Es Novedad, Abrirían juicio oral contra Luis Castañeda - 05/10/2015 14:52:03
" El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria decidiría el inicio del juicio oral contra el alcalde Lima, Luis Castañeda Lossio, por el presunto delito de peculado doloso, al haber cobrado doble sueldo durante sus dos primeras gestiones.Así lo informó el impulsor de la demanda en contra del burgomaestre, Carlos Ortiz Ñahui, quien recordó que el mes pasado el tribunal excluyó del proceso a los 29 regidores de la anterior gestión de Castañeda, porque autorizaron los pagos "bajo la creencia de que su conducta era lícita", pero afirmó que en el caso del alcalde sí existen indicios para acusarlo.
Como se sabe, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez formuló una acusación penal por peculado doloso contra Castañeda Lossio y solicitó cuatro años de pena privativa de la libertad y tres de inhabilitación para ejercer un cargo público, ya que según refiere recibió dicho monto pese a prohibiciones expresas del Gobierno Central y directivas específicas de la propia comuna.
De otro lado, Ortiz Ñahui confirmó que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria admitió el pedido de levantamiento de inmunidad de los legisladores Luis Galarreta y Virgilio Acuña, acusados de peculado doloso por presuntamente apoyar el incremento salarial de Castañeda cuando fueron regidores de la Municipalidad de Lima.
Fuente: Correo
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Información: Excluyen a ex regidores de Luis Castañeda - 07/09/2015 13:52:11
" El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria excluyó a 29 regidores de la anterior gestión de Luis Castañeda Lossio del proceso que le sigue al alcalde de Lima por el cobro de "doble sueldo".Durante audiencia pública, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez señaló que los ex concejales que autorizaron los pagos "actuaron bajo la creencia de que su conducta era lícita".
No obstante, Sánchez estableció que sí existen indicios para acusar al alcalde metropolitano por el delito de peculado por haber percibido de S/.189.140, entre enero del 2004 y julio del 2006, bajo el argumento de que desempeñaba la función de burgomaestre y presidente regional de Lima al mismo tiempo.
Al respecto, Mario Castañeda, abogado de Luis Castañeda Lossio, alegó que el pago de las "asignaciones extras" fue legal y obedeció a que realizaba "doble función".
En el proceso también están incluidos Carlos Manuel Chávez Málaga, ex gerente municipal, y Ulises Merino Rojas, sub gerente de tesorería durante los mencionados años.
La próxima audiencia del caso será el 6 de octubre y se realizará el requerimiento de acusación por parte de la Fiscalía en contra de Luis Castañeda Lossio, informó.
El 15 de junio pasado, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez formuló acusación penal por peculado doloso contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y solicitó cuatro años de pena privativa de la libertad y tres de inhabilitación para ejercer un cargo público. En su resolución, la fiscal agregó que Castañeda percibió dicho monto pese a prohibiciones expresas del Gobierno Central y directivas específicas de la propia comuna.
Fuente: El Comercio
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Es Noticia, EL APRA Y EL NARCOTRAFICO - 22/04/2015 14:06:52
" No vamos a caer en el reduccionismo de involucrar a toda la militancia aprista con la corrupción o el narcotráfico. Conocemos aquí a varios militantes que viven exclusivamente de su trabajo y, más allá de las discrepancias claras con la actuación del APRA en sus dos gobiernos, creemos que esto debe enfatizarse.Dicho esto, pasemos a la reflexión de fondo.
El caso de Gerard Oropeza, que comenzó como una noticia estrictamente policial, se ha convertido en una peligrosa bola de nieve para el Partido Aprista Peruano. El hoy investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico era, hasta hace pocos días, militante aprista. Su madre fue candidata al congreso en 2011 por dicha agrupación política. La mayoría de contratos de su empresa con el Ministerio Público se celebraron cuando dos Fiscales de la Nación con cercanías familiares con el partido encabezaban la institución. Y el exgobernador de La Molina, también con carnet, fue quien le dió la constancia de posesión de la casa embargada a José Enrique Crousillat.
Para colmo, su abogado, Miguel Facundo Chinguel, adquirió acciones de sus empresas, aparentemente en una operación simulada. El hoy encarcelado hombre de leyes es, además, el principal implicado en el caso Narcoindultos, el mayor hallazgo de la Megacomisión presidida por Sergio Tejada.
Este último caso tiene dos aristas. La primera se vincula con la desnaturalización de una gracia presidencial, medida excepcional por la intromisión que supone una decisión del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, para una liberación masiva de involucrados en narcotráfico. Como resume Carlos León Moya:
Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión "dan cuenta de un uso sin precedentes" de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, "al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este". Asimismo, encuentra "alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada".
En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.
En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de "erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales".
Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.
A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.
La segunda es aún peor: existen serias evidencias de pagos por los indultos. Como resumió, hace dos años, Oscar Castilla para El Comercio:
En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.
"Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso", dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.
Lamentablemente, no son los únicos casos en los que se ha vinculado a miembros del APRA con el narcotráfico. Como bien señala el diario no estatal más antiguo del país, otros tres casos serán materia de una dosis de memorex en estos días.
Para empezar, la donación de 5,000 dólares a la campaña de Alan García en 2006 por parte de Alfredo Sánchez Miranda, miembro de la familia Sánchez Paredes, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Cuando se conoció el hecho, en 2011, García devolvió el dinero en efectivo. En esos mismos días salieron varias pistas sobre los vínculos entre uno de los hijos del exministro Luis Nava Guibert y la familia Sánchez Paredes.
Otro es el caso de Manuel Ángel del Pomar, en la década de 1980. Resume El Comercio:
Un golpe contundente contra el primer gobierno de Alan García fue la detención de uno de los diputados de su partido. El 27 de setiembre del 1988, el aprista Manuel Ángel del Pomar fue capturado por la Interpol al intentar cobrar un cheque por 18 mil marco alemanes de una cuenta del CommerzBank, en Berlín. La cuenta estaba vinculada al narcotraficante Manuel García Montes.
Posteriormente, Del Pomar huyó del país, y tras estar prófugo durante 4 años y cinco meses, se entregó a la justicia peruana el 10 de noviembre de 1993. Es condenado a 4 años de prisión con libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.
Y, 34 años atrás en el tiempo, nos podríamos remontar al caso de Carlos Lanberg, el primer gran destape sobre narcotráfico hecho por Gustavo Gorriti para Caretas. El experimentado periodista pudo descubrir la trama de la organización criminal encabezada por el narcotraficante, así como los vínculos con el partido, que incluían a algunos personajes que luego cayeron en desgracia, así como aportes a la campaña presidencial de 1980 y al mantenimiento de Villa Mercedes, la casa donde murió el fundador de la agrupación. Como bien anotó Gorriti en su momento, el escándalo desatado fue uno de los principales factores que permitió el ascenso de Alan García a las altas instancias del APRA en 1982.
Por el momento, las defensas apristas se resumen en dos vertientes. De un lado, militantes como Javier Barreda reconocen que hay "manzanas podridas" en el partido, pero que las mismas no pueden manchar a cientos de partidarios honestos. De otro lado, dirigentes como Jorge del Castillo que más bien juegan a decir "los demás tienen más vínculos que nosotros con el narcotráfico".
El problema es que, como sugiere hoy Fernando Vivas, estas respuestas son insuficientes. El sociólogo y periodista plantea la necesidad de una poda en el padrón, pero también la instalación de una comisión interna con expertos independientes y militantes probos que pueda, de una vez por todas, hacer una depuración en serio en Alfonso Ugarte y que, además, pueda entregar sus hallazgos a las autoridades pertinentes. De lo contrario, afirma Vivas, la candidatura de García corre serio riesgo de quedar bastante quiñada.
El asunto no es de broma y, lamentablemente, el discurso ha sido, de la calle para afuera, demasiado defensivo en torno a las responsabilidades políticas que le caben al APRA por estos casos. Quizás es tiempo que, por un momento, la mística basada en el martirologio ceda y de paso a una reflexión serena sobre los errores cometidos. Porque si bien es cierto que las responsabilidades penales son individuales, la facilidad como esta gente se metió a militar en el partido (o a aportar en las campañas), así como la ejecución de una política de liberación de sentenciados por narcotráfico mediante la aplicación masiva de indultos requieren brindar una respuesta colectiva al país.
(Foto: Andina)
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