"Por favor, señor, acabe con las lacras que venden drogas a nuestros hijos", ruega Norma en la puerta de su precaria casa del Barrio Fiscal 5, uno de los más 'bravos' del Callao. Se lo dice al general Cluber Aliaga Lodtmann, cuando lo ve pasar escoltado por policías luego de que el gobierno prorrogó el estado de emergencia en esa provincia constitucional por 45 días a partir del 18 de enero.
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A través de un decreto supremo publicado ayer en El Peruano, se establece que el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional. Esta decisión se adoptó a petición del comando de la PNP a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en todas sus modalidades.
Las súplicas de las madres de familia que viven en las zonas de Atahualpa, Castilla, Chacarita, Puerto Nuevo, Ventanilla, y Los Barracones, se repiten cuando ven a cualquier policía pasar cerca a ellas. "Necesitamos que nuestros hijos puedan volver a jugar en la calle", grita algo tímida Susana Infantes, otra vecina.
Los reclamos de muchos de los vecinos se entremezclan con algo parecido al alivio por la prórroga del estado de emergencia que, como se recuerda, se inició el 4 de diciembre del 2015, por 45 días.
La norma establece la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio. Se podrá intervenir de menra temporal sin orden judicial.
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