciones que permitan evitar que estas conductas se den en el país. Es inadmisible la tortura en México; un solo caso es indignante y desde luego que tenemos que buscar que haya una cultura de respeto a los derechos humanos y eso pasa por evitar que se cometan hechos como la tortura".
Luego de encabezar un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, el ombudsman nacional insistió que en el país se tienen que prevenir la tortura y cuando se acredite se sancione a los responsables.
Sobre si los malos tratos son generalizados, respondió: "desde las cifras que tiene la Comisión Nacional no podría estar en esa concordancia….Lo propositivo es que lo que se recomienda es para prevenir la tortura y para que se corrija cuando ésta se ha dado.
"Es atendible las recomendaciones del relator sobre la cuestión que ustedes me comentan. No nos centremos en diferendos que no ayudan a las víctimas. Lo que hay que hacer son acciones que corrijan un fenómeno que sí existe en el país. La tortura existe en el país y hay que evitarla. No se puede perseguir el delito cometiendo violaciones a derechos humanos. Lo importante también es que lo que se dijo por Naciones Unidas es atendible.
Por eso, dijo, el exhorto para que se atiendan esas recomendaciones y, que en todo caso, "la cuestión del diferendo sobre loe extendido de la tortura o lo generalizado de la tortura es algo que se puede aclarar en función de las cifras, en lo que debemos centrarnos es que ninguna tortura se debe repetir. Tortura que no es investigada y sancionada, poder ser propiciatoria de más violaciones" insistió.
De acuerdo al informe global de la ONU, que se dio a conocer el mes pasado, presenta a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina.
Además, concluye que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, "pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".
Policías "alquilados" portan chalecos con el logo de la minera Xtrata Tintaya sobre su uniforme reglamentario (Espinar 2012).
¿Quieres saber cómo funciona la relación de las empresas mineras con los policías “alquilados”?. En este informe del 2009 sobre Minera Yanacocha, Gino Costa te lo cuenta todo con pelos y señales: Minera Yanacocha "cuenta con un complejo sistema de seguridad, que tiene tres componentes: uno, el equipo de seguridad de la propia empresa, encargado de dirigir el sistema; y, de conducir, supervisar y evaluar la labor de sus integrantes, la de los efectivos policiales destacados y la de las empresas privadas contratadas (…)". ( p. 5).
Es decir, las empresas mineras dirigen a las fuerzas policiales entrenadas y equipadas gracias a nuestros impuestos. Esto explica situaciones como la ocurrida en Espinar en el 2012 donde un grupo de campesinos y defensores de los derechos humanos fueron detenidos y torturados en las instalaciones de la empresa minera Xtrata. En la misma fecha también dos campesinos fueron ejecutados por estos policías “alquilados”.
Ver informe “Revisión integral de las políticas de Minera Yanacocha a la luz de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos” por Gino Costa, 2009., AQUÍ
Si quieres saber más también puedes ver el informe “Policía mercenaria al servicio de las empresas mineras” AQUÍ
A continuación se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por el gobierno griego y aceptados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Cabe señalar que los compromisos están redactados con una calculada ambigüedad y amplia generalidad, de forma que pueden dar lugar a interpretaciones muy diferentes. De ahí que la antigua troika no se fíe y haya condicionado las ayudas a un estricto cumplimiento de los mismos que será frecuentemente revisado.
Entre las concesiones más importantes del Gobierno heleno se encuentran: la relajación de las condiciones en la negociación colectiva y la continuación de las privatizaciones programadas por el anterior gobierno. Sin embargo, se mantiene el aumento del salario mínimo interprofesional, la paralización de los desahucios más flagrantes, y una provisión de bienes y servicios públicos básicos mediante la regulación de las empresas privatizadas.
1) Crisis humanitaria- Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, servicios sanitarios y energía) a través de medidas muy concretas como cupones para alimentos.
- Incrementar la supervisión y control para evitar abusos.
- Evaluar el programa piloto del Ingreso Mínimo Garantizada con vistas a extenderlo a nivel nacional.
- Asegurar que la lucha contra la crisis humanitaria no tenga ningún efecto fiscal.
2) Políticas para impulsar el crecimientoPrivatizaciones y servicios públicos
- No hacer retroceder las privatizaciones que se han completado.
- Velar por la provisión de bienes y servicios públicos básicos por parte de las empresas privatizadas.
- Revisión de las privatizaciones que aún no se han puesto en marcha, para maximizar los beneficios a largo plazo del Estado.
Reformas en el mercado laboral
- Mejorar la legislación del mercado de trabajo a través de un proceso de consulta con los interlocutores sociales.
- Ampliar y desarrollar el esquema existente que proporciona empleo temporal para los desempleados y mejorar programas de políticas activas de empleo.
- Nuevo enfoque para la negociación salarial colectiva que equilibre las necesidades de flexibilidad con equidad.
- Aumento del salario mínimo.
Reformas en el mercado
- Eliminación de las barreras a la competencia basada en las aportaciones de la OCDE.
- Reducir cargas administrativas para las empresas y profesiones reguladas
- Mejor gestión de uso de la tierra.
- Alinear la regulación del gas y de la electricidad a las buenas prácticas y legislación de la UE
Reforma del sistema judicial
- Mejorar la organización de los tribunales.
- Promover la digitalización de los códigos legales.
Estadísticas
- Asegurar que la Oficina de Estadísticas tenga independencia, transparencia y recursos suficientes.
3) Políticas estructurales fiscalesPolíticas fiscales:
- Reforma de la política, administración y aplicación del IVA, y modificar la fiscalidad de inversión colectiva.
- Ampliar definición de fraude fiscal y la evasión desmantelando inmunidad tributaria, y hacer cumplir y mejorar la legislación en materia de precios de transferencia.
- Trabajar hacia la creación de una nueva cultura de cumplimiento tributario para asegurar que todos los sectores de la sociedad, y sobre todo los ricos, contribuyen a la financiación de las políticas públicas.
Gestión de las Finanzas Públicas:
- Tomar medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas.
- Diseñar e implementar una estrategia relativa a la liquidación de los atrasos, las devoluciones de impuestos y reclamaciones de pensiones.
Administración de los ingresos:
- Fortalecer la independencia de la Secretaría General de Ingresos Públicos (GSPR), garantizando plena rendición de cuentas y la transparencia de sus operaciones, y fortalecer sus competencias.
- Asegurar personal de la GSPR adecuado, tanto cuantitativa como cualitativamente, la GSPR, y orientar su trabajo a combatir el fraude fiscal y los atrasos fiscales de los grupos sociales de altos ingresos.
El gasto público:
- Revisión y control de gastos en todas las áreas del gasto público para mejorar su eficiencia y aumentar el ahorro, especialmente en los gastos no salariales (que suponen un espeluznante 56% del gasto público total).
- Control de los gastos de salud y mejorar la prestación y calidad de los servicios médicos, mientras se asegura el acceso universal.
Reforma de la seguridad social:
- Unificar y racionalizar las políticas de pensiones y eliminar los incentivos que dan lugar a una tasa excesiva de las jubilaciones anticipadas en toda la economía y, más específicamente, en el sector público y en la banca.
- Eliminar los cargos en nombre de «terceros» (cargas molestas) de una manera fiscalmente neutra.
- Establecer un vínculo más estrecho entre las cotizaciones de pensiones e ingresos, optimizar los beneficios y proporcionar asistencia dirigida a los empleados de entre 50 y 65 años, incluso a través de una renta básica garantizada.
Administración pública y corrupción:
- Poner en marcha el Plan Nacional contra la Corrupción. Perseguir contrabando, lavado de dinero y precios de bienes importados.
- Reducir el número de ministerios de 16 a 10, el número de asesores y los beneficios de los cargos públicos y altos funcionarios.
- Controlar y limitar financiación de los partidos políticos y limitar endeudamiento frente a instituciones financieras.
- Regular ingresos de los medios de comunicación.
- Marco transparente y en tiempo real para las licitaciones públicas.
- Regulación de sueldos públicos, sin reducir suelo salarial pero evitando aumentos. Disminuir pagos no salariales.
4) Estabilidad financieraEsquemas a plazos:
- Mejorar la rapidez en los reembolsos de impuestos y atrasos en Seguridad Social, distinguiendo entre imposibilidad de pago e incumplimiento estratégico.
- Descriminalizar a deudores con deudas pequeñas.
Banca y préstamos en mora:
- Controlar y regular la actuación bancaria para asegurar la estabilidad del sector.
- Colaborar en la gestión de los bancos para evitar los desahucios de vivienda principal de familias con ingresos inferiores a determinado umbral de ingreso.
- Evitar una nueva caída de los precios inmobiliarios.
- Modernizar la ley de bancarrota y facilitar la reestructuración de la deuda privada.
—–
Eduardo Garzón Espinosa / Carlos Martínez Nuñez -Miembros de la Fundación Europa de los Ciudadanos (Izquierda Unida)
