Delito y Corrupción Perú y el Mundo: Sepultan en Argentina a fiscal que denunciÃ³ al gobierno por encubrimiento de atentado y LAS BATALLAS DE ANA JARA

Sepultan en Argentina a fiscal que denunció al gobierno por encubrimiento de atentado 2015-01-29 16:22:42

Las dos hijas del fiscal y su ex esposa destacaron en dos avisos fúnebres publicados este jueves en el diario La Nación su compromiso con el trabajo en la fiscalía creada en el 2004 exclusivamente para la investigación del atentado.

Buenos Aires. El fiscal argentino Alberto Nisman, quien apareció con un tiro en la sien tras denunciar al gobierno de encubrir a los acusados de un atentado contra una mutual judía en 1994, fue sepultado el jueves en un cementerio ubicado al oeste del gran Buenos Aires.

La muerte de Nisman, que se produjo el domingo 18 de enero, ocupa desde entonces la primera plana de la prensa ya que aún no está claro si fue un suicidio o un asesinato, en medio de una oscura trama que involucra a los servicios de inteligencia.

LAS BATALLAS DE ANA JARA 2015-01-29 14:39:53

Ana Jara enfrenta dos retos simultáneos, en un momento complicado para el gobierno.

De un lado, con la derogatoria de la Ley Laboral Juvenil, tiene que afrontar los embates de una oposición envalentonada y que tiene una sed de cabezas de ministros por saciar.

¿Quiénes son los “pedidos”? En su columna de hoy, Patricia del Río analiza a seis: Daniel Figallo (Justicia y Derechos Humanos, por su manejo de la crisis en la Procuraduría Anticorrupción en torno al caso Belaúnde Lossio); Carmen Omonte (Mujer y Poblaciones Vulnerables, por reconocer que no inscribió en Essalud a su exempleada del hogar); Fredy Otárola (Trabajo) y Alonso Segura (Economía y Finanzas), por el fracaso de la Ley Laboral Juvenil; Pedro Cateriano (Defensa, por desgaste y por irritación conjunta de apristas y fujimoristas, a quien el ministro da una dosis diaria de memorex vía Twitter) y Daniel Urresti (Interior, por acusaciones pendientes de asesinato, intolerancia a la crítica y poca efectividad en materia de inseguridad ciudadana). Otros suman, por el tema de la Ley Pulpín, a Piero Ghezzi, ministro de la Producción.

En todo gobierno democrático que se precie, sobre todo en los tramos finales, cuando la oposición anda más envalentonada, el pedido de relevo de ministros y presión para que esto se haga es parte del juego político. Y, claro está, para el gobierno parte del juego es salvarlos a todos o entregar a las cabezas que le sean menos costosas políticamente. En esa medida, en un análisis en frío, la salida de Figallo y Omonte podría ser un buen acuerdo entre ambas partes.

El otro problema hacia afuera son las supuestas acusaciones de seguimiento a políticos por parte de la DINI. El sector más duro de la oposición - política y mediática - considera que quien está detrás de esto es el propio Presidente de la República, encabezando un aparato de seguimiento con miras a las elecciones del 2016.

El problema es que, de todos los casos presentados, el único que tiene, de acuerdo a las evidencias, asidero de autoría de agentes estatales, es el de la vicepresidenta Marisol Espinoza. Dos agentes DINI detectados en un vehículo registrado a nombre de una empresa que - como demostró un reportaje del programa Sin Medias Tintas de Latina - tiene varios vehículos transferidos de personas naturales y jurídicas vinculadas a la institución nacional de inteligencia. Y este es un tema que el gobierno tendrá que aclarar pronto, sin que el jefe de la DINI tenga que recurrir a supuestos eventos libaneses.

En cuanto a lo ocurrido con Jorge del Castillo, una hipótesis probable se vincula con seguimiento industrial, tanto por haberse focalizado en su empresa consultora y de gestión de intereses, como en el grupo de personas que visitaba la empresa, así como en las reuniones que sostenía con altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (reveladas tanto por Ojo Público como por este blog). Apunta, además, Gustavo Gorriti en Ideele Radio:

"Tanto Jorge del Castillo, como Miguel Hidalgo son personas para cualquiera que esté en inteligencia, que lo harían con cuidado, porque Del Castillo trabaja y está asociado con una persona que fue uno de los principales miembros de inteligencia durante los gobiernos de Toledo y García, lo mismo sucede con Miguel Hidalgo, de manera de que si hubiera habido la decisión de vigilarlos, y no sabría yo por qué", estimó.

"La mayor parte de los otros casos creo que obedecen a un asunto de vigilancia, dentro de una ambiente de inteligencia que es muy promiscuo y que está tanto en lo público, como en lo privado, en lo comercial, en lo político y que obviamente tienen que aclararse, pero parecen a corresponder a vigilancias, a seguimientos", acotó.

Otra de ellas se refiere a que un sector del gobierno quería “denunciar las actividades de lobby de Del Castillo”. El problema es que dicho trabajo no es ilegal y que, en el gremio periodístico, son por todos conocidas. Que luego de su paso por la PCM y el escándalo de sus reuniones en la suite del hotel Country Club con Fortunato Canaán, el excongresista haya sincerado sus actividades es algo que merece cierto interés público, pero que no sería un gran escándalo de impacto, a menos que se vislumbre un tema complicado en las reuniones sostenidas con altos funcionarios. Razón aún mayor para que el Ministerio de Energía y Minas aclare que hacían dos de sus titulares y el viceministro de Energía con un conocido gestor de intereses.

¿Y lo de Alan? Pues el informe presentado en el programa de Milagros Leiva presentaba evidencias de un posible seguimiento, pero no se podía concluir que el mismo fuera de la DINI. Y los documentos extraídos de páginas en Internet, incluida la célebre Wikipedia, da una clara muestra que nuestros espías - públicos o privados - parecen estar más cerca de Maxwell Smart que de Vladimiro Montesinos. En todo caso, se requeriría mayor evidencia para tener una certeza más clara en torno a un tema que, como es evidente, ha sido aprovechado políticamente desde el aprismo.

Y ese es el problema con estas denuncias de seguimiento. Entre la DINI torpe, las agencias privadas de seguridad, un gobierno noico (sobre todo, con un presidente que solo confía en su esposa) y una oposición interesada (sobre todo, algunos que están empeñados en demostrar que “el gobierno es autoritario y Humala un delincuente”), poco queda claro en estos casos. Se exigen cabezas inmediatas, pero ni siquiera se ha realizado una investigación en serio. Y parece que nadie quisiera hacerlo, solo ganar réditos políticos. De la mejora del control democrático sobre la inteligencia pública y privada, ni una sola palabra. Y si se suma la desconfianza de un sector de la ciudadanía en los políticos y periodistas detrás de las denuncias, así como en aquellos a los que se busca acusar, se completa el cuadro del despelote.

Los problemas para Jara no acaban allí. Como bien lo indica hoy Rosa María Palacios - y parece confirmarlo la reciente revelación de Correo Semanal sobre un supuesto file armado desde un sector del gobierno para desacreditar a la presidenta del Consejo de Ministros en torno a las contrataciones en su despacho -, está librando una batalla interna. Reseña RMP:

Pero internamente, se ha evidenciado un sabotaje a la labor de Jara. Sus adversarios públicos, a cara descubierta, están en la oposición política. Los adversarios ocultos están en casa organizando psicosociales como el seguimiento a Jorge del Castillo o la filtración de documentos falsos a medios para bajarse a la ministra que no puede responder por aquello que le niegan que exista.

¿Por donde van las sospechas? Ayer Palacios señaló que la salida de Blanca Rosales, jefa de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM, era cuestión de tiempo. Y Exitosa Diario señala los posibles motivos del retiro:

La razón que impulsa a la premier a pedir el cambio de Rosales Valencia se debe a la sospecha de que sus allegados estarían detrás de la filtración de la información sobre el reglaje a diversos personajes de la oposición, exceptuando el de la vicepresidenta Marisol Espinoza, cuyo caso fue reconocido por la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Incluso, la revista Correo publica hoy nueva información sobre el reglaje pero esta vez a la misma Ana Jara, algo que no le ha caído bien a la presidenta de la PCM.

Blanca Rosales ha dado una entrevista hoy a Caretas donde se defiende de la denuncia hecha en el semanario Hildebrandt en sus Trece sobre las compras de propiedades sin el patrimonio requerido. ¿Será un manotazo de ahogado?

En efecto, Rosales aparece hoy en Caretas dando las mismas explicaciones que había enviado a algunos medios de comunicación en los últimos días respecto de la denuncia de Hildebrandt en Sus Trece sobre sus propiedades inmobiliarias, así como en relación con sus vínculos con Juan Carlos Rivera Idrogo “Chocherín” (”se ha querido tejer una historia”) y Martín Belaúnde Lossio (asegura haberlo visto solo tres veces en su vida). Defiende su trabajo, da su visión sobre el Presidente, su esposa y la bancada, pero no se refiere a Jara. Fuentes cercanas a ambas partes señalan que la relación entre ambas nunca fue precisamente cercana, solo cordial y distante.

Jara está convencida de la tesis de una facción en el gobierno que está en otro juego. Comenta Palacios:

¿Quiénes son los facciosos? Eso no será muy difícil de determinar. Un buen trabajo de contrainteligencia puede detectarlos. Se trata de personas ubicadas en posiciones de poder que pueden distribuir a la prensa información no autorizada que finalmente le hace daño a su propio gobierno. El enlace entre prensa y poder no requiere de mucha imaginación. Se puede empezar con algunos nombres del entorno de prensa de Palacio de Gobierno. Lo que es más difícil de encontrar es al agente que vincula a estos con el trabajo de los agentes de inteligencia que trabajan para cada uno de los institutos armados y policía y que pueden estar o no trabajando en la Dini.

¿Para quien juega esa facción? Algunos apuntan a la Presidencia de la República. Otros a cierto barrio sanisidrino con nombre de entidad supervisora de aeropuertos. Lo cierto es que todos estos líos afectan aún más la credibilidad de un gobierno cuya cabeza está encerrada en sí misma.

(Caricatura: Andrés Edery para El Comercio)