domingo, 1 de marzo de 2015

Otárola negó haber llevado maletines de dinero a su partido y Otárola negó haber llevado maletines de dinero a su partido

Otárola negó haber llevado maletines de dinero a su partido 2015-02-23 00:08:04

El ministro de Justicia negó irregularidades en los aportes que recibió el nacionalismo en la campaña del 2011


Otárola negó haber llevado maletines de dinero a su partido 2015-02-23 00:08:04

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Testimonios chilenos e internacionales sobre el saqueo del Perú durante la Guerra del Salitre.- Chile ladrón: El saqueo del Perú (Segunda Parte) 2015-02-18 19:03:00

Escribe: César Vásquez BazánDoctor en Estudios Internacionales, Universidad de DenverEconomista, Universidad de San Marcos de LimaCorreo electrónico: cesar.vasquez@yahoo.com


CHILE LADRÓN:EL SAQUEO DEL PERÚ DURANTE LA GUERRA DEL SALITRE
Parte I:     La usurpación chilena del territorio peruanoParte II:   Testimonios chilenos e internacionales sobre el saqueo del PerúParte III: Principales saqueos chilenos en el Perú durante la Guerra del Salitre Parte IV:        Leyes de guerra aceptadas por Chile en 1879


Ilustración I-1Balneario de Chorrillos saqueado y destruido por el ejército de Chile13 de enero de 1881
Ilustración I-2Saqueo de Chorrillos por el ejército de Chile
Ilustración I-3Soldados chilenos saqueando Chorrillos
En 1879, Perú sufrió una guerra de agresión y conquista territorial planificada con años de antelación por la República de Chile. Muchos tienen presente que el territorio peruano fue desmembrado con el robo de Tarapacá y Arica (49 mil kilómetros cuadrados). Sin embargo, lo que no se recuerda es que en la Guerra del Salitre, entre 1879 y 1884, las fuerzas armadas de Chile cometieron en el Perú crimenes de lesa humanidad. Fue además una expresión de repudio racista contra una nación constituida por cholos, mestizos e indios.
Para llevarla adelante, el gobierno de Chile adquirió la experiencia necesaria "pacificando" la Araucania y cancelando la vida de miles de pobladores indígenas, habitantes originarios del propio Chile.
Las acciones en las que se vieron envueltas las tropas chilenas durante la invasión del Perú configuran crímenes horrendos: genocidio, violación y saqueo. Burlándose de la Convención de Ginebra de 1864, aceptada por Chile, las tropas invasoras "repasaron" a los heridos peruanos degollándolos, destrozándoles el cráneo a culatazos, o traspasándolos a bayonetazos. Fusilaron a los prisioneros, asesinándolos con la mayor frialdad.

Chile no mostró respeto ni humanidad con los vencidos. Siguiendo repetidas órdenes de su comando, el ejército de Chile se enorgullecía de "no tomar prisioneros". Triste condición la de un país cuyos principales "héroes" militares empañaron su foja de servicios con los crímenes de guerra cometidos en el Perú.

A los peruanos de toda condición "repasados" por la cuchillada aleve de los invasores debe añadirse las violaciones de las mujeres de decenas de pueblos peruanos que fueron salvajemente humilladas, vejadas, y muchas de ellas asesinadas por los soldados chilenos.

Asimismo, hogares, pueblos, iglesias, haciendas e instituciones públicas y privadas, fueron saqueados, incendiados y destruidos por las tropas de ocupación, que remitían conscientes a Chile el botín de la rapiña.

Inclusive, después de 1879, en las primeras décadas del siglo XX, cuando Tacna y Arica se encontraban ocupadas por los invasores, la política oficial del gobierno chileno –conocida como "chilenización"– violentó, e incluso asesinó, a los peruanos que en esa tierra –su propia tierra– levantaban la bandera de Bolognesi, Grau y Cáceres y se negaban a adoptar la nacionalidad chilena.
Las conductas que describimos ilustran la manera en que el ejército de Chile procedió entre 1879 y 1884. El genocidio, desmembramiento territorial y saqueo del Perú cometidos por Chile es historia que no puede borrarse. Trasunta el pasado y problematiza gravemente el futuro. Para los peruanos es una lección que debemos mantener presente, no sólo por patriotismo y dignidad, sino por mero instinto de conservación nacional.

Los pueblos del Perú, Chile y Bolivia deben tomar conciencia de la gravedad y extensión de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas chilenas en el Perú entre 1879 y 1884. Específicamente, el presente artículo ha sido preparado con la finalidad que se conozcan los saqueos y robos cometidos en nombre de Chile, contra el Perú y los peruanos, durante el Conflicto del Salitre. La descripción de las acciones de pillaje que se presentan están sustentados con evidencias documentales, muchas de ellas chilenas, que demuestran la responsabilidad histórica del país del sur en la ejecución de los citados crímenes de guerra.


IEl saqueo del Perú
La Guerra del Salitre se desarrolló entre 1879 y 1884. A lo largo de esos cinco años, el ejército de Chile saqueó el Perú a su voluntad. Al entrar a las ciudades y pueblos peruanos, el ejército de Chile se apoderaba violentamente –o bajo amenaza de incurrir en violencia– de los objetos de valor que encontraba en el lugar.
Algunos de los múltiples robos chilenos en Lima fueron mencionados por Jorge Basadre: "Los chilenos se apoderaron de las rentas del Municipio [de Lima] que servían para la educación; se llevaron leones, lebreles y otras estatuas de los paseos públicos de Lima, así como los cañones de la fortaleza del Callao y saquearon diversos establecimientos públicos y privados. Entre ellos estuvieron la Biblioteca Nacional despojada de muchos de sus libros; la Universidad de San Marcos a la que se dejó sin bibliote­ca, sin parte del archivo, sin gabinetes de Química y de Física, sin muebles en la sala del Consejo Universitario, acen­tuándose estas pérdidas en la Facultad de Medicina; la Escuela de Ingenieros que resultó sin biblioteca, archivo, laboratorio, útiles, instrumentos, máquinas, vidrieras, enseres; la Escuela Militar privada de libros y muebles y hasta de ollas y de platos para los alumnos; la Escuela de Artes y Oficios, desmantelada; el Colegio de Guadalupe; el Palacio de la Exposición del que fueron extraídos animales raros, estatuas y todo lo movible; el Jardín Botánico; la fábrica de pólvora donde desaparecieron toda la maquinaria, los enseres, útiles, herramientas, existencias, materias primas, la madera y otros objetos del edificio tal como las lozas del piso; la Sociedad Fundadores de la Independencia, sin los retratos de San Martín, Bolívar y otros; la imprenta del Estado íntegramente deshecha así como la imprenta de La Patria aunque era de propiedad particular" (Basadre 1968-70, VIII: 326-327).

La relación es incompleta y a ella debe añadirse el saqueo del Archivo Nacional, el robo de la maquinaria de la Casa de la Moneda, la sustracción de los instrumentos del Observatorio Astronómico, el robo del reloj de Pedro Ruiz Gallo, el robo del Monumento al 2 de Mayo destinado al Callao, el robo de los objetos de la la Hacienda Montalván, la sustracción de dinero en efectivo, valores, monederos, ganado, metales preciosos, joyas, relojes, pianos, muebles, libros, artículos de decoración del hogar, rejas de fierro, piezas arqueológicas, antigüedades, custodias sagradas, ornamentos de oro y plata de las iglesias, bordados y joyas de las efigies de los santos, relojes de los campanarios, obras de arte, pinturas, cuadros, bancos de mármol, rieles de ferrocarril, fuentes, farolas ornamentales, postes de alumbrado público, bancas de piedra tallada, imágenes de los cementerios,  y hasta las estatuas de mármol de George Washington y Abraham Lincoln, que fueron colocadas luego en el patio del Edificio Central de Correos en Santiago.

IIAlgunos testimonios sobre el saqueo del Perú
Existen testimonios abundantes del saqueo chileno del Perú. Tratando de dar una idea inicial, genérica e imparcial sobre los robos efectuados por el ejército de Chile en nuestro país, se ha seleccionado un conjunto de testimonios, preparados por autores chilenos, estadounidenses y franceses, de los que no puede sospecharse inclinación en favor del Perú.

II-1.  Testimonio del periódico chileno El Barbero

El historiador chileno Milton Godoy Orellana publicó en el año 2011 algunas de las caricaturas de la época de la guerra, provenientes del periódico chileno El Barbero, y que ilustraban los robos ejecutados por la soldadesca chilena. En la primera de ellas, aparecida en la edición del 29 de noviembre de 1879, el general chileno manco Erasmo Escala Arriagada se acerca a tierra llevando sobre los hombros el producto de los robos y saqueos perpetrados en el Perú. En la segunda, tomada de la edición del 16 de diciembre de 1879, se muestra a dos soldados chilenos. El primero de ellos sostiene en los brazos los robos realizados en Iquique y Tarapacá; el otro lleva una canasta con el producto de los hurtos en los territorios peruanos de Pisagua, Dolores, Agua Santa, Pozo Almonte, y La Noria y en los pueblos bolivianos de Cobija y Tocopilla. 


Ilustración II-1Robos en el Perú del general chileno Erasmo EscalaEl Barbero, 29 de noviembre de 1879(Godoy 2011, 317)

Ilustración II-2Robos de Chile en los departamentos del sur del Perú y litoral bolivianoEl Barbero, 16 de diciembre de 1879(Godoy 2011, 317)
II-2.  Testimonio del periódico chileno El Padre Cobos
El padre Cobos, periódico de Santiago de Chile, publicó en su edición del 3 de abril de 1883 una caricatura referente al robo de las estatuas de mármol de los leones de Lima. En ella aparece el intendente de Santiago de Chile, Guillermo Mackenna, cargando un león extraido del Perú, uno de la decena de leones de mármol robados por Chile de la ciudad de Lima. El ministro de Guerra de Chile, José Manuel Balmaceda llama la atención a Mackenna jalándole la oreja, por no efectuar con mayor reserva el traslado a Santiago de los leones peruanos. El hurto es celebrado por la "alta" sociedad de Santiago.
Ilustración II-3El robo de las estatuas de mármol de los leones de LimaEl Padre Cobos, Santiago de Chile, 3 de abril de 1883 (Godoy 2011, 319)
II-3.  Testimonio del Contralmirante Patricio Lynch
El Contralmirante Patricio Lynch reconoció en su Memoria de 1882 que antes de hacerse cargo de la jefatura del ejército invasor, "particulares chilenos" ya habían remitido a Chile muchos objetos pertenecientes al Estado Peruano, entre ellos "un Gabinete de Física de la Escuela de Medicina, útiles, tipos y máquinas de la Imprenta de El Peruano [Imprenta del Estado], Biblioteca [Nacional], mobiliarios y otros valiosos artículos" (Lynch 1882, 148). Los "particulares" a los cuales se refiere Lynch son los ladrones de uniforme Pedro Lagos Marchant y Segundo Maturana y los ladrones civiles Isidoro Errázuriz y Luis E. Castro.
Ilustración II-4Reconocimiento del Contralmirante Lynch del saqueo chileno de Lima en 1881
(Lynch 1882, 148)


II-4.  Testimonio del Diario Oficial de Chile 

El Diario Oficial de la República de Chile, editado en Santiago, publicó el informe del rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, enviado al ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Manuel García de la Huerta, sobre los libros de la Biblioteca Nacional del Perú, materiales de enseñanza de la Universidad de San Marcos, y objetos científicos extraidos del Perú y remitidos  a la Universidad de Chile por la Intendencia General del ejército chileno.
En el documento de dieciséis páginas y fechado en Santiago el 3 de agosto de 1881, el rector de la Universidad de Chile explica que cumpliendo con lo dispuesto en el decreto supremo del 22 de marzo de 1881, da cuenta de haber recibido, provenientes del Perú, "una multitud de objetos" repartidos en setentaicuatro cajones y ochenta bultos. Entre los objetos saqueados a los que tuvo acceso Domeyko se encontraron: 
— Instrumentos y aparatos para la enseñanza de la física y de la química— Una colección de muestras para la química orgánica y farmacia— Preparaciones anatómicas— Objetos de historia natural— Más de diez mil volúmenes de libros, muchos de ellos publicados en el siglo XVI y XVII,  incluyendo  múltiples joyas bibliográficas universales, y— Una colección geológica de rocas
El informe viene acompañado de la Lista de los libros traídos del Perú, que constituye testimonio oficial del robo ejecutado por el ejército de Chile de los objetos listados por Domeyko.
La relación de objetos se encuentra ordenada por cajones y presenta los libros y especies numerados y con indicación de su tamaño y el número de volúmenes que incluye cada uno. En las páginas interiores del Diario Oficial continuó la publicación del contenido de cada uno de los cajones.
El informe del Rector y la Lista de los libros traídos del Perú aparecieron en tres entregas del Diario Oficial de la República de Chile, en las ediciones de los días lunes 22, martes 23, y miércoles 24 de agosto de 1881 (Año V, números 1,315, 1316 y 1317).

Ilustración II-5Informe del Rector de la Universidad de Chile Ignacio Domeyko
(Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Año V, número 1,315, lunes 22 de agosto de 1881)



Ilustración II-6Lista de los libros traídos del Perú (Continuación)
(Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Año V, número 1,316, martes 23 de agosto de 1881)



Ilustración II-7
Lista de los libros traídos del Perú (Continuación)
(Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Año V, número 1,317, miércoles 24 de agosto de 1881)
II-5.  Testimonio del General chileno Cornelio Saavedra 
Ilustración II-8Cornelio Saavedra, general de brigada y general en jefe del ejército de operaciones chileno. Además de convertir el Palacio de Gobierno del Perú en un burdel, con prostitutas traidas de Valparaíso y Santiago, los decretos de Saavedra durante la ocupación de Lima constituyen prueba irrefutable del saqueo chileno de nuestro país.
Ilustración II-9Decreto de creación de la Oficina Chilena Recaudadora de Contribuciones de Guerra (Ahumada 1982, V: 280-281)
El 5 de marzo de 1881, cumpliendo órdenes del Gobierno de Chile transmitidas por el Ministro de Guerra en campaña José Francisco Vergara, el general chileno Cornelio Saavedra estableció un organismo encargado de centralizar el saqueo del Perú. Su nombre oficial fue Oficina Recaudadora de Contribuciones de Guerra aunque en realidad debió haberse llamado Oficina Central del Gobierno de Chile para el Saqueo del Perú.
El organismo chileno creado por Saavedra fue responsabilizado de "tomar a su cargo e inventariar los objetos y especies de todo género que contengan los edificios y establecimientos públicos [del Estado Peruano] de que ha tomado posesión el ejército [chileno]". Esta primera atribución de identificación de los objetos a robar resulta ser una confesión de parte. Permite responsabilizar específicamente al gobierno y ejército de Chile por el saqueo del Perú. Además, puede inferirse que el latrocinio se extendería, sin excepción, a los objetos y especies de todo género propiedad del Estado Peruano.  
La segunda responsabilidad del organismo creado por Cornelio Saavedra fue la de "indicar todo lo que le pertenezca a la administración pública [peruana] y de que no esté en posesión el ejército, para dictar las medidas convenientes". Éstas últimas consistían en apoderarse de estas propiedades peruanas a las que los chilenos no habían podido aún meterlas en el saco.
También se le encargó a esta Oficina "averiguar y tomar conocimiento de las especies que hayan sido remitidas a Chile, su destino y remitente". El inciso hace notar que desde antes del 5 de marzo de 1881 los jefes, oficiales y soldadesca de Chile habían estado levantando en peso al Perú y llevándose el patrimonio peruano a Chile. 
La cuarta atribución de la Oficina fue la de "proponer las remesas que convenga hacer a Chile y efectuar las que se acuerden, facturando las especies con todos sus detalles y una valorización prudencial, dirigiéndolas a quienes corresponda, según acuerdo".
La anterior es otra grave confesión chilena: a partir del 5 de marzo de 1881 todas las remisiones de bienes peruanos a Santiago serían por acuerdo del comando de los invasores y estarían dirigidas a quienes ese comando estime conveniente. De esta manera, los más altos jefes chilenos quedaron envueltos en el robo de los bienes peruanos. No pueden negar su responsabilidad en el saqueo del Perú autoridades de la ocupación como Manuel Baquedano, Cornelio Saavedra, Patricio Lynch, Pedro Lagos, Segundo Maturana, etc. Por ello, podemos llamar a esta gente ladrones, con propiedad y sin insultarlos en absoluto. Sus propios decretos los ponen en evidencia.
La quinta y sexta atribuciones del organismo chileno fueron las de proponer y cobrar las exacciones en dinero a las que se sometería a los peruanos. La disposición violó el Derecho Internacional vigente en 1881 y consistió en un verdadero robo a mano armada perpetrado por los agentes del gobierno chileno.
Para que no quede ningún cabo suelto, la séptima atribución de la Oficina de Robos creada por Saavedra fue la de ser la interventora de los organismos e instituciones del Perú, con la finalidad de succionar los fondos con que pudieran contar. El ejemplo más conocido es el de la intervención chilena en la Municipalidad de Lima, por la que los invasores se adueñaron de los fondos de esta entidad, incluyendo los destinados a financiar la educación pública, los cuales también fueron remitidos a Chile.
Por supuesto, el saqueo no debería limitarse a Lima. La Oficina quedó encargada de "establecer con idéntico objeto sucursales fuera de Lima y otros puntos ocupados por el ejército".
El general Cornelio Saavedra, nombró para dirigir el organismo a Álvaro Francisco Alvarado, funcionario chileno que provenía de la Intendencia General del Ejército y Armada en campaña.

II-6.  Testimonio del Ministro de Guerra y Marina de Chile, Manuel García de la Huerta
Los saqueos efectuados por las tropas invasoras chilenas en el Perú trajeron consigo el surgimiento de disputas acerca de quiénes deberían quedarse con el botín. Al respecto surgieron dos posiciones.

La primera de ellas fue enunciada por jefes y oficiales chilenos que sostuvieron que ellos deberían ser quienes se apropien del botín y dispongan su destino final. El más caracterizado de estos jefes fue el coronel Pedro Lagos Marchant, quien se distinguió por destinar personalmente sus robos –por ejemplo de los Gabinetes de Física y Química, libros y muestras mineralógicas de la Universidad de San Marcos– a las entidades y/o individuos de su predilección.

Al apellido Lagos debe añadirse otros nombres como los del general Marcos Segundo Maturana, el mayor Anacleto Valenzuela y el coronel José Francisco Gana. Existe evidencia escrita que Maturana robó antigüedades peruanas y las "obsequió" al Museo del Louvre en Francia, en tanto que Valenzuela "regalaba" los volúmenes que pudo hurtar de la Biblioteca Nacional del Perú al historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna. Por su lado, Gana destinaba sus robos a Talca, su ciudad natal.

La segunda posición fue sostenida por la soldadesca chilena que se apropió de todo lo que pudo para dedicarlo a su venta posterior. Los chilenos desvalijaron objetos y libros de diversas instituciones peruanas, robos que después comercializaron para obtener unos cuantos centavos. Los objetos y libros que no pudieron ser extraídos de los recintos en que se encontraban guardados fueron destruídos en su mayoría.

En este contexto de saqueo chileno del patrimonio peruano es que debe en­tenderse la orden del 8 de abril de 1881 del ministro de Guerra y Marina de Chile, Manuel García de la Huerta, a Manuel Baquedano, Comandante en Jefe del Ejército de Operaciones del Norte. La disposición del ministro García reivindica para el estado chileno la propiedad exclusiva de los "objetos pertenecientes a la nación peruana" y autoriza a tomar las medidas necesarias para que los jefes, oficiales y soldados chilenos no se apoderen del producto de los saqueos.

El ministro de de Guerra y Marina de Chile ordena que los envíos a Chile sean "directos y a la orden del Gobierno" y que incluyan "la correspondiente nómina tan detallada como sea posible". De esta manera, asegura, "el Gobierno tendrá las facilidades necesarias para comisionar oportunamente a las autoridades o funcionarios que deban encargarse de su recepción y distribución en los diversos establecimientos del Estado".

Esta orden oficial de un ministro de Chile es otra prueba del saqueo chileno del patrimonio peruano durante la Guerra del Salitre.
Ilustración II-10Edicto del ministro de Guerra y Marina de Chile en el que se reitera las órdenes con respecto al saqueo de los "objetos pertenecientes a la nación peruana". El funcionario precisó que el producto de los robos en el Perú pertenecía al Estado chileno. El edicto está fechado 8 de abril de 1881.(Varas 1884, 327)
II-7.  Testimonio de Isaac P. Christiancy, Embajador de EE. UU. en Perú
El 16 de marzo de 1881, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en el Perú, Isaac P. Christiancy, informó al Secretario de Estado de los Estados Unidos, James G. Blaine, sobre el saqueo de Lima por las fuerzas chilenas. El Embajador Christiancy menciona los saqueos de la Biblioteca Nacional, el Palacio de la Exposición, el Jardín Zoológico, la Escuela de Medicina de San Fernando y la Escuela de Artes y Oficios. El despacho de Christiancy, extraído de fuentes oficiales estadounidenses, reviste significativa importancia histórica porque presenta el testimonio del embajador de un país neutral sobre el pillaje perpetrado en Lima por el ejército de Chile.
Ilustración II-11
Despacho del 16 de marzo de 1881 del Embajador de Estados Unidos en el Perú al Secretario de Estado de los Estados Unidos sobre el saqueo chileno de Lima 
(United States Department of State 1882, 465-466)

TraducciónNo. 312El Sr. Christiancy al Sr. Blaine. No. 256]                                 Legación de los Estados UnidosLima, Perú, marzo 16, 1881. (Recibida abril 11.)
Señor:

En referencia a mi despacho No. 254 (último párrafo), tengo el honor de informar a Ud. que desde su remisión he averiguado que, inclusive desde antes que dicha carta fuera escrita, el íntegro de la biblioteca pública, conocida como la "Biblioteca de San Pedro", en Lima, perteneciente al Gobierno del Perú –la más grande y valiosa de Sudamérica– ya había sido robada por los chilenos y puesta a bordo de la flota para ser enviada a Chile.
De la misma manera, con anterioridad y desde la fecha de dicho despacho, estoy informado que los chilenos se apropiaron de todas los cuadros y pinturas existentes en la sede y edificios del Palacio de la Exposición, perteneciente a la Sociedad de Beneficencia de Lima, toda la colección de animales del Jardín Zoológico y todo lo que de valor pudiera ser robado; el laboratorio y las pertenencias de la Escuela de Medicina [de San Fernando], por un valor superior a medio millón de dólares, y todo lo que pudiera extraerse de la Escuela de Artes de Lima, consistente en modelos, maquinaria, etc., para la enseñanza de las artes, las ciencias y los diversos oficios. Esta Escuela de Artes pertenecía al Gobierno del Perú.
Para mí, estos actos constituyen una violación de las leyes de la guerra civilizada y exigen la más seria protesta en nombre de las naciones civilizadas; habiéndome pronunciado en favor que el Cuerpo Diplomático aquí acreditado efectúe dicha protesta. Estoy satisfecho que la gran mayoría del Cuerpo Diplomático se una a ella; sin embargo, hay algunos que, a pesar de concordar en que es contrario a los principios modernos de la guerra, piensan que por razones de política, no es lo mejor efectuar la protesta por miedo a que el Gobierno chileno se forme prejuicios en contra de los neutrales aquí.
Ayer se realizó una reunión del Cuerpo Diplomático en atención a una sugerencia que formulé el día anterior. Sin embargo, caí enfermo la noche anterior y me fue totalmente imposible asistir. Entiendo que el Cuerpo Diplomático no ha adoptado ninguna acción al respecto.


                                                                                                I. P. Christiancy
II-8.  Testimonio del observador estadounidense Albert G. Browne Jr.
Albert Browne Jr. fue un escritor estadounidense que publicó en 1884, en el Journal of the American Geographical Society of New York, un artículo en que hizo una exégesis de Chile. La obra se tituló The Growing Power of the Republic of Chile. Testigo que visitó el país en esos años, Browne relató que en una de las alas del Congreso chileno se había abierto una Sala de Exposición de pinturas y estatuas, algunas de ellas "saqueadas de Lima" por el ejército invasor. "La principal es la muy conocida pintura de Montero Los Funerales de Atahualpa" (Browne 1884, 63).

Ilustración II-12Albert G. Browne Jr. escribió sobre Los Funerales de Atahualpa, pintura saqueada de Lima por el ejército chileno y colocada en el edificio del Congreso de ese país.(Browne 1884, 63)
Ilustración II-13Los Funerales de AtahualpaGrabado aparecido en el libro de Hutchinson Two Years in Peru(Hutchinson 1873, frontispicio)
II-9.  Testimonio de William E. Curtis, Jefe de la Oficina de Repúblicas Americanas
El estadounidense William E. Curtis publicó en 1888 su libro The Capitals of Spanish America. Dos de los capítulos de la obra están dedicados a Lima y Santiago de Chile. Como observador  imparcial, al describir ambas ciudades, William Curtis proporcionó un importante testimonio del pillaje y destrucción cometidos por el ejército de Chile en Lima, a partir de 1881. Copiamos y ofrecemos la traducción de los siguientes párrafos:

1.  Saqueo de Lima


Ilustración II-14Saqueo y destrucción ejecutados por Chile(Curtis 1888, 367)
"Los soldados de Chile cortaron los magníficos árboles de los parques, los existentes a lo largo de los bulevares, e incluso los del Jardín Botánico, para utilizarlos como combustible; todo el museo de curiosidades del Perú [el Palacio de la Exposición], uno de los más grandes y mejores del mundo, fue encajonado y enviado a Santiago. Tras el pillaje del Palacio de la Exposición robaron los libros de la Biblioteca Nacional. Saquearon la propiedad privada y birlaron pinturas históricas que fueron recortadas de sus marcos. El mejor cuadro del Perú –Los Funerales de Atahualpa, el último de los Incas– obra de Montero, fue robado de la pared donde estaba colocado, pero las protestas del cuerpo diplomático indujeron a los chilenos a devolverlo. Las iglesias y las casas privadas fueron despojadas de manera similar, quemándose lo que no pudo robarse. Nada fue sagrado ante los ojos de estos vándalos modernos, cuyo propósito fue el de privar a los peruanos de todo lo que apreciaban" (Curtis 1888, 367).
Ilustración II-15Saqueo del Perú por el ejército de Chile(Curtis 1888, 391)
"El Perú fue vencido, conquistado y colocado en incapacidad de resistir. Su ejército fue destruido y sus ciudadanos, que con las armas que pudieron reunir trataron de defender su capital, fueron aniquilados como la hierba que enfrenta a la guadaña. Escasamente hubo alguna voz que se alzó en defensa de las mujeres y los niños. Entonces comenzó el saqueo. Las armas de Chile fueron la dinamita y el petróleo, destruyéndose diariamente millones de dólares en propiedad privada, hasta que los chilenos se cansaron del asesinato, la rapiña, el pillaje y la devastación" (Curtis 1888, 391).

Ilustración II-16
Robos del ejército de Chile
(Curtis 1888, 377)

"En este momento el país está postrado, efecto de una prolongada guerra durante la cual [el Perú] fue despojado de todo lo que el ejército de Chile pudo llevarse" (Curtis 1888, 377).
2.  Destino de lo saqueado: Santiago de Chile
Ilustración II-17Los leones y animales robados por el ejército chileno del Zoológico de Lima fueron enviados a Santiago.(Curtis 1888, 470)
"En el otro extremo de la [avenida de la] Alameda [en Santiago de Chile] se encuentra la sede de la Exposición y de los Jardines Hortícolas, construidos con un buen estilo, y mejorados hasta el grado más elevado de la arquitectura del paisaje. Se encuentra allí un buen edificio de piedra y vidrio, una copia en miniatura del Crystal Palace [Palacio de Cristal] de Londres, que sirve de sede al Museo Nacional de Chile, cuyo contenido, en su mayoría, fue robado del Perú durante la última guerra. Se ha añadido un jardín zoológico, para exhibir, como contrabando de guerra, los animales traídos del Perú, al igual que las curiosidades del museo [Palacio de la Exposición de Lima]. El elefante murió por la severidad del clima, dos de los leones se perdieron por la misma causa, y las demás especies del Jardín Zoológico están sufriendo los efectos de un frío al que no están acostumbradas"  (Curtis 1888, 470).
Ilustración II-18Chile no respetó ni los ornamentos de los altares de las iglesias.(Curtis 1888, 471-472)
"En todos los sitios a los cuales uno va en Santiago y en otras ciudades de Chile, puede verse los ornamentos saqueados sin piedad del Perú, las estatuas y las fuentes, las farolas ornamentales, los bancos de piedra tallada ubicados en los parques y en la Alameda [de Santiago], y casi todo lo que embellece las calles. 
Los transportes enviados con tropas al Callao traían de regreso cargamentos de pianos, cuadros, muebles, libros y artículos de decoración del hogar, saqueados de las casas de los peruanos.
Se robó postes de alumbrado público, arrancados de sus cimientos, bellas rejas de fierro, imágenes de los cementerios, ornamentos de plata de los altares de las iglesias, estatuas de los parques y las calles, y todo lo que podía caer en manos de los ladrones y vándalos chilenos.
Se extrajeron los relojes de los campanarios de las iglesias, uno de los cuales fue colocado en el mercado de Santiago. Incluso, las efigies de los santos fueron levantadas de sus altares y despojadas de los bordados y joyas recibidos de sus devotos. El turista estadounidense se lleva una sorpresa al entrar al patio de la oficina de correos en Santiago, en el que se erigen dos estatuas de mármol de George Washington y Abraham Lincoln, como fantasmas inesperados ante él. Su presencia no se anuncia en ninguna de las guías turísticas, lo que se explica por el hecho de que fueron traídas del Perú, al igual que casi todo lo demás de este tipo en Chile"  (Curtis 1888, 471-472).

Ilustración II-19Mercado Central de Santiago, en 1920, mostrando uno de los relojes robados de la capital peruana por el ejército chileno(Curtis 1888, 471-472)
II-10.  Testimonio del New York Herald
El diario New York Herald, de Nueva York, Estados Unidos, informó el 7 de septiembre de 1883 sobre el saqueo del Perú por las fuerzas armadas chilenas. La siguiente es una traducción del artículo:

Ilustración II-20
El New York Herald informó sobre el saqueo del Perú.
7 de septiembre de 1883 
(Anónimo 1884, 11-12)
II-11.  Testimonio del Teniente de la Armada Francesa Eugène Le Léon
El teniente de la Armada Francesa Eugène Le Léon participó en la Guerra del Salitre como agregado al Estado Mayor del ejército chileno en campaña a Lima. En París, en 1883, Le Léon publicó sus Souvenir's d'une mission a L'Armée Chilienne (Recuerdos de una misión en el ejército chileno). De visibles simpatías prochilenas, los relatos del teniente francés no pueden ser acusados de parcialización con el Perú y usualmente repiten las versiones oficiales chilenas.
En Souvenir's, Le Léon dedicó un breve párrafo a describir el botín robado por los invasores. El militar francés escribió al respecto: "Los transportes [chilenos]… se llevaban las armas tomadas, las municiones, las colecciones del museo de artillería, las maquinarias de la fábrica de pólvora; en una palabra, todo aquello que tenía algún valor" (Le Léon 1883, 93; Ahumada 1982, VI: 259).
Ilustración II-21Portada de Souvenir's d'une mission a L'Armée Chilienne obra del teniente de navío de la Armada Francesa Eugène Le Léon
Ilustración II-22Le Léon informa sobre el botín saqueado de Lima(Le Léon 1883, 93)
Ilustración II-23 Traducción chilena del texto de Le Léon
(Ahumada 1982, VI: 259)II-12.  Testimonio del Teniente de la Armada Francesa Albert Davin
El Teniente de Navío de la Armada Francesa Albert Davin visitó el Perú durante la Guerra del Salitre y publicó en 1886 el libro 50 000 milles dans l'Océan Pacifique en el que registró lass observaciones siguientes, en cuanto al saqueo chileno de Lima: "Todo lo que podía ser tomado [por los chilenos] fue sustraído a los laicos: utensilios de laboratorio, las colecciones, las bibliotecas, las anclas, las cadenas e incluso los pisos de los cuarteles de Lima" (Davin 2006, 30). 
III
Obras consultadas
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Salinas Vega, Luis. 1920 (Julio). "Tentativas de Chile en 1879 para separar a Bolivia de la alianza peruana". Revista Chilena.&n

Roy Gates asesor de Ollanta Humala renunció 2015-02-10 17:30:12

roy-politicosperu

Roy Gates renunció al cargo de asesor jurídico del presidente Ollanta Humala. El Poder Ejecutivo aceptó su pedido, el cual fue oficializado mediante una resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Roy Gates se desempeñó en el cargo desde el 4 de agosto de 2011, durante tres años y seis meses.

La aceptación de su renuncia se da en conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

Su renuncia se da meses después de que exprocuradora Yeni Vilcatoma denunciara que el abogado usó su cargo para interferir en la investigación contra Martín Belaunde Lossio por el caso 'La Centralita'.

“La labor de un consejero de asuntos jurídicos es brindar asesoria en la materia de su especialidad, ya bien sea al presidete de turno o a algun otro personal del despacho presidencial. El ministro de Justicia es el asesor legal del Gobierno (…) No existe ninguna incompatibilidad”, dijo Roy Gates tras la denuncia.

Cabe indicar que, tras las acusaciones de Vilcatoma, Eduardo Roy Gates es investigado por la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios.

Fuente: La República

Justicia dota de nuevos fiscales a Anticorrupción y refuerza la lucha contra la criminalidad informática 2015-02-06 09:58:27

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes la ampliación de la plantilla fiscal en 66 plazas, con lo que el Ministerio Público contará con un total de 2.473 efectivos. Cuatro plazas se han destinado a la Fiscalía General del Estado -dos para trabajar en asuntos relacionados con la Criminalidad Informática y otras dos lo harán en temas de Cooperación Penal Internacional- mientras que se crean cuatro nuevas plazas para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada.

Figallo: No me reuní con CNM el día de suspensión a Ramos Heredia 2015-01-03 06:37:00

El ministro de Justicia Daniel Figallo afirmó en diálogo con RPP Noticias que ´nunca ha tenido una reunión´ con el presidente del CNM, Pablo Talavera Elguera, ni con sus consejeros. Fuente

¿Qué sabemos de El Consejo de Defensa?
Maldición del canon minero y La Voz del Lector: Caos vehicular por hueco en av.Faucett
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Bélgica: Identifican a ex marine en video del Estado Islámico y Velan prendas de dos niños fallecidos por voraz incendio en La Victoria

Revísalo, Bélgica: Identifican a ex marine en video del Estado Islámico 18/02/2015

Lofti Aoumeur, miembro de la marina entre 2010 y 2012, apareció amenazando a Francia e incitando la yihad en su país


Revísalo, Velan prendas de dos niños fallecidos por voraz incendio en La Victoria 29/12/2014


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LA MATANZA DE SOCOS Y LA IMPUNIDAD EN PERU y LA MATANZA DE SOCOS Y LA IMPUNIDAD EN PERU

LA MATANZA DE SOCOS Y LA IMPUNIDAD EN PERU 2012-11-19 15:27:00

La impunidad en Perú atraviesa un largo recorrido. Desde 1980 hasta Ollanta Humala ahora en el 2012, los gobiernos han instaurado la impunidad como una condecoración a policías, militares y civiles criminales. Uno de estos brutales crímenes fue el ejecutado por la policia en Soccos, un pequeño pueblo andino considerado como base de apoyo de la guerrilla de Sendero Luminoso.

Esta matanza fue el 13 de noviembre de 1983. Han pasado 29 años y en Perú son pocos los que se acuerdan de esta acción de exterminio de pobladores. La vida en Socos se pasaba más o menos en calma y en la rutina de los pueblos que viven de los alimentos que le entrega la tierra. Este pueblo es un paraje ayacuchano a sólo 18 kilómetros de la ciudad de Huamanga. Esta calma fue rota un día cuando miembros de la ex Guardia Civil, la mayoría pertenecientes al grupo de élite policial de lucha contrasubversiva conocidos como los «Sinchis», irrumpieron en la casa de unos lugareños donde se venía desarrollando una fiesta de «pedida de mano» en matrimonio. Sin motivo aparente, salvo el evidente desprecio que profesaban estos policías contra la condición de pobres, campesinos, serranos e indios, le quitaron la vida a más de tres decenas de personas, de diverso género y edad con una crueldad sin límites.

Esta masacre ha quedado prácticamente en el olvido, pues no es funcional a los intereses de los poderosos medios de comunicación limeños recordar crímenes a título del Estado peruano perpetrados con vesania y macabro frenesí; más aún, si se trata de una potente metonimia de las inacabables «pulsiones de muerte» entre la Lima «señorial» y el Sur peruano «indio».

El presente artículo está basado casi íntegramente en datos extraídos del sub-capítulo 2.1. del Tomo VII del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, debemos decir con toda honestidad que gran parte de este artículo vendría a ser casi una simple edición del referido sub-capítulo del Informe de la CVR, pues en este caso específico, consideramos que la CVR aplicó un trabajo investigativo y metodológico rigurosos, intentando brindar una descripción de los hechos fidedigna e imparcial; no obstante, discrepamos con las explicaciones conclusivas de la CVR, también presente en el subcapítulo de marras, pues no se ajustan a la propia descripción de los hechos que ofrecen previamente, y además, resultan evidentemente forzadas y direccionadas, pues no cuestionan la institucionalidad policial, como institución involucrada en este horrendo crimen, ni tampoco la lenidad del Poder Judicial, que aplica simbólicamente penas drásticas contra los autores, pero en la ejecución penal escamoteó su actividad punitiva.

El Yaycupacu en Socos

El campamento policial fue instalado en Socos por disposición del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia de Ayacucho, menos de dos meses antes de que ocurriera la masacre. Casi simultáneamente a la llegada de los efectivos policiales —muchos de ellos provenientes de departamentos de la Costa peruana— se iniciaron una serie de abusos perpetrados por éstos contra la población —la mayoría quechua hablantes, campesinos, pobres, muchos de ellos iletrados y viviendo en condiciones de precariedad; los robos de la policía a los campesinos de sus bienes y animales domésticos, con mucha prontitud se convirtieron en algo cotidiano.

El 13 de noviembre de 1983, se celebraba una fiesta en la que Adilberto Quispe Janampa pedía en matrimonio a Maximiliana Zamora Quispe, tradicional acto del lugar conocido como «Yaycupacu» (pedida de mano).

Como se estilaba en Socos, los familiares del novio prepararon comida y bebidas de la zona, convocando a los amigos y parientes más cercanos a la fiesta. Cuando el novio y su comitiva se disponían a ir al encuentro de la novia, repentinamente dos efectivos policiales ingresaron de manera violenta a la vivienda, luego hicieron lo mismo el resto de policías; señalando con prepotencia que sólo había permiso para realizar la fiesta hasta las ocho de la noche, y ya eran las nueve.

Dado que muchos de los campesinos habían bebido licor; una de ellos, increpó a los policías por su conducta y les hizo recuerdo de los constates abusos que cometían; esta pequeña protesta crispó los ánimos de los policías quienes realizaron disparos al aire y a pedir los documentos de los asistentes.

La masacre de Socos

Luego, hicieron salir de la casa a todos los presentes y llevaron caminando a todas estas personas hasta la Quebrada del Balcón Huaycco, a media hora de Socos, pudiéndose escapar sólo un número muy reducido de personas.

Al llegar al Balcón Huaycco, los policías separaron a las mujeres jóvenes del grupo y las ultrajaron sexualmente, práctica generalizada de los miembros de la policía y las fuerzas armadas peruanas en las zonas declaradas de emergencia —con Estado de Sitio— durante las décadas de 1980 y 1990 (Véase el sub-capítulo 2.1. del Tomo VIII del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú).

A las dos y media de la madrugada, los policías juntaron a todos los campesinos detenidos y emprendieron contra ellos con ráfagas de sus fúsiles automáticos ligeros, convirtiendo la gélida noche andina de Socos en el escenario de una orgía sangrienta. Luego, los policías agruparon los cadáveres y detonaron granadas para que las voladuras del desfiladero ocasionen una gran remoción de tierras y piedras, y así, los cuerpos de las personas acribilladas quedaran sepultados por los escombros; sólo hubo una sobreviviente, la misma que no fue alcanzada por los disparos y pudo escapar de ser enterrada viva por la tierra y piedras removidas por la explosión.

Las víctimas fueron más de tres decenas de personas cuyas edades —de los adultos— oscilaban entre los 21 a los 62 años; además, dentro de las víctimas hubo nueve niños, tres de los cuales no tenían ni un año de nacidos, mientras los demás no pasaban de los siete años de edad; también se consideró como víctima a un feto de 8 meses y medio de gestación de otra víctima.

Dos días después de esta masacre, una vez que los hechos fueron denunciados, la policía ingresó tanto al domicilio de la profesora Victoria Cueto Janampa como al de Vicente Quispe Flores, denunciantes de los hechos, a Victoria los efectivos policiales le dispararon en la cabeza, en presencia de su madre y de su sobrino. A Vicente Quispe Flores lo secuestraron, para luego ejecutarlo y abandonar su cadáver en un puente de la región.

Asimismo, los policías asesinaron a Javier Gutiérrez Gamboa, un joven encargado de la limpieza de los policías y que los ayudaba en la cocina, pues estaba enterado de lo ocurrido; para disfrazar este otro crimen, los policías pretextaron que habían sufrido una emboscada terrorista en la que sólo este joven había fallecido.

Ante las investigaciones del Ministerio Público, la Policía —como institución cuestionada— intentó encubrir el crimen de sus efectivos, al señalar en la conclusión de un atestado policial que: «no se descarta que los autores del delito de terrorismo y del homicidio múltiple con arma de fuego, sean integrantes del grupo Sendero Luminoso»; igualmente, el Jefe Departamental de la ex Guardia Civil descartó totalmente que el personal del Destacamento de Socos haya ejecutado a los campesinos, señalando que no existían pruebas que demostraran fehacientemente lo contrario, llegando incluso a afirmar que no se llevó a cabo ninguna fiesta en el lugar.

Además, negaron que se haya llevado a cabo la fiesta de pedida de mano y, menos aún, que la hubieran autorizado; cambiaron las piezas de las armas utilizadas para alterar el resultado de la Pericia Balística; simularon hostigamientos senderistas; alteraron el cuaderno de denuncias para incluir presuntas incursiones subversivas al distrito y persiguieron a la única testigo presencial.

Pese, a todas estas argucias, no sólo de los perpetradores sino también de la institucionalidad policial, se abrió instrucción en febrero de 1984 y se dictó sentencia condenatoria el 15 de julio de 1986, la misma que fue declarada de no haber nulidad en todos sus extremos, mediante Ejecutoria Suprema del 30 de septiembre de 1987 de la Corte Suprema de la República.

La sentencia condenó a once de los encausados por el asesinato de los 32 habitantes de Socos y tentativa de homicidio, absolviendo a quince efectivos que no participaron en los hechos. Los condenados, entre los que había seis «sinchis» fueron:

• Teniente GC Luis Alberto Dávila Reátegui a la pena de internamiento no menor de 25 años. Salió por semilibertad el 5 de abril de 1991. • Sargento 2do GC Jorge Alberto Tejada Breñis a 20 años de penitenciaría. Salió por Semilibertad el 14 de marzo de 1990. • Sargento 2do GC Segundo Shapiama Apagueño a 15 años de Penitenciaría. Salió por libertad condicional el 17 de junio de 1991. • Cabo GC Luis Alberto Machado Tanta a 15 años de Penitenciaría. Salió por libertad condicional el 3 de julio de 1991. • Cabo GC Gustavo Alfredo Cárdenas Riega a 15 años de Penitenciaría. Salió por libertad condicional el 7 de junio de 1991. • Cabo GC Víctor Ángel Alberto Barrios Barrios a 15 de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 28 de febrero de 1989. • Guardia GC Juan Carlos Aguilar Martínez a 15 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 11 de enero de 1989. • Guardia GC Pedro Ciro Agurto Moncada a 15 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 26 de julio de 1989. • Guardia GC Félix Armando Javier Suárez a 15 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 31 de agosto de 1989. • Guardia GC César Yamer Escobedo Arce a 10 años de Penitenciaría. Salió por cumplimiento de pena. • Guardia GC Genaro Gilberto Pauya Rojas a 10 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 1 de diciembre de 1988.

Además, por concepto de reparación civil se impuso el pago de I/. 120,000 (ciento veinte mil intis, moneda hoy inexistente en el Perú) que los sentenciados debían abonar en forma solidaria a favor de los herederos legales de los agraviados. Sólo César Yamer Escobedo cumplió con depositar once mil intis y cumplió la condena de manera íntegra.

De otro lado, la misma Ejecutoria Suprema impuso a los responsables de la masacre de Socos las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de la privación de libertad y hasta cinco años posteriores a ella, así como interdicción civil durante la condena. La pena de inhabilitación absoluta impedía que los efectivos regresaran al servicio activo de su institución hasta cinco años después de haber obtenido su libertad definitiva; aunque, entre los años 1990 y 1992, es decir, aún antes de obtener su libertad definitiva, cinco de ellos habrían sido repuestos en sus cargos de manera irregular.

La CVR y la masacre de Socos

Además de reunir toda esta información, la CVR ubicó e identificó a 22 niños y adolescentes huérfanos a consecuencia de la masacre de Socos, con las edades que tenían al momento de su ocurrencia, entre 8 meses a 18 años de edad, quienes vieron truncados sus proyectos de vida y fueron sometidos a difíciles condiciones de supervivencia, además de arrastrar el trauma posguerra de por vida, y muy probablemente, con repercusiones transgeneracionales.

Uno de los puntos de este sub-capítulo del Informe con el que discrepamos es cuando la CVR señala:

La CVR considera que la sentencia emitida el 15 de julio de 1986, y su respectiva Ejecutoria Suprema del 30 de septiembre de 1987, en las que se sanciona a los efectivos policiales que asesinaron a los humildes pobladores de la Comunidad de Socos, fortalece al Estado de Derecho, pues no ha quedado impune la grave violación a los Derechos Humanos cometida por las Fuerzas del Orden. Es destacable, además, que el juzgamiento se haya producido fuero civil, pese a que algunos procesados plantearon la declinatoria de jurisdicción civil a favor del fuero militar, lo que no prosperó.

Si logra hacerse el cómputo desde septiembre de 1987 para cada uno de los casos de los condenados, cuyas salidas en libertad se produjeron entre diciembre de 1988 hasta junio de 1991, podríamos identificar que la prisión efectiva cumplida fue de un año a tres años y medio —dejamos al margen el caso de César Escobedo que cumplió pena completa y pago su cuota de reparación civil, quizás por razones éticas personales, pues quiso expiar culpas con la reclusión prolongada, o por que no contó con un «buen» abogado, quizás por que no contaba con la simpatía de la institución policial a la que pertenecía o simplemente por que se trataba del mítico e infaltable chivo expiatorio que suelen haber en estos casos; entre las posibles razones que podemos especular.

Sin duda, pueda que desde febrero de 1984 —tiempo en el que se abrió la instrucción— hasta septiembre de 1987 cuando se dictó la Ejecutoriada, haya habido muchos procesados con detención preventiva; no obstante, ese detalle no lo ofrece la CVR, y cabe la posibilidad que ese periodo hayan gozado algunos de libertad provisional, de todas formas, hay dos años y medio de diferencia; que haría que la prisión efectiva sufrida por los perpetradores de este crimen haya oscilado como máximo —dependiendo de la situación individual— entre tres años y medio a seis años. Tiempo que a todas luces manifiesta una inédita lenidad en la ejecución de la pena por el Poder Judicial, pues en el Perú, cualquier procesado por delito de homicidio simple —ni que decir los de homicidio calificado, como este caso— no bajará de cinco años de prisión efectiva, incluso aplicándose beneficios penitenciarios.

Entonces, a partir de los mismos datos que proporciona la CVR, sin alterarlos en absoluto ni poniendo en cuestión ninguno de ellos, podemos arribar a otra conclusión: que hay evidentes indicios de lenidad y tibieza con la sanción a los policías sentenciados por sus crímenes, y ésta es una forma sofisticada de impunidad.

Además, también pueden apreciarse en este caso otros hechos abiertamente impunes, tales como que no se sancionaron otros delitos cuya concurrencia real fue evidente, tales como los delitos de violación sexual, de secuestro y de abuso de autoridad que también están en la esfera de protección los derechos humanos; y algún otro delito, menor para este caso, contra la fe pública.

Asimismo, también han quedado impunes los actos de encubrimiento y la obstaculización de la acción de la justicia de la Jefatura Departamental de la ex Guardia Civil en Ayacucho, que ni siquiera fueron investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En tanto la preocupación, de la CVR se enfocó en que no se haya podido hacer efectivo el pago de la reparación civil a favor de las víctimas, así como el hecho de que cinco de los sentenciados hayan sido reincorporados a la Policía, pese a encontrarse inhabilitados. En cuanto al primer punto, el monto total de la reparación civil era tan ínfimo al momento que salió el último sentenciado de prisión, pues luego de la inflación económica de la década de 1980, la suma total de la reparación civil equivalía al costo de dos bolos de pan en el Perú. Por lo que, siendo una cantidad tan ínfima económicamente, lo que llama la atención no es tanto el pago siquiera simbólico que podían haber hecho los policías, sino el desprecio —en esa misma esfera— que terminaron haciendo, pues hacia 1991, bastaba pagarla con una sola moneda de un nuevo sol (casi la tercera parte de un dólar americano) para hacer el pago total del monto de la reparación civil. Por lo demás, la CVR no menciona quienes eran los cinco policías inhabilitados que retornaron a trabajar a la policía irregularmente, ¿fueron los otros cinco sinchis, excepto el teniente Dávila Reátegui que tenía inhabilitación de por vida?

La masacre de Socos fue llevada al cine —aunque en la trama se utilizó un nombre ficticio para denominar al pueblo—; la película llevó el título La Boca del Lobo del cineasta peruano Francisco Lombardi; una película que no sólo da cuenta de los abusos de la tropa policial con los lugareños y de las ejecuciones extrajudiciales, sino también de la desconexión entre los policías costeños y los campesinos quechua hablantes de Socos. Mostrando que los exiguos 18 kilómetros que separan Socos de Huamanga, la capital del departamento de Ayacucho —más integrado a la égida del centralismo limeño—, son una distancia enorme en términos políticos, económicos y sociales entre el pueblo de Socos y el poder limeño; simbólicamente, quizás tan grandes como los 14 kilómetros que separan a Tánger de Algeciras, de África con Europa. De hecho, el mismo Lombardi, en la película prácticamente no les da voz a los pobladores de Socos, los presenta como seres animados y exóticos, armónicos con el paisaje estepario, quizás como si más que seres humanos se tratarían de figuras humanoides que formarían parte del mismo paisaje, como si no se tratasen de ciudadanos peruanos. Si era la metáfora que Lombardi buscaba insinuar, la logró larga y exitosamente.

LA MATANZA DE SOCOS Y LA IMPUNIDAD EN PERU 2012-11-19 15:27:00

La impunidad en Perú atraviesa un largo recorrido. Desde 1980 hasta Ollanta Humala ahora en el 2012, los gobiernos han instaurado la impunidad como una condecoración a policías, militares y civiles criminales. Uno de estos brutales crímenes fue el ejecutado por la policia en Soccos, un pequeño pueblo andino considerado como base de apoyo de la guerrilla de Sendero Luminoso.

Esta matanza fue el 13 de noviembre de 1983. Han pasado 29 años y en Perú son pocos los que se acuerdan de esta acción de exterminio de pobladores. La vida en Socos se pasaba más o menos en calma y en la rutina de los pueblos que viven de los alimentos que le entrega la tierra. Este pueblo es un paraje ayacuchano a sólo 18 kilómetros de la ciudad de Huamanga. Esta calma fue rota un día cuando miembros de la ex Guardia Civil, la mayoría pertenecientes al grupo de élite policial de lucha contrasubversiva conocidos como los «Sinchis», irrumpieron en la casa de unos lugareños donde se venía desarrollando una fiesta de «pedida de mano» en matrimonio. Sin motivo aparente, salvo el evidente desprecio que profesaban estos policías contra la condición de pobres, campesinos, serranos e indios, le quitaron la vida a más de tres decenas de personas, de diverso género y edad con una crueldad sin límites.

Esta masacre ha quedado prácticamente en el olvido, pues no es funcional a los intereses de los poderosos medios de comunicación limeños recordar crímenes a título del Estado peruano perpetrados con vesania y macabro frenesí; más aún, si se trata de una potente metonimia de las inacabables «pulsiones de muerte» entre la Lima «señorial» y el Sur peruano «indio».

El presente artículo está basado casi íntegramente en datos extraídos del sub-capítulo 2.1. del Tomo VII del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, debemos decir con toda honestidad que gran parte de este artículo vendría a ser casi una simple edición del referido sub-capítulo del Informe de la CVR, pues en este caso específico, consideramos que la CVR aplicó un trabajo investigativo y metodológico rigurosos, intentando brindar una descripción de los hechos fidedigna e imparcial; no obstante, discrepamos con las explicaciones conclusivas de la CVR, también presente en el subcapítulo de marras, pues no se ajustan a la propia descripción de los hechos que ofrecen previamente, y además, resultan evidentemente forzadas y direccionadas, pues no cuestionan la institucionalidad policial, como institución involucrada en este horrendo crimen, ni tampoco la lenidad del Poder Judicial, que aplica simbólicamente penas drásticas contra los autores, pero en la ejecución penal escamoteó su actividad punitiva.

El Yaycupacu en Socos

El campamento policial fue instalado en Socos por disposición del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia de Ayacucho, menos de dos meses antes de que ocurriera la masacre. Casi simultáneamente a la llegada de los efectivos policiales —muchos de ellos provenientes de departamentos de la Costa peruana— se iniciaron una serie de abusos perpetrados por éstos contra la población —la mayoría quechua hablantes, campesinos, pobres, muchos de ellos iletrados y viviendo en condiciones de precariedad; los robos de la policía a los campesinos de sus bienes y animales domésticos, con mucha prontitud se convirtieron en algo cotidiano.

El 13 de noviembre de 1983, se celebraba una fiesta en la que Adilberto Quispe Janampa pedía en matrimonio a Maximiliana Zamora Quispe, tradicional acto del lugar conocido como «Yaycupacu» (pedida de mano).

Como se estilaba en Socos, los familiares del novio prepararon comida y bebidas de la zona, convocando a los amigos y parientes más cercanos a la fiesta. Cuando el novio y su comitiva se disponían a ir al encuentro de la novia, repentinamente dos efectivos policiales ingresaron de manera violenta a la vivienda, luego hicieron lo mismo el resto de policías; señalando con prepotencia que sólo había permiso para realizar la fiesta hasta las ocho de la noche, y ya eran las nueve.

Dado que muchos de los campesinos habían bebido licor; una de ellos, increpó a los policías por su conducta y les hizo recuerdo de los constates abusos que cometían; esta pequeña protesta crispó los ánimos de los policías quienes realizaron disparos al aire y a pedir los documentos de los asistentes.

La masacre de Socos

Luego, hicieron salir de la casa a todos los presentes y llevaron caminando a todas estas personas hasta la Quebrada del Balcón Huaycco, a media hora de Socos, pudiéndose escapar sólo un número muy reducido de personas.

Al llegar al Balcón Huaycco, los policías separaron a las mujeres jóvenes del grupo y las ultrajaron sexualmente, práctica generalizada de los miembros de la policía y las fuerzas armadas peruanas en las zonas declaradas de emergencia —con Estado de Sitio— durante las décadas de 1980 y 1990 (Véase el sub-capítulo 2.1. del Tomo VIII del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú).

A las dos y media de la madrugada, los policías juntaron a todos los campesinos detenidos y emprendieron contra ellos con ráfagas de sus fúsiles automáticos ligeros, convirtiendo la gélida noche andina de Socos en el escenario de una orgía sangrienta. Luego, los policías agruparon los cadáveres y detonaron granadas para que las voladuras del desfiladero ocasionen una gran remoción de tierras y piedras, y así, los cuerpos de las personas acribilladas quedaran sepultados por los escombros; sólo hubo una sobreviviente, la misma que no fue alcanzada por los disparos y pudo escapar de ser enterrada viva por la tierra y piedras removidas por la explosión.

Las víctimas fueron más de tres decenas de personas cuyas edades —de los adultos— oscilaban entre los 21 a los 62 años; además, dentro de las víctimas hubo nueve niños, tres de los cuales no tenían ni un año de nacidos, mientras los demás no pasaban de los siete años de edad; también se consideró como víctima a un feto de 8 meses y medio de gestación de otra víctima.

Dos días después de esta masacre, una vez que los hechos fueron denunciados, la policía ingresó tanto al domicilio de la profesora Victoria Cueto Janampa como al de Vicente Quispe Flores, denunciantes de los hechos, a Victoria los efectivos policiales le dispararon en la cabeza, en presencia de su madre y de su sobrino. A Vicente Quispe Flores lo secuestraron, para luego ejecutarlo y abandonar su cadáver en un puente de la región.

Asimismo, los policías asesinaron a Javier Gutiérrez Gamboa, un joven encargado de la limpieza de los policías y que los ayudaba en la cocina, pues estaba enterado de lo ocurrido; para disfrazar este otro crimen, los policías pretextaron que habían sufrido una emboscada terrorista en la que sólo este joven había fallecido.

Ante las investigaciones del Ministerio Público, la Policía —como institución cuestionada— intentó encubrir el crimen de sus efectivos, al señalar en la conclusión de un atestado policial que: «no se descarta que los autores del delito de terrorismo y del homicidio múltiple con arma de fuego, sean integrantes del grupo Sendero Luminoso»; igualmente, el Jefe Departamental de la ex Guardia Civil descartó totalmente que el personal del Destacamento de Socos haya ejecutado a los campesinos, señalando que no existían pruebas que demostraran fehacientemente lo contrario, llegando incluso a afirmar que no se llevó a cabo ninguna fiesta en el lugar.

Además, negaron que se haya llevado a cabo la fiesta de pedida de mano y, menos aún, que la hubieran autorizado; cambiaron las piezas de las armas utilizadas para alterar el resultado de la Pericia Balística; simularon hostigamientos senderistas; alteraron el cuaderno de denuncias para incluir presuntas incursiones subversivas al distrito y persiguieron a la única testigo presencial.

Pese, a todas estas argucias, no sólo de los perpetradores sino también de la institucionalidad policial, se abrió instrucción en febrero de 1984 y se dictó sentencia condenatoria el 15 de julio de 1986, la misma que fue declarada de no haber nulidad en todos sus extremos, mediante Ejecutoria Suprema del 30 de septiembre de 1987 de la Corte Suprema de la República.

La sentencia condenó a once de los encausados por el asesinato de los 32 habitantes de Socos y tentativa de homicidio, absolviendo a quince efectivos que no participaron en los hechos. Los condenados, entre los que había seis «sinchis» fueron:

• Teniente GC Luis Alberto Dávila Reátegui a la pena de internamiento no menor de 25 años. Salió por semilibertad el 5 de abril de 1991. • Sargento 2do GC Jorge Alberto Tejada Breñis a 20 años de penitenciaría. Salió por Semilibertad el 14 de marzo de 1990. • Sargento 2do GC Segundo Shapiama Apagueño a 15 años de Penitenciaría. Salió por libertad condicional el 17 de junio de 1991. • Cabo GC Luis Alberto Machado Tanta a 15 años de Penitenciaría. Salió por libertad condicional el 3 de julio de 1991. • Cabo GC Gustavo Alfredo Cárdenas Riega a 15 años de Penitenciaría. Salió por libertad condicional el 7 de junio de 1991. • Cabo GC Víctor Ángel Alberto Barrios Barrios a 15 de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 28 de febrero de 1989. • Guardia GC Juan Carlos Aguilar Martínez a 15 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 11 de enero de 1989. • Guardia GC Pedro Ciro Agurto Moncada a 15 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 26 de julio de 1989. • Guardia GC Félix Armando Javier Suárez a 15 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 31 de agosto de 1989. • Guardia GC César Yamer Escobedo Arce a 10 años de Penitenciaría. Salió por cumplimiento de pena. • Guardia GC Genaro Gilberto Pauya Rojas a 10 años de Penitenciaría. Salió por semilibertad el 1 de diciembre de 1988.

Además, por concepto de reparación civil se impuso el pago de I/. 120,000 (ciento veinte mil intis, moneda hoy inexistente en el Perú) que los sentenciados debían abonar en forma solidaria a favor de los herederos legales de los agraviados. Sólo César Yamer Escobedo cumplió con depositar once mil intis y cumplió la condena de manera íntegra.

De otro lado, la misma Ejecutoria Suprema impuso a los responsables de la masacre de Socos las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de la privación de libertad y hasta cinco años posteriores a ella, así como interdicción civil durante la condena. La pena de inhabilitación absoluta impedía que los efectivos regresaran al servicio activo de su institución hasta cinco años después de haber obtenido su libertad definitiva; aunque, entre los años 1990 y 1992, es decir, aún antes de obtener su libertad definitiva, cinco de ellos habrían sido repuestos en sus cargos de manera irregular.

La CVR y la masacre de Socos

Además de reunir toda esta información, la CVR ubicó e identificó a 22 niños y adolescentes huérfanos a consecuencia de la masacre de Socos, con las edades que tenían al momento de su ocurrencia, entre 8 meses a 18 años de edad, quienes vieron truncados sus proyectos de vida y fueron sometidos a difíciles condiciones de supervivencia, además de arrastrar el trauma posguerra de por vida, y muy probablemente, con repercusiones transgeneracionales.

Uno de los puntos de este sub-capítulo del Informe con el que discrepamos es cuando la CVR señala:

La CVR considera que la sentencia emitida el 15 de julio de 1986, y su respectiva Ejecutoria Suprema del 30 de septiembre de 1987, en las que se sanciona a los efectivos policiales que asesinaron a los humildes pobladores de la Comunidad de Socos, fortalece al Estado de Derecho, pues no ha quedado impune la grave violación a los Derechos Humanos cometida por las Fuerzas del Orden. Es destacable, además, que el juzgamiento se haya producido fuero civil, pese a que algunos procesados plantearon la declinatoria de jurisdicción civil a favor del fuero militar, lo que no prosperó.

Si logra hacerse el cómputo desde septiembre de 1987 para cada uno de los casos de los condenados, cuyas salidas en libertad se produjeron entre diciembre de 1988 hasta junio de 1991, podríamos identificar que la prisión efectiva cumplida fue de un año a tres años y medio —dejamos al margen el caso de César Escobedo que cumplió pena completa y pago su cuota de reparación civil, quizás por razones éticas personales, pues quiso expiar culpas con la reclusión prolongada, o por que no contó con un «buen» abogado, quizás por que no contaba con la simpatía de la institución policial a la que pertenecía o simplemente por que se trataba del mítico e infaltable chivo expiatorio que suelen haber en estos casos; entre las posibles razones que podemos especular.

Sin duda, pueda que desde febrero de 1984 —tiempo en el que se abrió la instrucción— hasta septiembre de 1987 cuando se dictó la Ejecutoriada, haya habido muchos procesados con detención preventiva; no obstante, ese detalle no lo ofrece la CVR, y cabe la posibilidad que ese periodo hayan gozado algunos de libertad provisional, de todas formas, hay dos años y medio de diferencia; que haría que la prisión efectiva sufrida por los perpetradores de este crimen haya oscilado como máximo —dependiendo de la situación individual— entre tres años y medio a seis años. Tiempo que a todas luces manifiesta una inédita lenidad en la ejecución de la pena por el Poder Judicial, pues en el Perú, cualquier procesado por delito de homicidio simple —ni que decir los de homicidio calificado, como este caso— no bajará de cinco años de prisión efectiva, incluso aplicándose beneficios penitenciarios.

Entonces, a partir de los mismos datos que proporciona la CVR, sin alterarlos en absoluto ni poniendo en cuestión ninguno de ellos, podemos arribar a otra conclusión: que hay evidentes indicios de lenidad y tibieza con la sanción a los policías sentenciados por sus crímenes, y ésta es una forma sofisticada de impunidad.

Además, también pueden apreciarse en este caso otros hechos abiertamente impunes, tales como que no se sancionaron otros delitos cuya concurrencia real fue evidente, tales como los delitos de violación sexual, de secuestro y de abuso de autoridad que también están en la esfera de protección los derechos humanos; y algún otro delito, menor para este caso, contra la fe pública.

Asimismo, también han quedado impunes los actos de encubrimiento y la obstaculización de la acción de la justicia de la Jefatura Departamental de la ex Guardia Civil en Ayacucho, que ni siquiera fueron investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En tanto la preocupación, de la CVR se enfocó en que no se haya podido hacer efectivo el pago de la reparación civil a favor de las víctimas, así como el hecho de que cinco de los sentenciados hayan sido reincorporados a la Policía, pese a encontrarse inhabilitados. En cuanto al primer punto, el monto total de la reparación civil era tan ínfimo al momento que salió el último sentenciado de prisión, pues luego de la inflación económica de la década de 1980, la suma total de la reparación civil equivalía al costo de dos bolos de pan en el Perú. Por lo que, siendo una cantidad tan ínfima económicamente, lo que llama la atención no es tanto el pago siquiera simbólico que podían haber hecho los policías, sino el desprecio —en esa misma esfera— que terminaron haciendo, pues hacia 1991, bastaba pagarla con una sola moneda de un nuevo sol (casi la tercera parte de un dólar americano) para hacer el pago total del monto de la reparación civil. Por lo demás, la CVR no menciona quienes eran los cinco policías inhabilitados que retornaron a trabajar a la policía irregularmente, ¿fueron los otros cinco sinchis, excepto el teniente Dávila Reátegui que tenía inhabilitación de por vida?

La masacre de Socos fue llevada al cine —aunque en la trama se utilizó un nombre ficticio para denominar al pueblo—; la película llevó el título La Boca del Lobo del cineasta peruano Francisco Lombardi; una película que no sólo da cuenta de los abusos de la tropa policial con los lugareños y de las ejecuciones extrajudiciales, sino también de la desconexión entre los policías costeños y los campesinos quechua hablantes de Socos. Mostrando que los exiguos 18 kilómetros que separan Socos de Huamanga, la capital del departamento de Ayacucho —más integrado a la égida del centralismo limeño—, son una distancia enorme en términos políticos, económicos y sociales entre el pueblo de Socos y el poder limeño; simbólicamente, quizás tan grandes como los 14 kilómetros que separan a Tánger de Algeciras, de África con Europa. De hecho, el mismo Lombardi, en la película prácticamente no les da voz a los pobladores de Socos, los presenta como seres animados y exóticos, armónicos con el paisaje estepario, quizás como si más que seres humanos se tratarían de figuras humanoides que formarían parte del mismo paisaje, como si no se tratasen de ciudadanos peruanos. Si era la metáfora que Lombardi buscaba insinuar, la logró larga y exitosamente.

ESTADOS UNIDOS APOYA LOS CRIMENES DE GUERRA EN SIRIA 2012-09-28 11:12:00

El sitio electrónico estadounidense Antiwar.com, publicó un articulo del escritor John Glaser, titulado "El apoyo de EE.UU. a los crímenes de guerra que perpetran los armados en Siria", en el cual el autor pone de manifiesto la horrenda realidad de los crímenes que cometen los grupos terroristas armados en Siria, que asegura ser crímenes de guerra y violaciones peligrosas de los derechos humanos.

El autor del artículo afirma que "todo el mundo está ya al tanto de estos crímenes que son amplia y constantemente difundidos, de manera tal que cualquier persona que desee conocer la realidad puede hacerlo, y a pesar de ello los Estados Unidos les prestan apoyo a estos grupos", censuró.

El artículo alude a una investigación de la ONU en el pasado mes de mayo, que confirma que las milicias armadas en Siria perpetran atrocidades. Y en agosto, esa instancia internacional vuelve a atizar el tema, e igualmente Amnistía Internacional había mencionado las prácticas sistemáticas de estos grupos terroristas que incluyen homicidios, torturas y salvajes masacres.

Glaser menciona que Human Rights Watch ha vuelto a revelar las prácticas de torturas y ejecuciones que llevan a cabo los armados en Siria y que exigió realizar investigaciones y poner fin a ellos.

Un informe de HRW, tras la visita de su delegación a la ciudad de Alepo, menciona que los grupos armados han sometido detenidos secuestrados a maltratos y torturas y han cometido ejecuciones extrajudiciales en Alepo, Latakia y Edleb, que constituyen crímenes de guerra y podrían ser delitos de lesa humanidad si tienen un carácter generalizado y sistemático.

La organización ha expresado su profunda preocupación ante las declaraciones de algunos líderes de estos grupos armados que manifestaron tolerar o incluso consentir las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y que consideran que sus victimas merecían ser ultimados.

El escritor apunta que a pesar de todas las pruebas, EE.UU. sigue una política de respaldo e instigación a estos grupos armados.

Un funcionario de HRW aseveró que "quienes colaboran con estos grupos tienen una responsabilidad especial de repudiar los abusos".

"En realidad, eso ya ha ocurrido, afirma Glaser, a principios de agosto, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se vio obligado a condenar tales actos cuando se le preguntó acerca de ellos, sin mostrar ninguna intención por parte de su administración de tratar de poner fin a dichas acciones o retirar su apoyo a estos grupos despojados de conciencia y principios, adoptando a cambio, las condenas manifiestas como estrategia fácil para sus relaciones públicas con el fin de desentenderse de la responsabilidad de los crímenes que ella misma apoya", censuró.

"Para reiterar, continua el escritor, los EE.UU. está trabajando con aliados en los Estados árabes del Golfo, como Arabia Saudita y Qatar para enviar las armas, informaciones de inteligencia, y otros equipos a los grupos armados en Siria", añadiendo que "nuestro aliado de la OTAN, Turquía, está albergando e incluso entrenando a los miembros del Ejército Sirio Libre, así como nuestros militares y funcionarios de inteligencia están estacionados en la frontera turco-siria para ayudar a los rebeldes". "Es ampliamente conocido y reconocido oficialmente que los grupos armados tienen un numeroso contingente de combatientes de al-Qaeda, que es considerada terrorista por EE.UU., en sus filas", denota Glase, quien no escondió su asombro de que esta realidad no haya impedido a la administración de Barak Obama abandonar su financiación a dichos grupos, y alegar, de manera increíble, que está siguiendo la operación de cerca para asegurarse de que sus fondos y armas no lleguen a manos de al-Qaeda. "Más fuentes terceras, dice el articulo, y otras de inteligencia, aseguraron a los diarios norteamericanos Washington Post y Los Angeles Times recientemente, que en la realidad EE.UU. no está muy interesada en quien está recibiendo el dinero y las armas".

De todos modos, finaliza Glase, los continuos informes y éste ultimo de Human Rights Watch, señalan que incluso todos los elementos de los grupos armados en Siria y no solo los vinculados con al-Qaeda, están cometiendo graves delitos, censurando abiertamente la política de EE.UU. al respecto, la cual tachó de inmoral y totalmente en ´bancarrota´.

ESTADOS UNIDOS APOYA LOS CRIMENES DE GUERRA EN SIRIA 2012-09-28 11:12:00

El sitio electrónico estadounidense Antiwar.com, publicó un articulo del escritor John Glaser, titulado "El apoyo de EE.UU. a los crímenes de guerra que perpetran los armados en Siria", en el cual el autor pone de manifiesto la horrenda realidad de los crímenes que cometen los grupos terroristas armados en Siria, que asegura ser crímenes de guerra y violaciones peligrosas de los derechos humanos.

El autor del artículo afirma que "todo el mundo está ya al tanto de estos crímenes que son amplia y constantemente difundidos, de manera tal que cualquier persona que desee conocer la realidad puede hacerlo, y a pesar de ello los Estados Unidos les prestan apoyo a estos grupos", censuró.

El artículo alude a una investigación de la ONU en el pasado mes de mayo, que confirma que las milicias armadas en Siria perpetran atrocidades. Y en agosto, esa instancia internacional vuelve a atizar el tema, e igualmente Amnistía Internacional había mencionado las prácticas sistemáticas de estos grupos terroristas que incluyen homicidios, torturas y salvajes masacres.

Glaser menciona que Human Rights Watch ha vuelto a revelar las prácticas de torturas y ejecuciones que llevan a cabo los armados en Siria y que exigió realizar investigaciones y poner fin a ellos.

Un informe de HRW, tras la visita de su delegación a la ciudad de Alepo, menciona que los grupos armados han sometido detenidos secuestrados a maltratos y torturas y han cometido ejecuciones extrajudiciales en Alepo, Latakia y Edleb, que constituyen crímenes de guerra y podrían ser delitos de lesa humanidad si tienen un carácter generalizado y sistemático.

La organización ha expresado su profunda preocupación ante las declaraciones de algunos líderes de estos grupos armados que manifestaron tolerar o incluso consentir las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y que consideran que sus victimas merecían ser ultimados.

El escritor apunta que a pesar de todas las pruebas, EE.UU. sigue una política de respaldo e instigación a estos grupos armados.

Un funcionario de HRW aseveró que "quienes colaboran con estos grupos tienen una responsabilidad especial de repudiar los abusos".

"En realidad, eso ya ha ocurrido, afirma Glaser, a principios de agosto, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se vio obligado a condenar tales actos cuando se le preguntó acerca de ellos, sin mostrar ninguna intención por parte de su administración de tratar de poner fin a dichas acciones o retirar su apoyo a estos grupos despojados de conciencia y principios, adoptando a cambio, las condenas manifiestas como estrategia fácil para sus relaciones públicas con el fin de desentenderse de la responsabilidad de los crímenes que ella misma apoya", censuró.

"Para reiterar, continua el escritor, los EE.UU. está trabajando con aliados en los Estados árabes del Golfo, como Arabia Saudita y Qatar para enviar las armas, informaciones de inteligencia, y otros equipos a los grupos armados en Siria", añadiendo que "nuestro aliado de la OTAN, Turquía, está albergando e incluso entrenando a los miembros del Ejército Sirio Libre, así como nuestros militares y funcionarios de inteligencia están estacionados en la frontera turco-siria para ayudar a los rebeldes". "Es ampliamente conocido y reconocido oficialmente que los grupos armados tienen un numeroso contingente de combatientes de al-Qaeda, que es considerada terrorista por EE.UU., en sus filas", denota Glase, quien no escondió su asombro de que esta realidad no haya impedido a la administración de Barak Obama abandonar su financiación a dichos grupos, y alegar, de manera increíble, que está siguiendo la operación de cerca para asegurarse de que sus fondos y armas no lleguen a manos de al-Qaeda. "Más fuentes terceras, dice el articulo, y otras de inteligencia, aseguraron a los diarios norteamericanos Washington Post y Los Angeles Times recientemente, que en la realidad EE.UU. no está muy interesada en quien está recibiendo el dinero y las armas".

De todos modos, finaliza Glase, los continuos informes y éste ultimo de Human Rights Watch, señalan que incluso todos los elementos de los grupos armados en Siria y no solo los vinculados con al-Qaeda, están cometiendo graves delitos, censurando abiertamente la política de EE.UU. al respecto, la cual tachó de inmoral y totalmente en ´bancarrota´.

ESTADOS UNIDOS APOYA LOS CRIMENES DE GUERRA EN SIRIA 2012-09-28 11:12:00

El sitio electrónico estadounidense Antiwar.com, publicó un articulo del escritor John Glaser, titulado "El apoyo de EE.UU. a los crímenes de guerra que perpetran los armados en Siria", en el cual el autor pone de manifiesto la horrenda realidad de los crímenes que cometen los grupos terroristas armados en Siria, que asegura ser crímenes de guerra y violaciones peligrosas de los derechos humanos.

El autor del artículo afirma que "todo el mundo está ya al tanto de estos crímenes que son amplia y constantemente difundidos, de manera tal que cualquier persona que desee conocer la realidad puede hacerlo, y a pesar de ello los Estados Unidos les prestan apoyo a estos grupos", censuró.

El artículo alude a una investigación de la ONU en el pasado mes de mayo, que confirma que las milicias armadas en Siria perpetran atrocidades. Y en agosto, esa instancia internacional vuelve a atizar el tema, e igualmente Amnistía Internacional había mencionado las prácticas sistemáticas de estos grupos terroristas que incluyen homicidios, torturas y salvajes masacres.

Glaser menciona que Human Rights Watch ha vuelto a revelar las prácticas de torturas y ejecuciones que llevan a cabo los armados en Siria y que exigió realizar investigaciones y poner fin a ellos.

Un informe de HRW, tras la visita de su delegación a la ciudad de Alepo, menciona que los grupos armados han sometido detenidos secuestrados a maltratos y torturas y han cometido ejecuciones extrajudiciales en Alepo, Latakia y Edleb, que constituyen crímenes de guerra y podrían ser delitos de lesa humanidad si tienen un carácter generalizado y sistemático.

La organización ha expresado su profunda preocupación ante las declaraciones de algunos líderes de estos grupos armados que manifestaron tolerar o incluso consentir las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y que consideran que sus victimas merecían ser ultimados.

El escritor apunta que a pesar de todas las pruebas, EE.UU. sigue una política de respaldo e instigación a estos grupos armados.

Un funcionario de HRW aseveró que "quienes colaboran con estos grupos tienen una responsabilidad especial de repudiar los abusos".

"En realidad, eso ya ha ocurrido, afirma Glaser, a principios de agosto, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se vio obligado a condenar tales actos cuando se le preguntó acerca de ellos, sin mostrar ninguna intención por parte de su administración de tratar de poner fin a dichas acciones o retirar su apoyo a estos grupos despojados de conciencia y principios, adoptando a cambio, las condenas manifiestas como estrategia fácil para sus relaciones públicas con el fin de desentenderse de la responsabilidad de los crímenes que ella misma apoya", censuró.

"Para reiterar, continua el escritor, los EE.UU. está trabajando con aliados en los Estados árabes del Golfo, como Arabia Saudita y Qatar para enviar las armas, informaciones de inteligencia, y otros equipos a los grupos armados en Siria", añadiendo que "nuestro aliado de la OTAN, Turquía, está albergando e incluso entrenando a los miembros del Ejército Sirio Libre, así como nuestros militares y funcionarios de inteligencia están estacionados en la frontera turco-siria para ayudar a los rebeldes". "Es ampliamente conocido y reconocido oficialmente que los grupos armados tienen un numeroso contingente de combatientes de al-Qaeda, que es considerada terrorista por EE.UU., en sus filas", denota Glase, quien no escondió su asombro de que esta realidad no haya impedido a la administración de Barak Obama abandonar su financiación a dichos grupos, y alegar, de manera increíble, que está siguiendo la operación de cerca para asegurarse de que sus fondos y armas no lleguen a manos de al-Qaeda. "Más fuentes terceras, dice el articulo, y otras de inteligencia, aseguraron a los diarios norteamericanos Washington Post y Los Angeles Times recientemente, que en la realidad EE.UU. no está muy interesada en quien está recibiendo el dinero y las armas".

De todos modos, finaliza Glase, los continuos informes y éste ultimo de Human Rights Watch, señalan que incluso todos los elementos de los grupos armados en Siria y no solo los vinculados con al-Qaeda, están cometiendo graves delitos, censurando abiertamente la política de EE.UU. al respecto, la cual tachó de inmoral y totalmente en ´bancarrota´.



Entidad ASPEC y La justicia y por la libertad
La cadena perpetua y El robo agravado
Nadine Heredia hace notar su protagonismo en el gobierno y Martha Chávez denuncia que Alexis Humala negocia compra de armas en Rusia
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Rodolfo Orellana es trasladado a un centro penitenciario de Lima y Ordenan detención de mujer que secuestro a recién nacido

Noticia, Rodolfo Orellana es trasladado a un centro penitenciario de Lima - 15/11/2014 10:15:03

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En medio de estrictas medidas de seguridad, el empresario Rodolfo Orellana, capturado el jueves en Cali, fue trasladado de la carceleta de Palacio de Justicia al penal de Lima Piedras Gordas.
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Palacio de Justicia

Información: Ordenan detención de mujer que secuestro a recién nacido - 28/02/2013 14:22:09

" El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima abrió proceso de instrucción con orden de detención contra Eileen Loyola Alcarraz, como presunta autora del delito de secuestro en agravio de un recién nacido.
Esta medida fue dada también contra Víctor Douglas Loayza Franco, acusado de complicidad en la comisión del referido delito.
La jueza determinó la privación de la libertad de ambos acusados luego de revisar la denuncia remitida por el Ministerio Público y de tomar las respectivas declaraciones de los dos detenidos.
En breve Loyola Alcarraz y Loayza Franco serán trasladados a la carceleta de Palacio de Justicia, para luego ser recluidos en un centro penitenciario que asignará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Como se sabe, el recién nacido fue secuestrado hace unos días en las inmediaciones del Parque de la Exposición.
La Corte Superior de Justicia de Lima, mediante un sistema aleatorio, designó a la jueza Betsy Munaico Gamarra, a cargo del 24º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que continúe con el proceso sumario de este caso.

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Documentos adjuntos:Desconocido
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Que opina usted? La Central: Pesadilla - 06/10/2012 21:14:00

" Olga llora al saber que estará junto a su hermana Abencia en Santa Mónica
Ni en sus peores pesadillas Abencia Meza, la ""Reina de las parranditas"", se imaginó que podría compartir cárcel con su hermana menor, pero tal situación se daría hoy pues Olga Meza y Yeny Herica Gamarra Alva, la ""JLo del folclor"", serían trasladadas al penal de Santa Mónica.
Ambas fueron denunciadas por el juez Omar Quispe Cama, a cargo del 37º Juzgado Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, por los delitos monetario- tráfico de monedas y billetes falsos en su modalidad agravada y contra el patrimonio-estafa.
Este último, porque pagaron con billetes de 100 soles falsificados a los comerciantes Andrés Riberos Castilla, Teodosio Aragonez Huarac, Diana Chávez Silva y Logan Yrvin De la Cruz Salinas.
De serhalladas culpables, Olga y su amiga pueden ser condenadas hasta a 14 años de prisión efectiva.
Minutos antes de las 4 de la tarde de ayer, bajo fuertes medidas de seguridad, las acusadas fueron trasladadas de la sede del Ministerio Público a la carceleta del Palacio de Justicia.
En medio de su traslado, una vez más Olga Meza y la ""JLo del folclor"", quienes tenían sus rostros cubiertos con prendas de vestir, gritaron su inocencia. ""Somos inocentes, no somos delincuentes"", dijeron en medio del alboroto.
Allí permanecerán hasta la tarde de hoy y luego serán llevadas al centro penitenciario de mujeres Santa Mónica, ubicado en el distrito de Chorrillos, donde paradójicamente se encuentra recluida Abencia Meza, quien fue sentenciada a 30 años de prisión por el asesinato de la desaparecida cantante vernácula Alicia Delgado.
En tanto, María Velásquez, la ""Mecánica del folclor"", dijo que tanto Abencia y su madre están devastadas por la detención de Olga y que hasta el momento no pueden creer que la familia Meza Luna este pasando por esta pesadilla. ""Abencia está triste y preocupada, pues su madre está enferma y la detención de Olga empeoró más su salud"", sostuvo en medio del llanto.
Afirmó que brindará su apoyo a Olga, pero no pondrá las manos al fuego por ella como lo hizo con su hermana Abencia, pues desde hace dos años no sabe de ella. ""Trabajó administrando mi hotel, pero luego se alejó y no supe más de ellas hasta ayer que la vi en las noticias"", dijo.
Pidió a la policía que investiguen bien y que si son responsables sean castigadas como manda la ley.
La policía de Chaclacayo confirmó que los billetes que le encontraron a ""Jlo del folclor"", son de la misma serie que entregaron a los comerciantes estafados ""Tienen las mismas características de falsificación"", sostuvo el agente que investigó el caso.
A pesar de la evidencias, tanto Olga Meza y la ""JLo del folclor"" juran inocencia. ""Hay varios testigos que las vieron con la menor, no supieron explicar porque vinieron a comprar víveres del distrito Los Olivos hasta Chaclacayo y los billetes falsificados encontrados en sus pertenencias"", recalcó la fuente policial.
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Información: Portada: Pesadilla - 06/10/2012 21:14:00

" Olga llora al saber que estará junto a su hermana Abencia en Santa Mónica
Ni en sus peores pesadillas Abencia Meza, la ""Reina de las parranditas"", se imaginó que podría compartir cárcel con su hermana menor, pero tal situación se daría hoy pues Olga Meza y Yeny Herica Gamarra Alva, la ""JLo del folclor"", serían trasladadas al penal de Santa Mónica.
Ambas fueron denunciadas por el juez Omar Quispe Cama, a cargo del 37º Juzgado Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, por los delitos monetario- tráfico de monedas y billetes falsos en su modalidad agravada y contra el patrimonio-estafa.
Este último, porque pagaron con billetes de 100 soles falsificados a los comerciantes Andrés Riberos Castilla, Teodosio Aragonez Huarac, Diana Chávez Silva y Logan Yrvin De la Cruz Salinas.
De serhalladas culpables, Olga y su amiga pueden ser condenadas hasta a 14 años de prisión efectiva.
Minutos antes de las 4 de la tarde de ayer, bajo fuertes medidas de seguridad, las acusadas fueron trasladadas de la sede del Ministerio Público a la carceleta del Palacio de Justicia.
En medio de su traslado, una vez más Olga Meza y la ""JLo del folclor"", quienes tenían sus rostros cubiertos con prendas de vestir, gritaron su inocencia. ""Somos inocentes, no somos delincuentes"", dijeron en medio del alboroto.
Allí permanecerán hasta la tarde de hoy y luego serán llevadas al centro penitenciario de mujeres Santa Mónica, ubicado en el distrito de Chorrillos, donde paradójicamente se encuentra recluida Abencia Meza, quien fue sentenciada a 30 años de prisión por el asesinato de la desaparecida cantante vernácula Alicia Delgado.
En tanto, María Velásquez, la ""Mecánica del folclor"", dijo que tanto Abencia y su madre están devastadas por la detención de Olga y que hasta el momento no pueden creer que la familia Meza Luna este pasando por esta pesadilla. ""Abencia está triste y preocupada, pues su madre está enferma y la detención de Olga empeoró más su salud"", sostuvo en medio del llanto.
Afirmó que brindará su apoyo a Olga, pero no pondrá las manos al fuego por ella como lo hizo con su hermana Abencia, pues desde hace dos años no sabe de ella. ""Trabajó administrando mi hotel, pero luego se alejó y no supe más de ellas hasta ayer que la vi en las noticias"", dijo.
Pidió a la policía que investiguen bien y que si son responsables sean castigadas como manda la ley.
La policía de Chaclacayo confirmó que los billetes que le encontraron a ""Jlo del folclor"", son de la misma serie que entregaron a los comerciantes estafados ""Tienen las mismas características de falsificación"", sostuvo el agente que investigó el caso.
A pesar de la evidencias, tanto Olga Meza y la ""JLo del folclor"" juran inocencia. ""Hay varios testigos que las vieron con la menor, no supieron explicar porque vinieron a comprar víveres del distrito Los Olivos hasta Chaclacayo y los billetes falsificados encontrados en sus pertenencias"", recalcó la fuente policial.
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Consulte Información en Gestiión Publica Perú Irá a prisión por no pagar pensión de alimentos y DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA

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Cine y Television

Hijos de mujeres víctimas de violencia de género son más vulnerables a enfermedades y Propondrán modificar Ley de Feminicidio

Que opina? Hijos de mujeres víctimas de violencia de género son más vulnerables a enfermedades - 16/01/2015 13:00:00

Los hijos de mujeres que sufren violencia de género son más vulnerables a las enfermedades, según revela el estudio "Violencia contra la mujer: una visión desde la economía", elaborado por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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violencia de género

Noticia, Propondrán modificar Ley de Feminicidio - 22/03/2012 12:12:50

" El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables plantea la modificación de la Ley de Feminicidio para incluir sanciones no solo contra aquellos hombres que asesinan a sus parejas o ex parejas, sino también para sancionar todos los asesinatos que ocurran en un contexto de discriminación de género.
La titular del MIMP, Ana Jara Velásquez, dijo que la modificación de la norma busca que se tipifique el feminicidio como el homicidio de una mujer que ocurre en un contexto de pareja, violencia familiar o de discriminación de género.
Durante su participación en la Mesa Redonda "Feminicidio en el Perú", Jara Velásquez señaló que la violencia contra la mujer constituye un problema de grandes proporciones en nuestro país.
"Las estadísticas del INEI indican que cuatro de cada 10 mujeres en el Perú fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas, mientras que los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio registraron seis mil 259 atenciones en los meses de enero y febrero y cada mes muere un promedio de 10 mujeres en manos de sus parejas, exparejas o familiares", manifestó.
Agregó que si bien el feminicidio se encuentra en la agenda nacional, es necesario un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad para enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer.
"No se puede tolerar ni justificar ningún acto de violencia de género. Solo así podremos garantizar a las mujeres en el Perú una vida libre de violencia", enfatizó.
Jara Velásquez anotó que el MIMP realiza diferentes acciones para enfrentar esa problemática como la implementación del Registro de Feminicidio y Tentativas, Capacitación al personal de los CEMs y operadores de justicia en el abordaje del tema y la organización de los servicios (CEM, Línea 100) para atender a las víctimas y sus familias.
Además, el Ministerio lleva adelante la sistematización y análisis de la información, elaboración de una guía de atención del feminicidio para los CEMs y la sistematización sobre violencia feminicida.
También resaltó las campañas de sensibilización ejecutadas por el sector con el objetivo de cambiar patrones culturales y promover una cultura de respeto entre mujeres y varones como las campañas "Para la mano" y "Si te quieren, que te quieran bien".
Fuente: Andina
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Es Noticia, Ojo con la foto: Botones antipánico para chicas - 07/03/2012 22:31:00

" Las autoridades del municipio argentino de Tigre entregarán mañana ""botones antipánico"" a mujeres que son víctimas de violencia de género. El dispositivo estará en contacto con la policía y deberá ser accionado frente a situaciones de riesgo. Los botones permiten saber el lugar exacto desde donde ocurre la emergencia.
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Noticia, Huancavelica: Mujeres exigen aprobación de Plan Regional contra la Violencia - 07/03/2012 10:03:44

"Este 07 de marzo el Consejo Regional debe aprobar la ordenanza correspondiente y con ello la implementación del Plan operativo 2012 , 2013.
Las organizaciones de mujeres de Huancavelica y Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, solicitan urgente aprobación del Plan Regional Contra la Violencia hacia la Mujer 2012 , 2016 en la sesión de Consejo Regional del 7 de marzo y la adopción inmediata del plan operativo 2012 , 2013 donde se priorice ampliar la cobertura y mejorar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de un registro y sistema regional que facilite el trabajo articulado entre sectores y niveles de gobierno.
La violencia contra las mujeres en la Región Huancavelica es un problema grave. De 853 denuncias en la Comisaría el 88% corresponden a mujeres que han sido violentadas; en los primeros 9 meses del 2011 se atendieron en el CEM a 56 víctimas de violencia sexual y hay registradas hasta el momento 241 víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Estas cifras son preocupantes, aunque no reflejan la real dimensión del problema.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo de cada año, las organizaciones de mujeres consideran que no se puede aplazar, ni un día más, la adopción de medidas frente a un problema que afecta principalmente a las mujeres, y se debe enfatizar en:
- Capacitación a las y los servidoras/res de los establecimientos de salud del primer nivel de atención en enfoque de género, interculturalidad, estándares de calidad según normas de derechos humanos e igualdad de oportunidades, asimismo el uso de la Guía Técnica para la Atención Integral de la Persona Afectada por la Violencia Basada en Género y el Protocolo sobre Violencia contra la Mujer, y la intervención en salud mental comunitaria; de manera que se logre un adecuado abordaje a todas las formas de violencia de género.
- Especialización de magistradas/os de las fiscalías y juzgados para la atención de casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, intercultural y derechos humanos, que permita atenciones efectivas, oportunas y sin discriminación.
Como se recuerda el año 2011 el Gobierno Regional de Huancavelica elaboró el Plan Regional Contra la Violencia hacia la Mujer 2012 , 2016; con la participación de más de 2500 personas de las 7 provincias entre mujeres organizadas, jóvenes, dirigentes/as, autoridades y funcionarios/as de todos los sectores del Estado y de los gobiernos locales; la ejecución de éste plan depende de su aprobación mediante ordenanza regional y de la voluntad política por parte del Gobierno Regional para gestionar su cumplimiento e invertir en ello. Asimismo, dependerá de la instalación de un órgano consultivo con participación de la sociedad civil.
Huancavelica, Marzo 2012
Contacto de Prensa:
Jessenia Casani
997300923
Fuente: DEMUS

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Delito y corrupcion del Peru y Mundo

Embraer y Volkswagen testificarán ante comisión de la verdad en Brasil y DDHH retroceden en Asia-Pacífico, según Amnistía Internacional

Embraer y Volkswagen testificarán ante comisión de la verdad en Brasil 2015-02-26 16:22:42

La comisión creada por la legislatura del estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, desea que las compañías "expliquen sus acciones durante el periodo de represión" en sesiones el viernes y el lunes, de acuerdo a un comunicado.

Una "comisión de la verdad" que indaga crímenes cometidos durante la dictadura militar de Brasil de 1964 a 1985 llamó a testificar a representantes de firmas como la alemana Volkswagen y de otras cinco empresas locales, a fin de evaluar si su presunta colaboración facilitó abusos a los derechos humanos.

La comisión creada por la legislatura del estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, desea que las compañías "expliquen sus acciones durante el periodo de represión" en sesiones el viernes y el lunes, de acuerdo a un comunicado.

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DDHH retroceden en Asia-Pacífico, según Amnistía Internacional 2015-02-26 12:17:14

Manifestantes se enfrentan a la polic<br/><a href=Consulte la Fuente de este Artículo
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