El papel es necesario en la actual Administración de Justicia y Procurador llamaría a Alan García por “Narcoindultos”

El papel es necesario en la actual Administración de Justicia 2015-07-29 17:19:34

En el Ministerio de Justicia se ha acogido la idea de que no es necesario que se use el papel en los órganos jurisdiccionales de los distintos órdenes, ya que se está tramitando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que servirá para sustituir el viejo soporte material de la escritura por el formato digital. La Exposición de Motivos de la futura ley de reforma de la principal norma procesal civil señala que "para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se establece el 1 de enero de 2016 como fecha límite a partir de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán usar los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación, debiendo la Administración competente establecer los medios necesario para que ello sea una realidad". Además, se están intentando aplicar otras medidas complementarias.

 

En el presente, por el crecimiento y los avances que se han logrado en el ámbito de la tecnología durante las últimas décadas, la idea más contundente es la que se refiere a la implantación de sistemas informáticos para hacer las labores vinculadas a las distintas profesiones que tienen por objeto un trabajo de naturaleza intelectual. Esta tendencia está alcanzando el ámbito de los órganos jurisdiccionales en España, que deberían comenzar a desarrollar sus actuaciones a través de los medios tecnológicos, que otorgan muchísimas ventajas ventajas para el personal que está al servicio de la Administración de Justicia y para los ciudadanos.

 

En la prensa se puede hallar una buena colección de fotos, en las que se puede ver como son bastantes los juzgados y tribunales que están inundados con el papel. Algunas de esas imágenes asustan y sirven para comprender con mucha facilidad algunos de los factores que producen la poca eficiencia de los procesos jurisdiccionales, que tienden a padecer dilaciones indebidas en muchos casos por el transcurso de un tiempo excesivo desde que se inician hasta que terminan. Además, plasman la incógnita de cómo es posible que se pueda transitar por las oficinas de esos órganos.

 

Es verdad que las inmensas cantidades de papel que hay en los juzgados y tribunales resulta perjudicial. CSIF denunció en un comunicado en el mes de marzo que la acumulación de montañas de papel en los juzgados madrileños está produciendo a los funcionarios que trabajan en esos órganos enfermedades respiratorias. También es verdad que los juzgados de Estepa llegaron a estar sin el papel que necesitaban para poder continuar desarrollando su trabajo.

 

El problema principal es que, si bien es cierto que no debería hacer falta papel, es verdad que es totalmente necesario, ya que no existen medios tecnológicos adecuados en los órganos jurisdiccionales. Muchos ordenadores no funcionan correctamente y son bastantes los que necesitan ser sustituidos. Además, hay otros obstáculos para implantar la digitalización total de los procesos judiciales, que deberá ser financiada por las Comunidades Autónomas, que no están siendo, generalmente, demasiado propensas a aumentar los gastos presupuestarios en materia jurisdiccional. No es extraño, por estas circunstancias, que sean muchos los juristas que muestran su pesimismo en relación con la supresión del papel en las oficinas de los juzgados y los tribunales.

 

Se van a invertir 47,6 millones de euros para lograr que los órganos jurisdiccionales puedan trabajar sin tener que utilizar el papel a partir del año 2016. Sin embargo, habrá que ver si, efectivamente, se conseguirá realizar esa inversión de una forma categórica y seria.

 

Uno de los problemas será la conversión de los documentos que están impresos para que puedan ser documentos digitales. Habrá que analizar la situación para determinar cuáles son las actividades más adecuadas, ya que, a causa de todos los procesos que llevan años observándose en los órganos jurisdiccionales, será complicado que se pueda tardar poco tiempo en lograr la efectiva digitalización de los archivos que hay en papel, debido a que será necesaria la creación de fotografías o la realización de traspasos a los discos duros de los ordenadores, y si se estableciera que se podrá seguir trabajando con los documentos impresos, sería complicado poder llegar a ver juzgados sin papel.

 

Puede existir otro gran problema debido a la ausencia de suficientes conocimientos técnicos de naturaleza informática de muchos trabajadores de la Administración de Justicia, que, en muchos casos, requerirán una formación complementaria para ajustarse a los cambios en sus herramientas de trabajo. Este hecho implicará una contundente inversión de tiempo y de dinero que podría llegar a ser muy beneficiosa en los próximos años, pero que, posiblemente, no será valorada objetivamente desde una perspectiva adecuada por las personas competentes para aplicar la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se tienen presentes los antecedentes que hay en las inversiones de recursos públicos en el campo jurisdiccional.

 

Hay que decir que será totalmente imposible que se pueda modernizar correctamente la forma de trabajar de los órganos jurisdiccionales mientras no se realice la aportación de medios suficientes en el ámbito personal y en el ámbito material para poder ajustar al formato digital todos los documentos para lograr que su tratamiento informático sea verdaderamente adecuado. La ausencia de actividades que puedan ayudar a una auténtica digitalización de la Administración de Justicia acabará consiguiendo, únicamente, que la Ley sea imposible de aplicar y que no deje de ser una norma decorativa en el ordenamiento jurídico procesal español.
En el futuro, si la situación de los órganos jurisdiccionales mejora sustancialmente, podrá ser posible llegar a ver procesos judiciales en los que el papel no sea imprescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. Sin embargo, parece que todavía falta mucho tiempo para que pueda lograr implantar una Administración de Justicia digital.

Procurador llamaría a Alan García por "Narcoindultos" 2015-07-22 15:16:02

Joel Segura, el procurador no descartó que Alan García sea llamado como testigo en el juicio por el caso de los 'narcoindultos', cuyo principal acusado es el ex titular de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel.

Joel Segura indicó que si durante el proceso aparecen datos o nuevos elementos que merezcan ser confirmados, el líder aprista podría ser convocado a declarar. Lo que se busca –dijo- es encontrar la verdad y determinar qué delitos se cometieron.

"No lo descartamos (…) Vamos estar muy atentos a eso (…) Haremos los pedidos que consideremos necesarios", indicó el abogado del Estado luego de suspenderse el inicio del juicio oral por los 'narcoindultos'.

Señaló que Alan García no está considerado como testigo porque no hubo mención especial sobre él en las coimas que se realizaron en la Comisión de Indultos, del Ministerio de Justicia, para la conmutación de penas y la liberación de narcotraficantes. "Hay 23 casos que se van a probar en este juicio", sentenció Segura.

Hace dos días, el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, consideró que Alan García debe ser llamado para declarar como testigo. "Allí se desprenderá con más claridad su participación, y eventualmente el Ministerio Público podría abrirle investigación", aseveró.

Además de Miguel Facundo Chinguel están siendo procesado los ex funcionarios de la comisión de gracias presidenciales Noelia Gómez Paulet, Manuel Carrera Toribio, Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Fabiola Ojeda Julca y Jaime Acevedo Saavedra.

De igual forma, el ex funcionario José Marruffo Acosta, quien fue asesor del condenado ex ministro aprista, Aurelio Pastor, así como los ex delegados del penal de Lurigancho Carlos Butrón Dos Santos (a) 'Brasil', Henry Cutipa Paricahua y Rafael Agurto Chiguán.

El Ministerio Público solicitó penas que van de los 3 a los 17 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado.

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Fuente: Perú21

Este es el enlace de El Comercio que todos queremos compartir pero Facebook no nos deja 2015-07-20 13:05:29

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