sábado, 28 de marzo de 2015

La Contraloría pide más facultades anticorrupción y Ejecutivo aprueba pedido de extradición de MBL

La Contraloría pide más facultades anticorrupción 2015-03-20 10:58:45

El contralor Fuad Khoury pedirá al Congreso más facultades para combatir la corrupción en las entidades públicas. Indicó que una novedad es poder acceder al secreto bancario y de las comunicaciones de los funcionarios involucrados en estos casos, sin autorización judicial. Refirió que hasta ahora solo las autoridades judiciales y las comisiones investigadoras del Congreso tienen esa facultad. "La Superintendencia de Banca y Seguros, por ejemplo, puede intervenir un banco si ve que los depósitos están en riesgo", precisó. LA RAZÓN

Ejecutivo aprueba pedido de extradición de MBL 2015-03-19 11:47:17

El Consejo de Ministros aprobó el cuadernillo de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio, quien cumple arresto domiciliario en La Paz, Bolivia, informó la jefa del gabinete, Ana Jara. Belaunde Lossio es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de coautoría de peculado y asociación ilícita para delinquir, por su vinculación con la presunta red de corrupción del ex presidente regional de Áncash César Álvarez. Añadió que el expediente llegará a sede judicial boliviana antes de que venza el plazo de la detención del sindicado cerebro de 'La Centralita'. Jara explicó que el pedido de extradición no invalida una eventual expulsión de Martín Belaunde Lossio. Señaló que son las autoridades judiciales y del Ejecutivo de Bolivia, las que se deben pronunciar respecto a los pedidos de extradición y de expulsión, respectivamente, contra el ex asesor electoral del presidente Ollanta Humala. "De Perú no se puede tener la menor duda de que hemos pedido ambos extremos: la expulsión en el caso de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) que no conceda el refugio y no se lo dio; y ahora la extradición. Ambos pedidos los hemos tramitado. La pelota está en la cancha de Bolivia […] Un trámite no se opone al otro", manifestó. Para concluir, Jara señaló que el cuadernillo de extradición será enviado en las próximas horas a Bolivia, por medio de la Cancillería. Simultáneamente, el procurador anticorrupción, Joel Segura, viajará a La Paz para apoyar al abogado contratado por el Perú para que vea esta causa. LA RAZÓN

EL JUICIO A MANTILLA Y AL COMANDO Y LOS PROCESOS POR DDHH EN EL PERU 2015-02-26 17:20:33

Lo ocurrido con el proceso al comando paramilitar que operó durante el primer gobierno de Alan García, bajo la presunta dirección de Agustín Mantilla nos muestra varios de los problemas que acontecen, cotidianamente, con los juicios por violaciones a los derechos humanos en el Perú.

En mayo de 2013, se inició el primer juicio oral por este caso, luego de varios años de investigación. El proceso transcurrió lentamente durante 18 meses, periodo en el cual solo se pudo leer la acusación fiscal, enunciar las pruebas que serían presentadas, así como tomar la declaración de los 8 imputados en el caso, incluyendo a Mantilla.

Primer problema aquí: las audiencias se realizan con poca frecuencia, dentro de los plazos máximos que establece la legislación procesal penal. Ello ocurre tanto por la alta carga de trabajo de la Sala Penal Nacional. Este grupo de colegiados, que anteriormente solo tenían a dedicación exclusiva casos de terrorismo y de violación de derechos humanos, ahora tiene un alto número de procesos a su cargo dado que, durante los últimos años, ha asumido varios temas vinculados con criminalidad organizada e incluso temas de corrupción.  Los procesos por hechos ocurridos entre 1980 y 2000 pasan a la cola y no merecen la atención suficiente, más allá de familiares de víctimas e imputados, organizaciones de defensa de derechos humanos y algunos periodistas.

A fines de octubre de 2014, cuando se iba a iniciar la toma de declaraciones a los testigos, ocurrió lo que se conoce como quiebre de juicio oral. Así lo relató El Comercio:

Ese proceso judicial se quebró el último jueves y todo lo actuado volvió a fojas cero debido a que la jueza María Vidal La Rosa, de la Sala Penal Nacional, no asistió a la audiencia programada para ese día por tener una fuerte fiebre.

Dicha magistrada había faltado a la audiencia del martes 28 de octubre por problemas de salud. Debido a eso la sesión se suspendió y se reprogramó para el jueves 30. Según la ley, no puede haber más de doce días entre una audiencia y otra. La última sesión válida se desarrolló hace dos semanas.

Este quiebre se produce luego de 18 meses de haberse iniciado el juicio.

“Los responsables de esta situación son las autoridades judiciales que desde hace varios meses vienen realizando cambios en las salas penales que llevan procesos contra violadores a los derechos humanos, lo que ha generado un escenario que al enfermarse uno de sus miembros la etapa oral ha tenido que suspenderse y volver a empezar”, reza el comunicado de la Coordinadora (Nacional de Derechos Humanos, nota de DTP).

Aquí el segundo problema. Como bien indicó la CNDDHH, los cambios en las salas que ven los juicios por derechos humanos generan que los juicios orales se “quiebren” y vuelvan a empezar de nuevo, luego de varios meses. El caso del comando paramilitar es uno de ellos (de hecho, han transcurrido 3 meses para que pueda volver a iniciarse). Pero quizás el caso paradigmático es Chavín de Huántar, donde se procesaba a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de la exitosa operación militar. El juicio oral se quebró dos veces tanto por cambios de magistrados como por la destitución de uno de ellos. Al final, luego de 5 años, se comprobó una ejecución extrajudicial, los tres primeros acusados fueron absueltos por falta de pruebas y Zamudio está prófugo de la justicia.

Así, aquí hay dos tipos de perjudicados. De un lado, los familiares de las víctimas, quienes no satisfacen su necesidad de justicia en los lapsos adecuados. Y, de otro lado, los propios imputados, quienes no definen su situación legal en forma rápida.

Hoy debió iniciarse el nuevo juicio oral por el caso del comando. Sin embargo, hoy ocurrió lo siguiente. Informa Andina:

La Sala Penal Nacional decidió suspender el inicio del nuevo juicio oral, previsto para hoy, contra los presuntos miembros del comando paramilitar Rodrigo Franco, que operó en el primer gobierno de Alan García, cuando Agustín Mantilla era ministro del Interior.

Dicha decisión se adoptó por una acción de recusación presentada por la defensa de los familiares de las presuntas víctimas de este comando, que solicitó separar de la Sala a la magistrada Mirtha Bendezú por los supuestos nexos que tendría con el Apra.

La recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso.

En declaraciones a la Agencia Andina, la abogada Gloria Cano sostuvo que debe primar la transparencia y la imparcialidad en este caso que tiene más de 25 años sin resolverse.

"Hemos pedido un recurso de recusación para la magistrada Mirtha Bendezú Gómez, porque ella es esposa del señor Ricardo Chumbe, quien tiene una fuerte ligación con el estudio Peláez Bardales, que defendió a Alan García Pérez", comentó.

Y aquí el siguiente problema: la imparcialidad de los jueces. Por primera vez en años, se recusa a una magistrada de la Sala Penal Nacional, un colegiado que normalmente había dado muestras de imparcialidad y corrección en estos casos, más allá de si se estuviera o no a favor del sentido de sus resoluciones. He aquí un tema que el propio colegiado tendrá que revisar.

Para completar la información, el caso de la magistrada Bendezú resulta aún más complicado dado que ha participado en controvertidas absoluciones en primera instancia en este tipo de procesos. Según la completa página de la académica estadounidense Jo Marie Burt, ella intervino en la absolución del actual alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas, así como de los procesados en los casos Los LaurelesLucmahayco, Pomatambo y Parcco Alto y Marco Barrantes. En el caso Los Laureles y el que comprende al alcalde sanborjino, la Corte Suprema decidió iniciar un nuevo juicio oral, pero en el caso Pomatambo, se confirmó la absolución. Bendezú también ha emitido sentencias condenatorias, pero llamamos la atención sobre los casos donde absolvió, dado que, en todos ellos, la Sala Penal Nacional llegó a comprobar la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, un caso emblemático como el del comando paramilitar que operó durante el primer gobierno aprista, cuyos miembros son juzgado por cinco asesinatos, nos ayuda a mostrar las dificultades existentes en este tipo de procesos. Valdría la pena que los observemos con mayor atención.

(Foto:Perú.21)

La muerte de Nisman: peritos de parte presentan su informe 2015-02-23 05:46:11

Política Buenos Aires. La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman entra en una nueva semana sin que las autoridades judiciales a cargo de la misma parezcan contar con algún indicio firme acerca de si se trató de un homicidio o de un suicidio y, en este caso, si fue o no instigado. La investigación judicial se encamina a cumplir más de un mes sin que se conozca si la muerte de Nisman fue un suicidio o un asesinato.

La exesposa de Nisman solicitó un veedor de la Corte Interamericana 2015-02-12 15:14:16

Política Redacción La Voz y agencias Télam y DyN La exesposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, participó este jueves de la audiencia pública en el Senado organizada por la oposición y solicitó que se evalúe la posibilidad de solicitar un veedor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Arroyo Salgado "exigió" a las autoridades judiciales que investigan el caso "que se le dé el mismo tratamiento que a todos los procesos en trámite", según "el Código Procesal de la nación que establece que los sumarios sólo son públicos para las partes". Sandra Arroyo Salgado participó del debate en la audiencia pública realizada en el Senado por legisladores de la oposición.

Ordenan embargo preventivo de inmuebles de Eva Fernenbug 2013-07-02 13:58:29

La Quinta Sala Penal con Reos Libres dicta medida por 90 días prorrogables para futuras investigaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales.

Fuente

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