Aspectos del problema social en el Perú.- Releyendo a Haya de la Torre para retomar el aprismo original.- Lucha del PAP es contra explotación del hombre por el hombre y por la justicia social 2015-07-15 14:16:00
ASPECTOS DEL PROBLEMA SOCIAL EN EL PERÚVíctor Raúl Haya de la Torre(1927, 39-47)
Del discurso a los estudiantes de la Universidad Popular José Martí pronunciado el 9 de noviembre de 1923, en la sala de actos de la Universidad de La Habana (1).
Geografía, pobreza y riqueza en el Perú
Con cierta razón, un viajero norteamericano –diestro conocedor de nuestro idioma– me decía alguna vez que al navegar a lo largo de la costa peruana, en un barco de la línea del Pacífico, se había convencido de la inexactitud de aquella frase tan arraigadamente española, que para significar riqueza, abundancia u opulencia, dice: ¡vale un Perú! La desolada aridez de nuestros desiertos costaneros, apenas interrumpidos por valles estrechos a las márgenes de ríos menores, produce una impresión de pobreza y abandono totales. Aquella faja longitudinal seca, arenosa y ardiente, no ofrece amparo de vida alguno. Tras de ella, empinada y sinuosa, cruza, paralela al mar, la muralla vigilante de nuestros Andes occidentales. Yo atiné a responder a aquel viajero que más allá de aquella barrera gigantesca se escondía el prodigio de la riqueza peruana, varia y magnífica.
Tres regiones naturales
La faja de tierra que el viajero divisa desde el mar del Perú, calcinada de sol, abandonada y sedienta, es nuestra costa, una de las tres grandes divisiones naturales del Perú geográficamente admitidas. Valles proporcionalmente minúsculos rompen su monotonía de desierto africano. El cielo jamás le da agua. Nuestros antepasados autóctonos la hicieron fecunda con sistemas maravillosos de regadío y de represa, que los dirigentes de hoy y del inmediato ayer no supieron ni conservar ni imitar. Sobre la nudosa y elevada cordillera andina, madre de los grandes ríos que descienden por la selva al Brasil, está nuestra sierra, ubérrima y maravillosa, ancha y accidentada. Tras de ella, la región de los bosques vírgenes y las selvas inextricables, en donde mora el salvaje montaraz, de plumas y flechas, que a las veces en el extranjero ha servido para representar al hombre genuino del Perú.
Peruano de la selva amazónica
Ciudades españolas y ciudades peruanas
Esta división formidable en tres secciones geográficas diferentes, marca el principio necesario a todo estudio del problema social peruano. En la costa, siempre cercanas a los contados ríos que bajan por ella al Pacífico, se hallan las ciudades españolas: Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica, para señalar las principales. Su proximidad al mar favoreció las industrias mayores derivadas de los productos de su situación y clima: al norte el petróleo, y en toda su extensión el azúcar y el algodón, y, sumadas a ellas, otras actividades industriales subalternas (factorías, textiles, mecánica, etc.). En la sierra donde surgió y floreció aquella imponderable civilización incaica, duermen aisladas las ciudades peruanas: Cajamarca, Huaraz, Ayacucho, Arequipa y Cusco, entre otras. Una industria relativamente apreciable de minería rompe la fisonomía económico-social de esa región, netamente agraria. En la selva o montaña, sólo hay un puerto fluvial importante sobre el gran Amazonas: Iquitos. Toda aquella inmensa porción del territorio peruano confinante con el Brasil se halla inconquistada y poco conocida.
Proletariado de costa y sierra
Nuestro problema social radica, pues, en la costa y en la sierra. El obrero costeño es o de raza yunga (indio regional), o negro, o chino, o blanco, o de la mezcla de estos tipos: mestizo, injerto o mulato. El obrero de la sierra es el indígena, algo cruzado con el blanco, en el norte, y quechua o aimara puro, en el sur.
Tenemos, pues, en la costa un problema industrial incomparablemente inferior a nuestro vasto y característico problema agrario de las sierras.
Obrero de la costa peruanaEl obrero costeño es del tipo de trabajador de fábrica de todas partes, lo mismo que el peón de campo. Sus condiciones actuales, sobre todo tratándose del campesino, son verdaderamente malas (2). Nuestras legislaciones amparadoras han dicho mucho pero han mentido en ecuación. Lo que el obrero peruano de la costa ha alcanzado, lo debe a sus poderosas organizaciones y a sus actitudes de protesta. La solidaridad de los trabajadores se ha hecho cada vez más fuerte en el Perú, en nombre de las justas ventajas de la acción directa sindical y de las sangrientas represiones con que frecuentemente ha respondido la clase capitalista al menor reclamo del proletariado. Hay muchos centenares de mártires desconocidos por la causa de la reivindicación de los derechos sociales y humanos en la historia reciente de mi país.
Miseria del campesino serrano
El obrero de la sierra, el campesino sobre todo, significa, por la categoría de su vida, por el horror de su miseria, por la inmensa proporción de su analfabetismo y abandono, la verdadera tragedia histórico-social del Perú (3). Alguna vez un estudiante de la Sorbona de París, que recorrió conmigo la Argentina, Bolivia y la sierra peruana, me dijo, al término del viaje, que los pavorosos relatos de la opresión turca sobre los cristianos de Armenia no tenían paralelo con la lenta y cruel agonía de nuestra raza quechua, víctima cuatro veces secular de un feudalismo bárbaro.
Rebelión frente al abuso
Salvo la acción, todavía esporádica, de algunos de los misioneros protestantes, los indígenas peruanos, muy especialmente los de la sierra central y meridional, no tienen más apoyo o más recurso para su dolor que la rebelión. Constantemente, sobre todo en los últimos cinco años, en que la vida del indio ha llegado al máximo del sufrimiento, se registran grandes insurrecciones indígenas. La metralla militar los ahoga siempre en sangre.
No es posible alcanzar para ellos apoyo jurídico alguno: las cámaras legislativas del Perú cuentan en su seno con la gran mayoría de los terratenientes o gamonales (4). El único diputado que en ellas alzaba su voz por los desventurados descendientes del gran pueblo imperial y comunista de los Incas –el doctor Encinas–, ha sido desterrado.
Explotación y represión del campesino de la sierra
Yo no puedo recordar al indio del Perú sin decir mi palabra de protesta y de acusación. Quien haya llegado hasta nuestras soledades andinas, habrá visto a aquellas grandes masas de campesinos, tristes, haraposos y cabizbajos, que llevan sobre sus hombros la carga de cuatro siglos de siniestra esclavitud y no podrá desmentirme. El hacendado o el minero, nacional o extranjero, peruano, inglés, español o yanqui, pierde ante el indio todo sentido de humanidad. El cura católico, aliado y partícipe de la explotación, coadyuva a este implacable retorcimiento de la vida de tres millones de hombres, ofreciendo las llamas del infierno a los insumisos y las venturas del cielo a los genuflexos.
Cuando alguno lanza un alarido de dolor y de rebeldía, cae sobre él la inquisición de los suplicios. En mayo de 1922 estuvo colgado por varios días, en la iglesia de Yauri, capital de la provincia de Espinar perteneciente al Cusco, el cadáver mutilado de un indio que sufrió, ante la impasibilidad de las autoridades políticas y judiciales y con anuencia del párroco, la tortura y la muerte por el delito de encabezar una insurrección contra los terratenientes que incendiaban las chozas y robaban las mujeres de los indígenas de la región. En los meses de agosto y setiembre últimos, regimientos del ejército peruano sofocaron, a costa de cien y más víctimas, una acción de protesta de los indígenas de Ayacucho, teatro famoso de aquella batalla que hace un siglo diera la libertad a los sudamericanos.
Estas noticias no llegan al extranjero; en el Perú mismo no se publican. Los diarios de la costa, sobre todo los de Lima, tienen que callar. Además, muchos intelectuales de las ciudades españolas creen que el indio peruano debe ser considerado como un irracional, que en cuanto no rinda el máximo de su producto debe morir. Esto ha sido sostenido hasta en tesis universitarias (5). Justifican su afirmación en el caso tan distinto y tan exageradamente presentado por los comerciantes en películas de cinematógrafo, de la extinción de los pieles rojas en los Estados Unidos. Pero olvidan que así fuera cierto todo lo que novelescamente se dice de aquello, un hecho malo no justifica otro, y jamás el piel roja, huraño, aguerrido y hostil, fue lo que nuestro indio, cuya tradición civilizadora, cuya historia como pueblo organizado, fuerte y capaz, basta para apreciarse en los vestigios maravillosos de su gran imperio comunista, destruido por los buscadores de oro que vinieron de España con la cruz y con la espada.
¡Un dato, sólo un dato, servirá para ofrecer testimonio de la condición actual del indio peruano: gana, por un trabajo brutal, diez y veinte centavos de sol peruano, es decir, cinco y diez centavos de dólar diarios!
Dos alternativas de acción
Ante el problema social del Perú hay dos categorías de apreciación: la de los hombres de ayer, la de los viejos, educados por la falsa ciencia del civilismo, arraigadamente españolizantes, con mentalidad extranjera y antindígena, que ven en el hombre de la clase explotada al esclavo tácito, la víctima necesaria, histórica y obligada; y el concepto nuevo de los jóvenes, de los estudiantes, de los trabajadores manuales e intelectuales que desde hace tres años hemos agitado la voz de admonición.
Lima, expresión del Perú falso
Bolívar tuvo para el Perú palabras duras pero ciertas, y para Lima anatemas merecidos (6). Todo el brillo y la sensualidad agradables que aprecian y ponderan los visitantes burgueses de nuestra ciudad capitalina –brillo de palacio antiguo y sensualidad de francesismo cortesano–, significa retraso, dolor e injusticia. Lima aristocrática es el vértice de una pesada pirámide cuya base está formada por las espaldas del pueblo peruano. Sobre ellas se ha levantado una arquitectura político-social sin equilibrio ni proporción, en la que todo concurre a la elevación del vértice. "Lima es la inmensa ventosa que chupa la sangre de toda la nación", dijo nuestro apóstol civil González Prada. Tuvo razón y autoridad para decirlo quien fue su primer ciudadano. Pero Lima es al Perú, auténtico, histórico y nacional, en sentido etimológico del vocablo, una ciudad conquistadora y extranjera que no ha perdido hasta hoy su primitivo carácter. Desde ella y para ella se legisla y se gobierna. El Perú provinciano y sobre todo el Perú serrano –el Perú verdadero– es, prácticamente otro país y permanece alejado y desconocido por los hombres metropolitanos que lo usufructúan.
Beligerancia del proletariado
Decía que ante el problema social peruano los trabajadores manuales e intelectuales de la nueva generación han asumido una actitud combativa y renovadora. Cuánto vale esa opinión y cómo, por la nobleza de sus fines, ha alcanzado vigor admirable, puede apreciarse conociendo la actitud de todo el Perú proletario y estudiantil, ante la pretendida consagración oficial de la república a la efigie del Corazón de Jesús, en mayo último, que a costa de sangre fresca de trabajadores y estudiantes fue impedida.
El centro de aquel movimiento, que llegó a contar con más de treinta mil adherentes militantes, fue nuestra Universidad Popular González Prada, institución de cultura para el pueblo, sostenida por los estudiantes de vanguardia del Perú y que cuenta con seis focos de actividades en el país.
Como nuestro programa de trabajo va directamente encaminado a extinguir el analfabetismo, la política y el alto clero nos combaten. Un esclavo ilustrado es un peligro, dicen; por eso se considera honroso haber celebrado pomposamente el primer centenario de nuestra independencia política con cuatro millones de hombres que no saben leer ni escribir su propio nombre, sobre una población de cinco y medio o seis. Fácil es derivar que en el problema social peruano concurre el factor educación como determinante.
Contra la explotación, por la justicia social
La oposición de las generaciones, de que habla Ortega y Gasset en su reciente libro El tema de nuestro tiempo, se cumple en el Perú actual, beligerante y enérgico. Los que de nuestras filas murieron o hemos salido al destierro, dejamos a los que sostienen en esa región querida de la América del Sur los principios de nuestras vanguardias, mucho por hacer aún. La libertad política del Perú –por ser el centro de la dominación española– consumó la independencia republicana de nuestra raza. También su libertad económica y social –por ser hoy centro de problemas graves de esclavitud– derivará, para los que seguimos los nuevos postulados de justicia humana, la realización continental de nuestros santos ensueños.
La conciencia del mundo va perfilando ya la línea de su rumbo hacia la solución de sus hondas cuestiones sociales. El crepúsculo de la Europa capitalista lleva palpitante una lección histórica: la vieja organización política y social muere sedienta de justicia. Ayudándonos los unos a los otros podremos infundir a nuestro Mundo Nuevo el ansia de una vida nueva también, libre y propia. Necesitamos conocernos para comprendernos, pero conocernos sobre todo en el dolor que crea las hondas solidaridades y las más vigorosas esperanzas.
Arrojemos el guante blanco de los diplomáticos y enseñemos la mano que sangra de las heridas del pueblo. El amor, y el dolor, como todos los anhelos eternos, no conocen fronteras. Sobre ellas nos poseen y nos impulsan hacia los grandes dinamismos fecundos. Sólo hay, con excepción quizá, una limitación de capacidad para los grandes estremecimientos: el egoísmo de los viejos o de los envejecidos y la avaricia de las clases dominantes. Nuestro deber de juventud es atesorar el oro vivo de nuestra generosidad encendida. Yo creo, por eso, que González Prada dijo para América Latina aquella invocación terminante y viril: "Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra".
Notas
(1) Fue publicada esta versión en La Nueva Democracia, de Nueva York (marzo de 1924) y reproducida por muchísimos órganos de la prensa latinoamericana. (Ed.)
(2) Es preciso hacer notar que en las industrias extractivas tropicales hay un tipo de trabajador que no puede llamarse ni campesino ni obrero, de acuerdo con las calificaciones europeas, porque tiene las características de ambos. Los trabajadores de la caña de azúcar, tabaco, algodón, campos de petróleo, etc., pertenecen más o menos a este tipo de trabajador, proletario por las condiciones económicas de su relación con la industria que le paga un salario, pero a la vez un poco campesino por las condiciones del trabajo mismo y por las características individuales en que es realizado, condiciones que si se analiza detenidamente son quizá más aparentes que reales.
(3) La única industria apreciable de la sierra peruana es la de la minería. En el sur del Perú, especialmente en el departamento del Cusco, hay algunas fábricas de tejidos en las que las condiciones del obrero son lamentables. Comúnmente se llama obrero en las ciudades serranas al artesano o pequeño industrial (zapateros, carpinteros, sastres, mecánicos, etc.).
(4) He escrito en otras oportunidades que la clase de los terratenientes o gamonales es la clase dominante en el Perú y constituye la raíz económica del llamado civilismo. Todos los líderes de las diversas fracciones civilistas son gamonales de la sierra o de la costa, señores feudales, culpables de todos los crímenes inauditos de la explotación de los trabajadores peruanos.
Los gamonales de la costa, como los más poderosos, son los que tienen en sus manos la dirección del poder político, pero con la decidida cooperación de los gamonales de la sierra, listos a cualquier servidumbre política a condición de que se les garantice el poder de vida y haciendas en los vastos dominios en donde impera su brutalidad sanguinaria.
Los presidentes de la república, del Partido Civil, órgano político de la clase privilegiada, han sido en los últimos años gamonales del azúcar y del algodón, y aunque hayan disputado entre ellos por el poder mismo se han defendido unos a otros los derechos económicos de clase que ellos se han dado por la fuerza. La oligarquía del civilismo leguiísta, como la del civilismo pardista (fracciones de los presidentes Pardo y Leguía), es oligarquía de terratenientes gamonales del azúcar y el algodón con la ayuda más decidida del gamonalismo serrano.
(5) Don Clemente Palma, hijo del tradicionalista y diputado incondicional del civilismo leguiísta, sostuvo esta teoría al doctorarse en Filosofía y Letras.
(6) "Se enfurece en los tumultos o se humilla en las cadenas. Aunque estas reglas serían aplicables a toda América, creo que con más justicia las merece Lima." Simón Bolívar.
Fuente
Haya de la Torre, Víctor Raúl. 1927. Por la emancipación de América Latina: Artículos, mensajes, discursos (1923 - 1927), M. Gleizer Editor, Buenos Aires, Argentina.
Abril 10, 2010
Una posible alternativa al plan negociado en Bruselas entre Alexis Tsipras y los acreedores 2015-07-15 03:16:30
El 5 de julio de 2015, el resultado del referéndum convocado por el gobierno de Alexis Tsipras y el Parlamento heleno demostró que el pueblo griego rechazaba masivamente la continuación de la austeridad que continúan queriendo imponer las instituciones que antes actuaban bajo el nombre de Troika . Fue una hermosa victoria de la democracia.
Sin embargo, si se pusiera en práctica el acuerdo concluido el lunes 13 de julio por la mañana, significaría la prosecución de la austeridad en el marco de un nuevo acuerdo plurianual. Y eso está en total contradicción con el resultado del referéndum.
Esa propuesta incluye el abandono de una importante serie de compromisos tomados por Syriza durante su campaña electoral, que, por cierto, le permitió obtener una victoria histórica el 25 de enero de 2015. Syriza comprometió su responsabilidad ante el pueblo griego y sería trágico que no respetara ese compromiso, tanto más cuando ese pueblo le otorgó su claro apoyo tanto el 25 de enero como el 5 de julio.
Las concesiones hechas a los acreedores por el gobierno griego afectan a las pensiones, con una nueva reducción de sus montos (aunque Syriza se había comprometido a reponer el 13er mes para las pensiones inferiores a 700 euros por mes) y un retraso en la edad de jubilación, los salarios continuarán reducidos, las relaciones laborales estarán aún más precarizadas, el aumento de los impuestos indirectos, incluidos los que afectan a los ingresos pequeños, la continuación y aceleración de las privatizaciones, la acumulación de nuevas deudas ilegítimas con el fin de reembolsar las precedentes, la transferencia de activos griegos a un fondo independiente, la continuación del abandono de importantes elementos del derecho de autodeterminación, la limitación del poder legislativo en beneficio del de los acreedores….
Contrariamente a lo que se afirma, que a cambio de estas nefastas concesiones, Grecia obtendrá tres años de respiro y podrá relanzar de manera importante la actividad económica, la realidad mostrará que con el mantenimiento de la compresión de la demanda de las familias y del gasto público será imposible conseguir el excedente presupuestario primario anunciado en el plan.
Las consecuencias nefastas son ineludibles: en algunos meses o a comienzos del año próximo como muy tarde, los acreedores atacarán de nuevo a las autoridades griegas por el no cumplimiento de sus compromisos en términos de excedente presupuestario primario y avanzarán nuevas exigencias. No habrá ningún respiro para el pueblo y para el gobierno griegos. Los acreedores amenazarán con no desembolsar las sumas previstas si no se adoptan nuevas medidas de austeridad. Las autoridades griegas se verán cogidas en el engranaje de las concesiones. |2|
El Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia instituido por la presidente del Parlamento griego estableció en su informe preliminar, que se hizo público los días 17 y 18 de junio de 2015, que la deuda reclamada por los actuales acreedores debe ser considerada ilegítima, ilegal y odiosa. |3| El Comité también demostró que su reembolso es insostenible. Sobre la base de estos argumentos fundamentados en el derecho internacional y en el derecho interno, el gobierno griego puede suspender de manera soberana el pago de la deuda hasta que se obtengan los resultados finales de la auditoría. Esa suspensión de pagos es totalmente posible. Desde febrero de 2015, Grecia pagó 7.000 millones de euros a los acreedores sin que estos hayan desembolsado los 7.200 millones de euros que debían pagar a Grecia según el programa que concluyó el 30 de junio de 2015. Pero hay otros montos de dinero que deberían haber sido abonados a Grecia y no lo fueron: los intereses percibidos por el BCE sobre los títulos griegos, el saldo previsto por la recapitalización de los bancos, etc. Si Grecia suspende el pago de la deuda con los acreedores internacionales, puede economizar cerca de 12.000 millones de euros, que se supone que debe pagar de aquí a fines de 2015. |4| Al suspender el pago de la deuda, las autoridades griegas llevarían a los acreedores a hacer concesiones. Podrían resultar en una reducción radical del monto de la deuda, ya sea por medio de una negociación o de un repudio de la misma.
Es posible permanecer en la zona euro al mismo tiempo que se toman, de manera soberana, medidas de autodefensa y de relanzamiento económico.
Todos hemos podido comprobar que es imposible convencer, mediante una simple discusión, a la Comisión Europea, al FMI , al BCE y a los gobiernos neoliberales en el poder en los otros países europeos de que deben tomar medidas que respeten los derechos de los ciudadanos griegos, así como los de los pueblos en general. El referéndum del 5 de julio, que combatieron, no los convenció. Por el contrario, burlándose de los derechos democráticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias. Sin tomar fuertes medidas soberanas de autodefensa, las autoridades y el pueblo griego no podrán terminar con la violación de los derechos humanos perpetrados por las exigencias de los acreedores. Se debería tomar, a escala europea, toda una serie de medidas para restablecer la justicia social y la auténtica democracia. Técnicamente, no es complicado, pero se debe ser consciente de que en el contexto político y con la relación de fuerzas que predominan en la Unión Europea, los países con gobiernos progresistas no pueden esperar ser escuchados ni respaldados por la Comisión Europea, el BCE ni el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Al contrario, tanto esas instituciones, así como el FMI y los gobiernos neoliberales de los otros países europeos, combaten activamente la experiencia que se desarrolla en Grecia con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa que no existen alternativas al modelo neoliberal. En cambio, con medidas fuertes, las autoridades griegas podrían arrancar verdaderas concesiones o simplemente obligar a los acreedores a tomar nota de las decisiones soberanas. Es también fundamental crear una estrategia alternativa suscitando movilizaciones populares masivas en Grecia y en los otros países de Europa. Las autoridades griegas podrían apoyarse en eso para impedir las tentativas de aislamiento que, sin ninguna duda, organizarán las fuerzas opuestas a cualquier modificación en favor de la justicia social. En cambio, un proceso de ese tipo del gobierno griego reforzaría las movilizaciones populares y la confianza en sus propias fuerzas de los ciudadanos movilizados.
Para acompañar la suspensión del pago de la deuda ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible, propongo aquí algunas medidas que se deberían someter con urgencia a un debate democrático, ya que su naturaleza permitiría ayudar a que Grecia se pusiera de nuevo en pie.
1.- Las administraciones públicas griegas constituyen por lejos el accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (que representan más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían, por lo tanto, ejercer plenamente el control sobre los bancos con el fin de proteger el ahorro de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para sostener el consumo. Por una parte, sería conveniente hacer una valoración de las consecuencias de la participación mayoritaria del Estado en los bancos y conferirles un estatus de empresa pública. El Estado debería organizar una quiebra ordenada de los bancos, vigilando la protección de los pequeños accionistas y de los ahorradores. Se trata de recuperar el coste del saneamiento bancario sobre el patrimonio global de los grandes accionistas privados, ya que son ellos los que han provocado la crisis y luego abusaron del apoyo público. Se podría crear un «banco malo» para aislar los activos tóxicos en vista a una gestión hacia la extinción. Es necesario, que una vez por todas, los responsables paguen por la crisis bancaria, se sanee en profundidad el sector financiero y se lo ponga al servicio de la población y de la economía real.
2. Las autoridades griegas deberían intervenir el Banco Central . Cómo máxima autoridad, se encuentra actualmente Yannis Stournaras (nombrado por el gobierno de Antonis Samaras), quien pone toda su energía en impedir el cambio deseado por la población. Es un verdadero caballo de Troya al servicio de los grandes bancos privados y de las autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe ponerse al servicio de los intereses de la población del país.
3. Las autoridades griegas tienen también la posibilidad de crear una moneda electrónica (emitida en euros) para el uso interno en el país. Las administraciones públicas podrían aumentar las pensiones así como los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las personas, abriéndoles un crédito en moneda electrónica que podría utilizarse para múltiples pagos: facturas de la electricidad, el agua, el pago del transporte público, de impuestos, la compra de alimentos y bienes de primera necesidad en los comercios, etc. Contrariamente a un prejuicio infundado, incluso los comercios privados tendrían interés en aceptar voluntariamente este modo de pago electrónico, ya que, al mismo tiempo, les permitiría vender sus mercaderías y pagar sus cuentas con la administración pública (pago de impuestos y de los diferentes servicios públicos utilizados). La creación de esta moneda electrónica complementaria permitiría disminuir la necesidad de euros que tiene el país. Las transacciones en esta moneda electrónica podrían ser realizadas a través de los teléfonos móviles, como se hace en la actualidad en Ecuador.
El gobierno podría igualmente emitir títulos en papel bajo la forma de IOY (I owe you: yo le debo), equivalentes a billetes de 10 euros, 20 euros…. para hacer frente a la escasez de billetes en circulación. Presentan la ventaja, en relación con la dracma, de que dejan la puerta abierta a una negociación y permitirían a Grecia permanecer formalmente en la zona euro…
4. El control de movimientos de capitales debe mantenerse, así como debe establecerse un control de precios al consumo.
5. El organismo encargado de las privatizaciones debe ser disuelto y reemplazado por una estructura pública de gestión de los bienes nacionales, previa la suspensión de todas las privatizaciones. Estaría encargado de proteger el patrimonio público al mismo tiempo que generaría ingresos.
6. Las nuevas medidas deberían adoptarse en un marco de justicia fiscal, con el fin de reforzar en forma muy clara las medidas ya tomadas, con la decisión de imponer fuertes impuestos al 10 % más rico (y en particular al 1 % más rico), tanto sobre sus ingresos como sobre sus patrimonios. Asimismo, conviene aumentar fuertemente el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas privadas y de acabar con la exención fiscal de los armadores. También es necesario incrementar los impuestos que paga la Iglesia Ortodoxa, ya que en 2014 solamente desembolsó algunos millones de euros en impuestos.
7. Debería decretarse una reducción radical de los impuestos sobre las rentas bajas y sobre los pequeños patrimonios, lo que beneficiaría a la mayoría de la población. Los impuestos sobre los productos y los servicios de primera necesidad deberían reducirse radicalmente. Una serie de servicios de primera necesidad deberían ser gratuitos (electricidad y agua limitadas a un tipo de consumo, transportes públicos, etc,). Estas medidas de justicia social relanzarán el consumo.
8. La lucha contra el fraude fiscal debería intensificarse con la implantación de medidas muy disuasivas contra el gran fraude fiscal. De ese modo, podrían recuperarse sumas importantes de dinero.
9. Un amplio plan público de creación de empleo debería implementarse para reconstruir los servicios públicos devastados por años de austeridad (por ejemplo, en los ámbitos de la sanidad y de la educación) y para poner los primeros jalones de la necesaria transición ecológica.
10. Este apoyo al sector público debería acompañarse de medidas que tengan por objetivo un sostén activo a la pequeña iniciativa privada, que tiene un papel esencial actualmente en Grecia por medio de las microempresas.
11. Realizar una política de empréstitos públicos mediante la emisión de títulos de deuda pública dentro de las fronteras nacionales. Efectivamente, el Estado debe poder pedir créditos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo, realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de estos trabajos pueden financiarse por el presupuesto corriente gracias a opciones políticas muy firmes, pero los empréstitos públicos pueden posibilitar la realización de trabajos de mayor envergadura, por ejemplo, para pasar del «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes públicos, desarrollar el recurso a las energía renovables respetuosas del medio ambiente, crear o restaurar los ferrocarriles de proximidad en todo el territorio, comenzando por el urbano y semiurbano, y también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo el consumo energético y agregándoles comodidades de calidad. Se debería también financiar un amplio plan de creación de empleos propuesto más arriba.
Se debería definir urgentemente una política transparente de empréstito público. La propuesta que hacemos es la siguiente: 1) el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida que rompan con la lógica de la destrucción del medio ambiente; 2) el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva con el fin de disminuir las desigualdades. Por ello, proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas estén coaccionadas por via legal a comprar, por un monto proporcional a su patrimonio y a sus ingresos, obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexadas por la inflación , el resto de la población podría adquirir de manera voluntaria obligaciones públicas que garantizarían un rendimiento real positivo (por ejemplo del 3 %) superior a la inflación. De ese modo, si la inflación anual se eleva a un 2 %, el tipo de interés efectivo pagado por el Estado para ese año sería del 5 %. Una medida como ésta de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en Estados Unidos, contra las castas de la India o contra la desigualdad de género) permitiría avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigual de las riquezas.
Finalmente, las autoridades griegas deberían velar por la prosecución de los trabajos de la auditoría y de las otras comisiones que trabajan sobre los Memorandos y los daños de guerra.
Por supuesto hay otras medidas complementarias, que discutidas y decididas con urgencia pero democráticamente, sean susceptibles de completar ese primer dispositivo de urgencia, que puede ser resumido en los cinco pilares siguientes:
La toma del control por el Estado del sistema bancario y de una parte de la creación monetaria.
La lucha contra el fraude fiscal y la implantación de una reforma fiscal justa que aporte al Estado los recursos necesarios para la realización de su política.
La protección del patrimonio público y su puesta al servicio del conjunto de la población.
La rehabilitación y el desarrollo de los servicios públicos.
El sostén a la iniciativa privada de proximidad.
También, es muy importante que Grecia se comprometa en un proceso constitucional con una participación ciudadana activa, con el objetivo de permitir cambios estructurales democráticos. Para realizar este proceso constituyente, hay que convocar, mediante una consulta con sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada de elaborar un proyecto de una nueva Constitución. Una vez que ese proyecto se haya adoptado por la asamblea constituyente, la que deberá funcionar recibiendo también las propuestas y los requerimientos que emanan del pueblo, deberá ser sometido al sufragio universal.
En el caso de una exclusión de la zona euro provocada por los acreedores, o en el caso de una salida voluntaria de la zona euro, las medidas indicadas pueden adaptarse, en particular la socialización de los bancos, como fue la nacionalización del sistema bancario que se hizo en Francia después de la Liberación. Estas medidas deberán ir acompañadas con una importante reforma monetaria redistributiva que podría inspirarse en la reforma monetaria realizada después de la Segunda Guerra Mundial por el gobierno belga. Esta reforma tiene por fin tasar fuertemente los ingresos de los que se enriquecieron a costa de los demás. El principio es simple: se trata, durante el cambio de moneda, de no garantizar la paridad automática entre la antigua y la nueva moneda (un euro contra una dracma nueva por ejemplo) que hasta un determinado nivel.
Por encima del mismo, la suma excedentaria debe ser depositada en una cuenta bloqueada y su origen debe ser autentificado y justificado. En principio, lo que excede el nivel de referencia se cambia a un tipo menos favorable (por ejemplo, dos euros contra una dracma nueva); en caso de que se compruebe un origen delictuoso, el dinero puede confiscarse. Una reforma monetaria de este tipo permite repartir una parte de la riqueza de manera socialmente más justa. Otro objetivo de la reforma es el de disminuir la masa monetaria en circulación para poder luchar contra las tendencias inflacionistas. Para que esta reforma sea eficaz, es necesario establecer un control estricto sobre el movimiento de capitales y sobre el mercado de cambios.
He aquí un ejemplo (por supuesto, los baremos pueden modificarse después de un estudio del reparto del ahorro líquido de las familias y la adopción de criterios rigurosos)
| 1 euro es igual a 1 nueva dracma (n.D.) hasta 200.000 euros. 1 euro igual a 0,7 n.D. entre 200.000 y 500.000 euros 1 euro igual a 0,4 n.D. entre 500.000 euros y 1 millón de euros. 1 euro igual a 0,2 n.D. por encima de 1 millón de euros Si una familia tiene 200.000 euros líquidos, obtendrá 200.000 n.D. |
De este modo, se desarrollaría una verdadera lógica alternativa. Y Grecia podría finalmente dejar de estar sometida a sus acreedores. Los pueblos de Europa reencontrarían la esperanza en un cambio a favor de la justicia.
Traducido por Griselda Pinero
Notas:
|1| Éric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas por las universidades de Lieja y de París VIII, es portavoz- del CADTM internacional. Actualmente, es el coordinador científico del Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública instituido par la presidente del Parlamento griego en abril de 2015.
|2| El autor agradece a Stavros Tombazos, Daniel Munevar, Patrick Saurin, Michel Husson y Damien Millet por sus consejos en la redacción de este documento, pero el autor asume la total responsabilidad sobre el contenido de este texto.
|3| [cadtm.org]
|4| 6.640 millones de euros y 5.250 millones de euros se debe pagar al BCE y al FMI, respectivamente, de aquí al 31 diciembre de 2015. Fuente: The Wall Street Journal, [graphics.wsj.com] consultado el 12 de julio de 2015
Éric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, preside el CADTM Bélgica y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d'un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Ultimo livro : Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015.
Es coordinador de las publicaciones [Comisión de la Verdad Sobre la Deuda> 11484].
El discurso presidencial de Ayacucho 1988: A propósito de algunas inexactitudes 2015-07-05 22:11:00
Escribe: César Vásquez Bazán
Alan García Pérez en foto en su primer gobierno"Verdad, las ideas encarnan en los hombres; pero verdad también que desde hace muchos años, ninguno de nuestros hombres públicos representó ni siquiera la falsificación de una idea".Manuel González Prada, Los Partidos y la Unión Nacional, conferencia pronunciada el 21 de agosto de 1898 [1]
Entre el 20 y el 22 de mayo de 1988, la Juventud Aprista Peruana (JAP) celebró su Congreso Nacional en la ciudad de Ayacucho. Fue una reunión esclarecedora, donde se rindió tributo al verdadero mensaje de Haya de la Torre, es decir al aprismo hecho ideología, programa y movimiento popular.
Como era de esperarse, se abordaron en el certamen los temas que hoy constituyen la preocupación diaria de un apreciable sector del Partido. Entre otros asuntos, el Congreso examinó el errático accionar del gobierno de Alan García, cada vez más alejado del ideario del APRA; la falta de correspondencia entre el discurso del presidente y la práctica oficial; la inmoralidad generalizada en la administración pública y la desorganización e inmovilización del PAP.
El gobierno nominó al diputado Luis Negreiros Criado para intentar el control del evento. Instalado en un céntrico hotel ayacuchano, Lucho trató vanamente de orientar las deliberaciones del Congreso y la elección del nuevo Comando Nacional de la JAP. Baste decir que sonoras y continuas rechiflas expresaron el rechazo de la juventud al sorprendido parlamentarlo, dueño, como ya es de conocimiento general, de la extraña cualidad de responder afirmativamente a cualquier pregunta o propuesta que se le haga.
Comunicado del desborde japista, el presidente decidió intentar un golpe de mano y convertir las posiciones de censura en votos de aplauso. Además, sin que nadie se percatara, continuaría su campaña con miras a lograr que el Congreso Nacional del APRA solicite la reforma constitucional para permitir su reelección. Y es que, por más que afirme lo contrario, el doctor García es el gobernante peruano que en el siglo XX mas aspiró a su reelección. Esto sea dicho, claro está, sin ánimo de ofender la memoria de don Augusto B. Leguía.
Por eso, Alan en persona, ensayaría influir sobre la voluntad democrática de uno de los sectores más puros del aprismo. Bastaría –pensó– con pronunciar un buen discurso y el asunto quedaría arreglado.
Llegado a la sede del Congreso, García ordenó la reunión de todos los delegados. En ese momento se sesionaba en trabajo de comisiones. Allí comenzó la rebelión. Los jóvenes recordaron el estilo alanista de pronunciar prolongados discursos en los eventos partidarios, con el fin de impedir el debate de temas que le resulten pocos gratos. Como se sabe, tan peculiar procedimiento fue empleado exitosamente para controlar el Congreso del PAP, en julio de 1985, y en diversos plenarios posteriores. Los japistas se negaron a caer en el juego. Sólo cuando obtuvieron las seguridades oficiales de no interferencia en sus deliberaciones, el presidente pudo hacer uso de la palabra.
En la oportunidad, García utilizó su vieja actitud de decir al auditorio lo que, en su opinión, el auditorio deseaba escuchar. Con este fin, evaluó el ambiente político imperante. Tomó en consideración que la denominación acordada para el congreso fue la de Mártires del Aprismo. Recordó que la propuesta del nombre de Luis de la Puente Uceda obtuvo también una importante votación juvenil. Así, pues, decidió adoptar un tono izquierdista y beligerante.
La anterior sería la táctica respecto a la forma. En cuanto al fondo, García intentaría sorprender a los jóvenes con su quejumbrosa explicación: "El partido no me deja hacer la revolución. Todos son unos corrompidos. Los únicos militantes honestos y con voluntad de transformación somos ustedes y yo". Tan singular tesis también había demostrado su utilidad anteriormente, allá por el segundo semestre de 1985. Con ella fueron sorprendidos incautos intelectuales y algunos dirigentes de Izquierda Unida que, impresionados por la plática caudillista, llegaron a formar parte del cortejo oficial en los periplos presidenciales al exterior.
Sin embargo, de manera extraña, el denominado Discurso de Ayacucho fue convenientemente filtrado hacia el exterior del Partido, yendo a parar a las manos de dirigentes del Partido Popular Cristiano. ¿Las razones de tamaño descuido? Pues, a no dudarlo, la proximidad del Congreso Nacional del PAP, a celebrarse en agosto de 1988. En esa asamblea partidaria y a fin de evitar rendir cuentas verdaderas de su gestión, García deberá presentarse como una víctima de la derecha, premunido, además de un oportuno manto de izquierdismo. Además y sin lugar a dudas, ésa sería la fórmula más adecuada para evitar que aprista alguno intente criticar la mediocre ejecutoria del régimen. Para el discurso de Alan, ese torpe militante no sólo sería un divisionista sino, obviamente, un "aliado de la oligarquía".
En cuanto a la reacción de la derecha, ésta no se hizo esperar. Comprensiblemente –y jugando al golpe de estado fascista– sus diversos medios de comunicación cayeron en la celada del habilidoso político. En lo que toca al APRA, vale la pena analizar el discurso ayacuchano, en razón a las múltiples inexactitudes y medias verdades que contiene.
La nacionalización de la banca
La primera de estas inexactitudes se produjo cuando el presidente puso sobre el tapete el intento de nacionalización de la banca. De acuerdo con la versión publicada por el diario Expreso, el doctor García habría preguntado "¿Acaso estaba escrito en el plan de gobierno del Partido nacionalizar la banca?". Él mismo respondería: "Ésa fue mi propuesta, eso no estaba escrito en ningún programa del Partido". Más aún, el presidente planteó que en la defensa de la controvertida medida "la vacilación vino del Partido"… He aquí dos graves inexactitudes que deben ser aclaradas.
En primer lugar, debe destacarse el extraño y tardío interés demostrado por el doctor García respecto al Plan del Perú. Sin embargo, parece, definitivamente, que nunca lo leyó. Si lo hubiera hecho, se hubiera enterado que el plan de gobierno del Partido Aprista Peruano, preparado por la Comisión Nacional de Plan de Gobierno (CONAPLAN) y aprobado en el Congreso del PAP de julio de 1985, incluyó la nacionalización del sistema financiero como una de las principales transformaciones estructurales a ser cumplidas en el periodo 1985-1990. Al respecto, en la página III-32 del capítulo III, denominado La sociedad que aspiramos construir, quedó registrado: "La propiedad y el control estatales se considerarán así imprescindibles en aquellas actividades económicas estratégicas para el desarrollo nacional como... la operación del sistema financiero nacional, con la finalidad de poner el crédito al servicio de las líneas de desarrollo priorizadas" [2].
En segundo lugar, los militantes apristas –y con ellos la dirigencia popular del Partido– no tuvieron ninguna vacilación en quemarse y apoyar de manera pública la propuesta de estatización. Prueba de ello fue la manifestación popular de respaldo a la nacionalización en la que, paradójicamente, fue el propio Alan García Pérez quien dio un paso atrás y aceptó retirar a los interventores estatales de las entidades financieras. ¿O ya no recuerda el presidente la rotunda negativa expresada esa noche por el pueblo aprista ante su peculiar anuncio? En cualquier caso le recomendamos conversar, por ejemplo, con los integrantes del Comando Nacional Universitario que fueron agredidos por fuerzas oficiales de seguridad al exteriorizar su descontento en la Plaza de Armas.
Se quejó también el presidente de la vacilación del parlamento. ¡Por Dios, señor, no se puede faltar así a la verdad histórica! ¿Olvidó acaso Su Excelencia que un senador aprista entregó sus últimos instantes de vida en la defensa del proyecto? [3] Más aún, con sólo una que otra excepción, diputados y senadores cumplieron con diligencia y esmero las órdenes y contraordenes impartidas desde Palacio. Si hay algo de lo que no se puede acusar a los representantes del PAP es precisamente de rebeldía. No es que se desee ofender pero la obsecuencia parlamentaria a los mandatos presidenciales recuerda, permanentemente, las palabras de González Prada: "Desde los comienzos de la vida republicana, nuestras cámaras legislativas hicieron un papel tan degradante y servil, que muchos diputados y senadores merecieron figurar en la servidumbre de Palacio" [4].
Por esa razón, el país y la militancia del Partido contemplaron –unos con incredulidad y otros con vergüenza– cómo en la mañana, los integrantes de la célula parlamentaria llegaban al congreso nacionalistas y socializantes, en tanto que en la noche se retiraban impregnados de pragmatismo privatista. Finalmente, su falta de autonomía decisoria quedó demostrada a plenitud, al ordenarse desde Palacio la aprobación de los artículos 13 y 14 de la ley 24723.
Pero no nos olvidemos que quien sí vaciló –y bien– fue el propio poder ejecutivo.
¿O ya no se acuerda el presidente que el proyecto de Ley de Nacionalización fue enviado al Congreso sin la firma de todos los ministros de estado?
¿Ya olvidó el Presidente cómo fue que sus representantes personales, entre ellos el doctor Hugo García Salvatecci, premiado posteriormente con el nombramiento de Superintendente de Banca y Seguros, negociaron con los banqueros, mientras se discutía en el parlamento el proyecto de lo que luego sería la ecléctica ley 24723?
¿Ya no recuerda el presidente cómo dejó sin apoyo político a los interventores de distintos bancos (como los de Crédito y Wiese), obligándolos implícitamente a renunciar?
Así pues, cabe preguntarse ¿quién vaciló? Sin lugar a dudas el doctor García. En resumidas cuentas el sacrificado gobernante no debería buscar actitudes dubitativas donde no las hubo. El presidente debe asumir su responsabilidad como caballero y hombre de palabra y no intentar transferirla a otras personas o instituciones.
Sin embargo, debe formularse un comentario adicional. García guardó silencio respecto a los torpes procedimientos utilizados por el ejecutivo en el intento de nacionalización. Estos persisten, inclusive, hasta el día de hoy. Por mucho tiempo y para muchos peruanos, la palabra nacionalización no tendrá contenido revolucionario alguno. Para gozo de la derecha, nacionalización sólo será sinónimo de prepotencia y abuso. Nada más. Y eso, a no dudarlo, es un mérito de la gestión del poder ejecutivo.
Si realmente se hubiera querido llevar a feliz término la propuesta socializante debió haberse actuado de otra manera. De conformidad con el artículo 132 de la Constitución, los bancos debieron ser intervenidos el 28 de julio de 1985, buscando frenar sus prácticas oligopólicas, especulativas y de fuga de capitales. Luego, en forma progresiva, se debió dar a conocer al público sus múltiples prácticas en favor de los grupos de poder económico. Sólo después de haberse concienciado al pueblo y de haber coordinado acciones con otras fuerzas populares, debió haberse anunciado el proyecto de nacionalización.
Más aún, seguir esta táctica resultaba imprescindible, si se tiene en cuenta que la fuerza política que aspiraba a la nacionalización operaba en un régimen de democracia formal, es decir de poder compartido. Peor aún, en un país cuyos habitantes tienen cinco grados de primaria como promedio de instrucción. La derecha, dueña del poder económico, sabe muy bien que la manera de influir sobre la opinión de estos sectores, aprovechando de su alienación, pasa por el uso intensivo de los medios de comunicación. Esto fue lo que se propuso y esto fue lo que logró.
Por último, si hay algo que debe recordar el doctor García es que revolucionario no es el orador que se inflama un 28 de julio leyendo un discurso en el que se anuncia al Congreso la intención de estatizar el sistema financiero. En caso extremo, esa tarea puede ser desempeñada por un buen relator. Por el contrario, revolucionario es aquél que, efectiva y realmente, venciendo la oposición de los grupos de poder, logra llevar adelante la nacionalización de aquellos medios de producción que deben estar al servicio de la sociedad.
Las juventudes idiotizadas
Recordó también el presidente que "las juventudes de América Latina… están contagiadas e idiotizadas por el colonialismo cultural de las televisoras, de las novelas y de los panfletos". Lamentó amargamente que el gobierno no hubiera tomado decisiones al respecto.
En este aspecto, el señor presidente tiene toda la razón del mundo. En el campo de la lucha contra la alienación cultural, su gobierno no ha hecho gran cosa. Peor aún, tomó medidas en el sentido contrario. ¿O es que debe interpretarse de otra manera el nombramiento como asesor presidencial, con rango de ministro, de uno de los promotores de esa idiotización, es decir el dueño de la más poderosa red de televisión local?
Es innegable que durante estos tres años de gobierno personal, quedaron en el olvido las acciones a adoptar en el campo de la comunicación social. Estas se encuentran incluidas en el plan de gobierno aprista (tercer capítulo, páginas III-60 y III-61).
El señor presidente olvidó así que "en la nueva sociedad se democratizará la propiedad y la gestión de los medios de comunicación masiva, a efectos de imposibilitar que se conviertan en instrumentos de dominio o hegemonía social".
Hizo caso omiso, además, al planteo de fomentar que el mensaje de los medios de comunicación social "sea educativo y cultural; lleve información general; proporcione entretenimiento y, además, movilice a la opinión pública en torno al proyecto nacional, propiciando su participación en el proceso social".
El plan de gobierno aprista también afirma que "no existirá censura ni se permitirá la práctica de la autocensura. Tampoco se aceptará la deformación o presentación incompleta de noticias y, menos aún, el monopolio transnacional de la información".
Finalmente, el presidente García no quiso recordar que el plan de gobierno del PAP obligaba a suprimir "la comercialización de los sentimientos humanos dirigida al incremento de las ventas y a convertir al ciudadano en consumidor. Por tal motivo, la publicidad comercial contendrá fundamentalmente información analítica de los bienes; sus características y limitaciones; modalidades de utilización y posibilidades de mejoramiento; costos efectivos y precios de venta y el rol que cumplen en la sociedad. No se permitirá la publicación de anuncios engañosos que instrumenten al hombre o que atenten contra la dignidad de la persona, incluyendo el uso de estereotipos sexuales o raciales. Tampoco se permitirá la publicidad destinada a incentivar el consumo de drogas, alcohol, tabaco y, en general, todo producto dañino para la salud".
Mística y sensualidad
En el discurso de Ayacucho, don Alan afirmó que la militancia del PAP carece de mística y está ganada por el sensualismo. Nuevamente, atribuyó al movimiento aprista defectos propios de la dirección del gobierno. Con esta afirmación, el presidente demostró cuán lejano se encuentra del contacto con las bases políticas del aprismo. El compañero García debería ir, por ejemplo, a Paramonga, a Jaén, a San Martín de Porres, o a Tumbes y atreverse a repetir lo que dijo en el Congreso de la JAP. Que no le quepa duda al doctor García que sería inmediatamente llamado al orden y censurado por miles de militantes del partido, campesinos, obreros o miembros conscientes de la clase media.
Anecdóticamente, la opinión pública debería recordar que la acusación de falta de mística proviene del campeón del marketing político peruano. Surge de la persona que hizo del culto a la encuesta, norma de actuación política. ¿Puede formular semejante crítica, sólo tres años después de 1985, aquél que ordenó cambiar el Cóndor de Chavín por la paloma y la Marsellesa por el vals Mi Perú?
Sin embargo y afortunadamente, a pesar de los notables esfuerzos de Alan García por desapristizar el partido y convertirlo en un nuevo Acción Popular, la militancia, callada y disciplinadamente, sueña aún con hacer realidad el gran ideal de justicia para los trabajadores, inspirado en la obra de Víctor Raúl y el ejemplo de los mártires del aprismo.
No obstante, tras un breve análisis del discurso se podrá percibir la velada intención autocrítica. En realidad, el orador de Ayacucho estaba refiriéndose a sí mismo: "Qué autoridad moral tenemos nosotros, a veces pienso... cuando estamos rodeados de pseudo-comodidades pequeñas"…
Estas últimas palabras permiten deducir que García hablaba de su propio estilo de vida, rápida y entendiblemente imitado por altos dignatarios políticos y funcionarios públicos. Para muestra, el ministro que se disputa ser el más aplicado de sus discípulos: el secretario de Pesquería. Según propia declaración, tan alto personaje de un gobierno nacionalista, democrático y popular está rodeado de pseudo-comodidades pequeñas. Así, tras recibir mil quinientos millones de soles en préstamos del sistema financiero, este señor no puede terminar aún su modesta vivienda de interés social en el asentamiento humano Las Casuarinas, donde, como se sabe, viven casi todos los integrantes del frente único de clases explotadas por el imperialismo. Este señor, tan suelto de lengua para acusar de debilidad mental a parlamentarios colegas suyos, no se da cuenta de su propia debilidad e inconsecuencia política. ¿Qué hubieran podido hacer con esos fondos, por ejemplo, los pobladores de Villa El Salvador?
Por eso, ni León Alegría ni quien sale a la puerta de Palacio a expresarle su apoyo político, pueden reclamar mística al movimiento aprista. Un pueblo no puede confiar ni entregarse a la dirección de aquellos cuya conducta estaría confirmando que en el Perú, el vocablo política quiere decir hipocresía, mala fe y podredumbre con guante blanco.
La gusanera generalizada
Mencionó también el presidente que el APRA carece de un código de ética y que "apenas en tres años hemos visto una gusanera". Resulta obvio. Nuevamente el orador de Ayacucho confunde gobierno y partido. Es innegable que no es otra cosa que gusanera estar sentado a la misma mesa con los responsables de actos demenciales como la matanza de los penales o el asalto a las universidades.
Las palabras del presidente sirvieron, además, para comprobar algo que muchos militantes apristas ya sospechaban: la descomposición acelerada del régimen. Parafraseando a don Manuel, este gobierno "es hoy para muchos el arte de comer en todas las mesas y meter las manos en todos los sacos". Alan mismo está de acuerdo en que una importante cantidad de funcionarios públicos han convertido la masa cerebral en mera prolongación del tubo digestivo.
Empero, hay hechos preocupantes. Por ejemplo, hace regular tiempo, el señor Dionisio Romero hizo una muy grave afirmación en la televisión. Dijo que él había contribuido a financiar la campaña electoral del presidente García. En otro país, el afectado por la acusación hubiera acudido a las cortes judiciales a fin de exigir las aclaraciones del caso o la sanción pertinente. Sin embargo, aquí, en el Perú, no pasó nada. Algunos días después, el presidente desmintió tibiamente la versión del dueño del Banco de Crédito.
Hoy, ambos presidentes, Dionisio y Alan, gozan de aparente buena salud política. Empero, en un país consciente, por lo menos uno de ellos hubiera sido moral o legalmente castigado. Y es que o Romero financió la campaña del presidente, en cuyo caso el régimen contaría con un grave pecado original, o Romero mintió, en cuyo caso debería haber recibido sanción por la calumnia con la que ofendió la dignidad del presidente de la república.
Hay algo más triste aún. La inmoralidad imperante ha hecho que la nación olvide palabras parecidas a Guvarte o Svires. Como por arte de magia, antiguas corruptelas y peculados de fines de los años setenta y la primera mitad de los ochenta han sido eclipsados por la actual desvergüenza. En estas condiciones, el pueblo aprista ha asistido a una extraña transmutación. Hoy resulta moralizador y defensor de las libertades públicas el corrupto de ayer. Hoy pontifica sobre la democracia aquél que tiempo atrás se enriqueció valiéndose de ella.
Por otro lado, es falso que el Partido Aprista Peruano carezca de un código de conducta. Éste existe y es seguido por la inmensa mayoría de los militantes de base. Desde sus organismos juveniles, los apristas revolucionarios han sido formados en el cultivo de la moral. Víctor Raúl gustaba repetir: "Yo no quiero dinero ni puestos; quiero justicia para el pueblo peruano" [5].
Por eso es que el Código de la JAP ordena, entre otras cosas: "Se sincero. No tengas temor de decir la verdad. Un japista jamás habla a media voz... Nada por mí, todo por un nuevo Perú justo y libre... Si te has incorporado a la lucha es porque estás convencido de que la suprema razón de tu vida debe ser luchar por la justicia social que sólo el aprismo realizará... Cree en la lucha porque ella lo genera todo. Respalda tus organizaciones con tu acción... Centinela constante, condena enérgicamente toda incorrección, dondequiera que la comprobares..."
Por eso, el doctor García tendrá que aceptar que Víctor Raúl tuvo razón. ¿Recuerda Alan cuando el Viejo dijo que "los pueblos no se educan únicamente en las escuelas, colegios o universidades, se educan primordialmente en el ejemplo. La moralidad gubernativa es una de las enseñanzas fundamentales que deben darse aun pueblo"? [6] Haya ya se lo había advertido: "Cuando la juventud presencia el espectáculo de un país desorganizado, desmoralizado y vendido, la juventud no puede aprender sino una lección de desesperanza" [7].
No se sorprenda entonces, doctor García. Usted está cosechando los estériles frutos de su propia conducta.
La reconstrucción del Partido
En Ayacucho, el presidente del PAP recomendó a los japistas que "hagan un código de ética militante para reconstruir el partido de la nada".
¡Qué extraño! Desde hace tiempo, diversas bases y compañeros se encuentran trabajando con ese objetivo, a pesar de la velada oposición de la dirección partidaria. Y por esa mística, que sí existe aunque el doctor García la desconozca, es que se produce la protesta partidaria. En todo el país, y sin concertación alguna, se han multiplicado las ocupaciones de locales, al constatarse la inmoralidad del aparato público y el silencio y la inacción oficiales frente a las denuncias. En todo el país, jóvenes, profesionales y sindicalistas entregan su militancia a la defensa de los fueros de honestidad del APRA, afectados por la rapacidad de la gestión de los representantes del gobierno.
Frente a estos hechos, cabe preguntarse ¿qué hace el presidente y con él, la dirección del PAP impuesta en el Congreso de 1985? Someter a disciplina y en algunos casos, expulsar a aquellos que quieren impedir que su partido se convierta en un sindicato de ambiciones malsanas o en sociedad mercantil al servicio de unos cuantos pendencieros.
Por eso, debe inquirirse ¿quién está planteando la reconstrucción del PAP? ¿Las bases con su ansia de renovación o el hombre que concibe el partido como mero club electoral? ¿Es que acaso la desorganización del PAP no ha sido permitida por su actual dirección, a fin de evitar la participación orgánica del aprismo en la toma de decisiones nacionales? ¿Quién puede explicar cómo el futuro reconstructor puede ser, a la vez, el mismo que desde hace una década, casualmente, se desempeña como secretario nacional de organización, secretario general o presidente del PAP? ¿Puede olvidarse ese personaje, que se queja amargamente del partido y de su mística, que estatutariamente, él es el principal responsable del abandono de la ideología? ¿No es acaso este señor el mismo dirigente que sometió al olvido de las bibliotecas el programa y plan de gobierno del PAP y el mismo "comprometido con todos los peruanos" que renunció a los símbolos apristas?
Por todas estas razones y el respeto que merece el legado de Haya de la Torre, el presidente del Partido Aprista debería dejar de lamentarse y ponerse a la altura del compromiso que el pueblo le encomendó el 14 de abril de 1985. El doctor García sabe que los fundadores de la causa aprista y los fusilados de Chan Chan nunca se sintieron dolidos y, en cambio, lo dieron todo a cambio de un ideal. El doctor García sabe también que, aun hoy, ese sueño está por construir.
Notas
[1] Manuel González Prada. Horas de lucha, en Obras, Ediciones COPÉ, Lima. 1986, tomo II, volumen 3, p. 16.[2] La Secretaría Nacional de Sindicatos del PAP reeditó hace un año, exactamente, este capítulo del plan de gobierno aprista.
[3] Nos referimos al compañero Luis Felipe de las Casas Grieve.
[4] Manuel González Prada, obra citada, p. 131.
[5] Víctor Raúl Haya de. la Torre, Pensamientos de crítica, polémica y acción en Obras completas, volumen 2, p. 481.
[6] Víctor Raúl Haya de la Torre, obra citada, p. 476.
[7] Víctor Raúl Haya de la Torre, obra citada, p. 477.
Fuente: Diario La Voz, Lima, ediciones del 13 de julio de 1988, p. 15, y 14 de julio de 1988, p. 15.
© César Vásquez Bazán, 1988
Julio 13-14, 1988
Junio 25, 2006
La exclusión en el capitalismo contemporáneo 2015-06-30 18:23:00
Juan Grabois 1.- La exclusión como experiencia histórica Mi generación nació con la "transición democrática" latinoamericana. Democracias mutiladas por el Plan Cóndor y el exterminio de miles de campesinos, obreros, estudiantes, militantes populares que enfrentaron la bestia capitalista, anhelando la justicia social y la emancipación de sus pueblos. Democracias con olor a derrota y privatización, [...] Reconocimiento internacional del trabajo garantizado 2015-06-30 08:30:46
A Manuel Monereo
Todo hace pensar que el trabajo garantizado tendría una importante aceptación en países como el nuestro, azotado por una grave crisis económica que parece no tener fin. En un artículo reciente, Randall Wray llamaba la atención sobre una encuesta realizada por el Huffington Post en la que se preguntaba a los norteamericanos sobre las alternativas existentes para combatir el desempleo, inclinándose la mayoría por el trabajo garantizado. En España carecemos de datos sobre este particular, pero la preocupación manifestada por los españoles acerca del desempleo invita a pensar que la propuesta de trabajo garantizado, debidamente explicada y adaptada a nuestra realidad, podría obtener un respaldo mayoritario entre la población. En anteriores artículos hemos trazado las paredes maestras de la configuración jurídica que podría servir de cauce para laimplantación de un sistema de trabajo garantizado, reparando en el fundamento constitucional que sustenta la adopción de esta política pública. A continuación, nos referiremos al amplio reconocimiento que ha obtenido en el ámbito internacional, como correlato necesario de la vocación científica que inspira la propuesta. Vamos a ello.
El derecho al trabajo, entendido como la facultad de elegir un empleador en condiciones de trabajo dignas, se encuentra reconocido con carácter general en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En concreto, el artículo 23 de dicho texto legal establece que "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo", añadiendo a continuación, en estrecha relación con lo anterior, el derecho a una remuneración que garantice "una existencia conforme a la dignidad humana". A la vista de este precepto, cabe deducir sin demasiados problemas que el artículo 35 de la Constitución Española, al que nos hemos referido con detalle en una reflexión anterior, entronca directamente con el contenido de la citada Declaración, cuyo valor como parámetro interpretativo de los derechos y libertades constitucionales reconoce expresamente el artículo 10.2 de la Carta Magna.
Sin embargo, a pesar del temprano reconocimiento del derecho al trabajo en el ámbito internacional, el compromiso con el pleno empleo no se alcanzó hasta 1964, año de la aprobación del Convenio núm. 122 de la OIT sobre la política del empleo, que insta a los Estados signatarios a formular y llevar a cabo políticas activas destinadas "a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido". Más recientemente, pero en el mismo sentido, el pleno empleo se incorporó por derecho propio a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ocho propósitos de desarrollo humano establecidos en el año 2000 que todos los países integrantes de la ONU acordaron materializar durante el año 2015. En particular, la Meta 1B se refiere expresamente a la necesidad de "alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos", evidenciando la existencia de una conciencia común en el concierto internacional sobre la importancia del pleno empleo como objetivo fundamental de las políticas públicas.
Ahora bien, los buenos propósitos plasmados en estos instrumentos pierden vigor y se empequeñecen ante las graves consecuencias que la crisis económica está teniendo sobre el empleo y la protección social. Al aumento sin precedentes del desempleo cabría añadir el agravamiento de la pobreza y la creciente extensión de la economía informal, también en nuestro país. La gravedad y profundidad de la crisis pone sobre la mesa y visibiliza la necesidad de encontrar mecanismos eficaces para crear empleo y proporcionar trabajo a las personas que lo deseen, recurriendo a la intervención del Estado para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de trabajo. O, por expresarlo con otras palabras, en un contexto caracterizado por el desempleo masivo, el verdadero desafío ya no es considerar el pleno empleo como un objetivo conveniente y deseable, sino habilitar los instrumentos políticos y legales que contribuyan a hacerlo factible en el plazo más breve posible.
Pues bien, precisamente éste es el enfoque adoptado en el Pacto Mundial para el Empleo (PME), aprobado por unanimidad en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el 19 de junio de 2009, con la participación de los delegados de gobiernos, empresarios y trabajadores de todos los Estados miembros de la OIT. Abandonando la retórica neoliberal que impregnó buena parte de la producción jurídica de este organismo internacional durante los años ochenta y noventa, el PME se inscribe en el giro emprendido por la OIT a finales de esta última década, y muy especialmente a partir de la Recomendación 198 sobre la relación de trabajo (2006) y la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008). Ambos textos se inclinan claramente por impulsar el trabajo decente y reafirmar los principios protectores del Derecho del Trabajo como orientaciones irrenunciables de la política económica general. El PME profundiza y continúa esta evolución, confirmando el viraje que parece darse en la OIT ante el agotamiento del paradigma neoliberal.
En efecto, tras constatar que "la crisis económica mundial y sus consecuencias han puesto al mundo ante una perspectiva prolongada de aumento del desempleo y agudización de la pobreza y la desigualdad", el PME propone un conjunto equilibrado y realista de políticas que podrían contribuir a construir economías fuertes y atacar el problema del paro de una manera integral, sin merma de la necesaria sostenibilidad económica, social y medio ambiental. En lo que aquí interesa, al enumerar las alternativas disponibles para los Estados miembros, se menciona expresamente la posibilidad de "utilizar sistemas públicos de garantía del empleo, […] programas de obras públicas de emergencia y otros mecanismos de creación directa de puestos de trabajo". Posteriormente, al establecer la protección social básica que cualquier Estado debería dispensar a sus ciudadanos, el PME incluye la implantación de "sistemas públicos de garantía del empleo para los desempleados", que es la terminología utilizada por la OIT para referirse al trabajo garantizado.
Ciertamente, la forma jurídica del PME no es la de un convenio o una recomendación, sino la de una simple resolución, pero ello no debería llevarnos a subestimar su importancia política e incluso jurídica. Aunque carecen de obligatoriedad inmediata, las resoluciones son instrumentos que expresan el criterio o la opinión de la OIT sobre problemas urgentes e importantes del mundo del trabajo, anticipando el contenido de futuras recomendaciones y convenios de mayor alcance. Además, no se trata de una simple resolución incidental o de trámite, sino, como su propio nombre indica, de un gran acuerdo internacional alcanzado en el seno de la OIT por la representación tripartita de Estados, empresarios y trabajadores. En este sentido, conviene tener presente que, desde su adopción en 2009, el PME ha obtenido el respaldo de numerosas organizaciones y foros internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la 35ª Cumbre del G8 (L'Aquila), la 3ª Cumbre del G20 (Pittsburgh), la Unión Africana o el Banco Asiático de Desarrollo, por citar sólo las más destacadas.
En definitiva, las políticas de trabajo garantizado han recibido el apoyo explícito de la comunidad internacional a través del PME, dando sentido y significación al genérico derecho al trabajo reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es más, como hacía presagiar la forma jurídica utilizada por la OIT, la orientación política del Pacto ha sido posteriormente incorporada al texto de la Recomendación 202 relativa a los pisos nacionales de protección social (2012), cuyo artículo 9.2 insta a los Estados miembros a incluir "garantías de empleo" proporcionadas por regímenes públicos en los pisos nacionales de protección social. Cabe concluir, por tanto, que el trabajo garantizado no es sólo una propuesta económica provista de una importante base científica, sino también un instrumento reconocido internacionalmente para combatir y erradicar el desempleo ocasionado por la crisis del capitalismo.
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Héctor Illueca Ballester
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
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