Tío George, uno de los cuatro rostros más corruptos de la politiquería peruana (siendo los otros tres Alan García, Fujimori Ken'ja y Vladimiro Montesinos). Hoy, varios medios de propaganda de Lima dan cuenta de las declaraciones del inculpado del Castillo Gálvez, quien hace mucho tiempo debió haber sido enjuiciado y enviado a chirona por los robos cometidos con su cómplice García Pérez. El pueblo peruano debe percibir que los medios de manipulación de la opinión pública que dan cabida a este caco están contribuyendo a que el especimen eluda el compromiso que tiene con la justicia.Apenas en el pórtico del año 2012 urge subrayar circunstancias abominables y, casi siempre, "pasadas por alto" por nuestros analistas profesionales. En Perú, como decía un conservador de principios del siglo XX, la gente no sabe amar ni odiar, sólo olvidar.
No es secreto ni posible ocultar que el sistema de partidos existente hasta la década de los ochenta, hoy no funciona y esto explica lo caótico y desordenado de nuestro esquema manipulado por clubes de compadres unidos por la hermandad de apetitos personales, oportunismo y fieles servidores de los grupos de poder económico.
El Partido Aprista, esperanza de multitudes durante décadas, hoy está secuestrado por politicastros y es una caricatura grotesca sin dirección ni docencia, bases organizadas, sin cuadros ni militancia y en cambio sí exhibe taifas de vividores de prebendas, individuos a quienes se ha comprado la conciencia; todos supeditados a la férula de un remedo de caudillo, multimillonario por la bondad enorme de concesiones a espaldas de los intereses genuinos del pueblo. Este émulo aplicado de Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola, Augusto B. Leguía, Alberto Fujimori, Carlos Andrés Pérez y Felipe Gonzales, unidos por el común denominador de la traición y el enriquecimiento ilícito es Alan García Pérez, el Anti-Haya.
Convertido el de marras en personaje siniestro y grotesco que impresiona sólo a tontos e ignorantes, destruyó la organización y fraternidad apristas, maniobra aviesa que no pudieron lograr las fuerzas oscuras y cavernarias consiguiéndolo García de la mano y tutela de los nuevos dueños del Perú a quienes rinde pleitesía por haberle permitido entrar en sus círculos de privilegios y haber dejado atrás su pobreza juvenil llena de complejos y resentimientos.
Reencarnación del felón Eudocio Ravines y como dice el título de su obra conversa,
La gran estafa, García es el robo hecho carne y espíritu viles. Ahora es el más conspicuo embajador y líder de la corrupción y entreguismo a la que parecen haberse adherido varios personajes del actual gobierno. No tuvo ministros honestos y eficaces, mandó a cómplices que actuaron de cajeros y simples secretarios.
Será tarea sempiterna e indispensable como revolucionaria, desenmascararlo y evitar que vuelva a tomar parte en la conducción de los destinos del Partido y del Perú, por el peligro, para los más necesitados, que él representa.
El pueblo peruano sabe que todos los epítetos le describen con acierto: frívolo, demagogo, engañador, burlador, huachafo, mentiroso, necio, cínico, corrupto, sinvergüenza, traidor, servil, apóstata e irresponsable; y tal vez nos quedamos cortos. Y como dirían los versos de una canción de Silvio Rodríguez, García no es otra cosa que
"el servidor del pasado en copa nueva".Pontifica sobre economía que nunca aprendió ni entendió, convirtiéndose en vocero oficial de la derecha más cavernaria, es el Herman Cain de nuestra política criolla asociado a personajes fascistas como el cardenal Cipriani y el ladrón genocida Fujimori. Presenta libros, escritos a la carta y por mano ajena, en los cuales expresa su evolución de un pasado populista a un converso neoliberal como lo reconocen muchos, y estamos de acuerdo con quienes lo definen no como un brillante orador sino como un charlatán de plazuela, poseedor de un egocentrismo enfermizo y donde la falta de litio produce comportamientos que hubiese querido estudiar Sigmund Freud.
Tarea cardinal del aprismo será expectorar a García Pérez y a toda la larga lista de sus taimados cómplices, logreros y ladrones.
En lo que respecta al actual gobierno que preside Ollanta Humala, su base social no es el pueblo, son las fuerzas armadas y policiales como lo demuestran sus propios actos, y al viejo estilo de los gobiernos autoritarios usa la fuerza como forma de imponer su criterio aplaudido por el poder mediático que, a su vez y como en el pasado, representa intereses oscuros y nefastos.
La verdadera democracia, la democracia social como afirmamos los apristas genuinos, no se construye con represión y persecución; ésta se forja representando y escuchando al pueblo, a los pobres que son mayoría y en nombre de los cuales se gobierna.
El Partido Nacionalista casi vegeta, no tiene arte ni parte en las decisiones fundamentales de gobierno, sus defraudados militantes supérstites, en buena cuenta, ya no son considerados ni escuchados; sus autoridades están bebiendo de la misma fuente que utilizó Alan García para gobernar dejando a un lado a quienes se fajaron en la campaña electoral y dieron la pelea por la "gran transformación". Nosotros creemos, y como lo afirman muchos de manera alerta, que la única transformación es la que ha sucedido con el presidente Ollanta Humala que de una izquierda aparente trocó en el ámbito anodino de centro-derecha. En resumen más de lo mismo.
Un gobierno auténticamente democrático no declara estados de emergencia para resolver los seculares problemas del país, dialoga y defiende los intereses del pueblo; al parecer no se ha aprendido la lección de los luctuosos sucesos de Bagua en el régimen de García. ¿Cuántos más tienen que morir para que llegue la cordura? ¿El número de muertes del anterior gobierno (se afirma que son más de ciento noventa) no es un grito de alerta? Escuchar exclusivamente el consejo interesado de los grandes mineros como Roque Benavides (amigo de García), dueño de grandes capitales forjados en la explotación, el lucro y la avaricia, es de por sí peligroso y desestabilizador. La época de los "dueños del Perú" debe terminar definitivamente, de lo contrario nos esperan años de lucha, dolor y sufrimiento.
Condenamos la forma cuasi secreta cómo se está negociando la concesión por largos años más a la empresa
Telefónica del Perú o
Movistar. Para nadie es un misterio que los monopolios son negativos y si revisamos antecedentes de sus anteriores negociaciones y sobre todo de la forma cómo adquirieron la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), a precio regalado, es comprensible nuestra tribulación. Esta empresa española es conocida por abusos con los consumidores no sólo a nivel nacional sino también internacional y así lo explican las millonarias multas que le han sido aplicadas, amén de la carcelería sufrida por sus presidentes en España. También son descaradas sus contribuciones para financiar campañas electorales en espera de cobrar la factura. Es sospechoso, por decir lo menos, cómo Osiptel le lava la cara presentando como gran cosa la reducción de tarifas en las llamadas de teléfono fijo a celular, esto sólo nos pone de manifiesto la cobranza ilegal sus servicios, haciendo grandes fortunas con la complicidad de gobiernos como el de García entre otros.
La lucha contra la corrupción es una quimera, y la mal llamada
Megacomisión no va ni para adelante ni para atrás. La corrupción sigue campeando y no se sanciona a nadie. Todos sabemos que esta lucha requiere coraje y decisión y parece no haber ni lo uno ni lo otro. Recomendamos leer lo actuado en la comisión contra el contrabando que presidió Héctor Vargas Haya en los años sesenta para que aprendan cómo se enfrenta y sanciona sin temores a los delincuentes. Han pasado cinco meses del actual gobierno y no hay resultados en esta lucha que fue una promesa electoral. Los más felices con todo esto son los corruptos y sinvergüenzas de cuello y corbata.
En consecuencia, el comando de
Rescate del Aprismo cumple con poner en conocimiento de la opinión pública su posición frente al secuestrado Partido Aprista y al actual gobierno:
1. Rechazamos y condenamos categóricamente a la cúpula que tiene secuestrado al Partido Aprista y sólo su expulsión inmediata y vitalicia permitirá la reconstrucción del Partido de Haya de la Torre y así volver a los cauces de la izquierda democrática y a la verdadera defensa de los intereses del frente único de trabajadores manuales e intelectuales.
Exhortamos a los militantes auténticos y no contaminados por la secuela de la traición y corrupción del alanismo por prebendas, puestos y canonjías, a la rebelión de abajo hacia arriba. Ya no hay tiempo ni lugar para dudas ni miramientos cómplices. Los delincuentes o la decencia. La traición o la consecuencia con el ideario aprista. Recuperemos el Partido para el pueblo. Asumamos una oposición constructiva vigilante y coherente con el sacrificio de nuestros héroes y mártires en la consecución de una sociedad más justa y más libre con Pan y Libertad.
2. Exigimos que el gobierno de Ollanta Humala cumpla con sus promesas y sea consecuente con quienes votaron para evitar que la Patria sea controlada por el oprobio. Alertamos a los pueblos del Perú frente al entreguismo de sus recursos naturales y en especial a la militancia aprista consecuente a tomar sus puestos de lucha al lado del pueblo y a defender los intereses sacrosantos del país.
3. Demandamos unidad nacional en defensa de la posición peruana en el contencioso jurídico que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con Chile y exigimos que el gobierno del presidente Humala entere al pueblo peruano
in extenso de un asunto tan delicado y que es patrimonio de los treinta millones de peruanos.
4. Condenamos los arrebatos antidemocráticos de las fuerzas conservadoras e intolerantes que pretenden la vacancia del sillón municipal de Lima; asimismo encarecemos a la alcaldesa Susana Villarán a persistir en un trabajo constructivo, científico y planificado que evite frivolidades o aventurerismos de cualquier especie. Perú no puede darse el lujo de, en plena guerra jurídica y con los peligros geopolíticos que éste implica, promover un vacío de poder y una anarquía que sólo favorece a fuerzas foráneas y eventualmente invasoras.
¡Contra el imperialismo, por la unidad de Indoámerica para alcanzar la justicia social!
jeguzga@hotmail.com
Lima, 4 de enero de 2012
Enero 6, 2012
El dinero que se recaude en la segunda subasta de joyas de Vladimiro Montesinos, que se realizará el 11 de junio, no sirve para pagar la reparación civil que le adeuda al Estado, aclaró la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).
Cuando las investigaciones periodísticas - y, posteriormente, fiscales y judiciales - comenzaron a destapar las diversas aristas de la organización liderada por Rodolfo Orellana, comenzó a quedar bastante claro que este personaje no pudo apropiarse de tantos terrenos de no ser por varias conexiones en diversas instituciones estatales. De allí que, tan importante como la captura del abogado que se hacía pasa por reputado hombre de negocios, era desmontar la red que le permitió operar, sobre todo, en el plano legal.
Ayer, un operativo permitió la captura de diversos personajes vinculados a la rama legal de esta organización. De ella, cuatro personajes nos han llamado la atención por su notoriedad pública en el pasado. Aquí un resumen de la misma, así como lo que la prensa ha registrado sobre sus conexiones con Orellana.
ROBINSON GONZALES:
Durante la década pasada, fue el magistrado supremo más cuestionado, sobre todo, por sus controvertidas resoluciones. Como registró El Comercio ayer, Gonzales participó en las sentencias que liquidaron procesos emblemáticos de corrupción como la falsificación de firmas de Perú 2000 o los tratos ilegales de directivos de la empresa chilena Lucchetti con Vladimiro Montesinos. Asimismo, ordenó la liberación anticipada de involucrados con la organización criminal encabezada por el expresidente Alberto Fujimori, como Ernesto Gamarra y Moisés Wolfenson. También tuvo que inhibirse en el caso Bedoya de Vivanco, porque Gonzales había sido abogado del exministro fujimorista Tomás Gonzales Reátegui, coprocesado en este caso.
Otros casos controvertidos en los que Gonzales tuvo fallos criticables fueron mencionados por el Instituto de Defensa Legal cuando se peleó por su no ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, como dos casos de violación en los que fue ponente y anuló sentencias condenatorias. A ello se suma su voto a favor de la prescripción del caso que involucraba a Mantilla con una cuenta en Nueva York.
Según La República, el exmagistrado supremo - fuera del Poder Judicial desde 2011 - se encargaba de entregar pagos a miembros del Poder Judicial. Era, de acuerdo al diario, un administrador de la organización. Hace algunos meses, Perú.21 descubrió que Gonzales tenía oficina en el bunker de Orellana ubicado en el límite entre San Isidro y San Borja. LR señala hoy que el empresario le puso varias oficinas para su trabajo.
BLANCA PAREDES
Se hizo conocida en el ambiente periodístico por ser la representante de uno de los bandos en disputa en torno a los principales terrenos legados por el empresario y excongresista Mario Paredes Cueva. En particular, en torno al camal de Yerbateros y a la plaza de toros ubicada al costado del estadio de Alianza Lima. Según describe un reportaje de Christopher Acosta para la revista Poder, gracias a dos laudos arbitrales irregulares, Paredes y Orellana pudieron apoderarse de ambos terrenos.
La abogada - quien, según nos consta, representó a Roberto Huamán Azcurra en el juicio por el caso Chavín de Huántar - ha sido involucrada por varios testigos en la organización Orellana. Según la abogada María Zaplana, ella y Benedicto Jiménez eran vistos en el ya famoso bunker del empresario. También apareció en un caso vinculado a oro.
ALVARO DELGADO SCHEELJE:
Actualmente no habido. Fue superintendente de Registros Públicos y jefe de COFOPRI durante el segundo gobierno aprista. De acuerdo con la revista Poder, dos fuentes indicaron verlo en más de una oportunidad en el bunker de Orellana. Delgado reconoció al periodista Christopher Acosta que conoció a Ludith Orellana - hermana del empresario y una de las principales cabezas de la organización -, quien lo buscaba “para hacerle algunas consultas en materia registral”. Según el mencionado informe, la comisión investigadora del caso Orellana en el Congreso de la República maneja la hipótesis que la red incluso llegó a influir en la aprobación de normas internas para sus fines, como la inscripción de laudos arbitrales que eran irregulares. La Republica confirma en su versión de hoy esta imputación.
SEGUNDO VITERY RODRIGUEZ:
Fue procurador del Poder Judicial. Se hizo notorio para el público cuando protagonizó el papelón de su vida al contradecir al entonces procurador supranacional Oscar Cubas en la audiencia de cumplimiento de sentencia del caso La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego que se diera el controvertido fallo de la sala Villa Stein a favor de los integrantes del Destacamento Colina. Según El Comercio, Vitery es abogado de uno de los testaferros de la red, además de cercano a Orellana.
Ojo que, según Daniel Yovera, varias personas aún son investigadas por sus posibles vínculos con Orellana en el plano legal. Así que esta historia aún puede darnos más sorpresas.
(Foto: Perú.21)
Normalmente vemos a nuestro vecino del sur en relación con los temas económicos, pero quizás sea momento de observar como afrontan sus principales escándalos de corrupción.
Durante los últimos meses, tres casos han llamado la atención de la opinión pública chilena, normalmente ajena a que sus políticos estén involucrados en, por ejemplo, aprovechar los pasajes que les da el Congreso para irse a un mitin partidario.
Los casos Penta y SQM - el primero, un gran conglomerado empresarial y el segundo una importante empresa minera - tuvieron la misma raíz. Una investigación del Servicio de Impuestos Internos (la SUNAT mapocha) encontró un importante número de facturas falsificadas. Pero, a diferencia de lo ocurrido con el segundo vicepresidente de CONFIEP, el tema no solo quedó en defraudación tributaria. Se descubrió que Penta financiaba campañas de políticos - en particular, de la Unión Democrática Independiente, el partido más cercano al pinochetismo - y SQM sobornó a un ex viceministro de Minería del gobierno de Sebastían Piñera, además de hacer pagos a parlamentarios de diversas tendencias, incluyendo a la actual alianza de gobierno (Nueva Mayoría). Es decir, una investigación estatal permitió revelar una trama de corrupción política. Y en el caso Penta ya hay algunos funcionarios del conglomerado presos preventivamente.
Mientras que el caso Caval apuntó al círculo íntimo de la presidenta Bachelet. A diferencia de los dos anteriores, se trató de un destape periodístico - presentado por la revista Qué Pasa -, donde se descubrió que la empresa Caval, de propiedad de la nuera de Bachelet, había recibido rápidamente un crédito del Banco de Chile (uno de los bancos privados más importantes de dicho país) para la compra de terrenos de uso rural.
Dos problemitas: antes hubo una reunión previa entre Natalia Compagnon (la nuera) y Sebastían Dávalos (el hijo de la presidenta) con el vicepresidente del Banco, Andrónico Lukzic - sí, el mismo que se reunió con Vladimiro Montesinos en la salita del SIN por el caso Lucchetti - y, posteriormente, el terreno de uso rural pasó a ser urbano, lo que incrementó automáticamente su valor. Se vienen investigando ambos hechos.
Ya se imaginarán el bolondrón que esto ha causado en Chile. La clase política está en su punto más bajo de credibilidad, la popularidad de Bachelet anda en niveles peruanos y se ha tenido que formar una Comisión presidencial para ver medidas contra la corrupción.
Precisamente, la foto que vemos arriba corresponde al momento de entrega del informe de esta Comisión, en ceremonia realizada esta mañana. Según La Tercera, Bachelet daría un mensaje a la Nación anunciando las políticas a implementar este domingo. Pero lo que me interesa resaltar es el reconocimiento público de errores que hizo la presidenta. Aquí los extractos más fuertes de su discurso:
La profunda molestia de la ciudadanía con quienes están en posiciones de poder, es totalmente comprensible. Eso es grave.
Y seríamos ciegos si pretendiéramos seguir actuando como si no pasara nada, o como si se pudiera echar tierra a un asunto para volver a hacer las cosas como se hacían antes.
Necesitamos hacer cambios de fondo.Y eso parte por reconocer nuestra responsabilidad.
Es la hora de la sinceridad y de la acción, de otra manera el país no va a devolvernos su confianza. Y hay una verdad que debemos reconocer: los que estamos en la política, en los negocios, en el Gobierno, estamos en deuda con Chile.
Estamos en deuda, porque hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones políticas y económicas.
Estamos en deuda, porque hemos dejado que se debilite la fe pública, que es la condición básica de nuestra existencia en común.
Estamos en deuda, porque hemos afectado el orgullo que los chilenos y chilenas sienten por su Patria, un país históricamente transparente y honesto.
(…)
Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios.
Pensamos, erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia.
Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido.
Y si bien es cierto que el manejo de la crisis ha sido bastante defectuoso - de hecho, Bachelet incluso tomó la infeliz decisión de desmentir una posible renuncia ante la prensa extranjera - lo cierto es que, con el informe y con estas declaraciones, la presidenta recupera iniciativa.
¿Algún presidente peruano diría, alguna vez, palabras como las mencionadas hoy?
(Foto: La Tercera)
Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la audiencia sobre el caso Chavín de Huántar. Para ser más precisos, examinó los argumentos de la Comisión Interamericana, los abogados de los posibles afectados y el Estado peruano en torno a las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del exitoso operativo militar de rescate de rehenes de la residencia del embajador del Japón en Lima, realizado hace 17 años.
Dado que, durante este caso, ha circulado mucha desinformación sobre la naturaleza del proceso, así como en torno a los hechos, conviene tener en claro que es lo que la Corte va a resolver y que consecuencias jurídicas tendrá para el Perú.
1. NO SON PROCESADOS LOS COMANDOS QUE EJECUTARON LA OPERACIÓN: La Corte Interamericana no procesa individuos, sino a Estados. Esto es algo que tiene que quedarnos claro al momento de ver este tipo de procesos judiciales supranacionales.
2. ES BASTANTE PROBABLE QUE EL ESTADO PERUANO PIERDA EL CASO: Tanto por la evidencia presentada en sede nacional como internacional, la Corte puede concluir dos cuestiones claras:
a) Existe suficiente evidencia de la ejecución extrajudicial del terrorista Eduardo Cruz Sánchez. Las dos sentencias del Poder Judicial peruano establecieron esta conclusión y los peritajes presentados por el hoy ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, que nunca examinaron el cuerpo del emerretista, no pudieron refutar las pruebas presentadas en torno a este punto: testimonios del diplomático japonés Hidetaka Ogura y de los policías Marcial Torres y Raúl Robles, las declaraciones de los comandos que refieren que en la zona donde mataron al terrorista conocido como (a) "Tito" no se combatió, las fotografías del operativo y los examenes forenses del EPAF que fueron oficializados por el Ministerio Público.
Nunca está demás recalcarlo: este hecho no limpia a Cruz Sánchez de los crímenes por los que debió ser procesado, como miembro de la cúpula del MRTA, un grupo terrorista que puso bombas, asesinó autoridades y civiles y, sobre todo, hizo del secuestro una práctica sistemática, que califica como crimen de lesa humanidad. El punto es que debió ser juzgado por estos hechos y condenado por los mismos. Eso es lo que nos distingue en un Estado de derecho de esta gente.
b) El procesamiento en el fuero militar de los comandos: La jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara: no se pueden procesar casos que implican violaciones a los derechos humanos ante la justicia militar, dado que es un fuero que carece de imparcialidad frente a este tipo de casos. Y ello nos lleva al punto 3.
Lo que si se descartaría, de acuerdo a la evidencia presentada y a los procesos judiciales en sede nacional, es que las otras dos presuntas ejecuciones extrajudiciales alegadas puedan ser declaradas como tales, debido a la falta de pruebas. Y la Corte debería ser capaz de diferenciar dos hechos distintos: un exitoso operativo militar y lo que ocurrió después del mismo.
3. ENTONCES, ¿QUE PASARÍA CON LOS COMANDOS? La consecuencia lógica del punto b es que se reabra un proceso en el fuero común a los valerosos militares. Ojo: no es el fin del mundo ni supone una condena a militares que cumplieron limpiamente con su deber. Y finalmente, toda persona debe presentarse ante la justicia cuando es requerida por ella.
Con todo lo establecido en el proceso judicial nacional, existe suficiente evidencia para sobreseer el caso para los comandos en el Ministerio Público. Ni siquiera sería necesario llegar al Poder Judicial. Hace un año, escribió sobre este tema el abogado César Azabache en El Comercio:
Un importante sector de la opinión pública local, al que los representantes del Estado parecen haber prestado oídos intensamente, ha insistido en que las sospechas admitidas por los tribunales peruanos sobre la responsabilidad del Coronel Zamudio en el caso Cruz Sánchez involucran a los comandos regulares que rescataron la residencia. Pero esto no es cierto. No existen evidencias que muestren la presencia de comandos regulares en la escena en que se encontró el cadáver de Cruz Sánchez. Pero la confusión existe y ha dañado sensiblemente la claridad con la que el Estado debió (y no ha logrado) enfrentar el caso. De hecho, la mayoría de confusiones que empantanaron los procedimientos internos en los últimos años provienen del mismo error.
4. ¿Y POR QUE LLEGAMOS A ESE ESCENARIO? Como bien precisa Azabache, por una mala estrategia. Absurdamente se intentó juntar dos hechos separados - la operación de rescate y los sucesos acaecidos luego y en un escenario donde no se combatió -. Hubiera sido mejor para el Estado y para salvaguardar un rescate considerado como modélico que se reconociera, en sede internacional, la existencia de una ejecución extrajudicial ajena a los comandos. A contrario, el Estado peruano - y aquí este gobierno tiene una responsabilidad central - quiso irse por la vía de negar la existencia de este hecho, a pesar que las dos sentencias judiciales nacionales terminaron contradiciéndolo.
Pero hay otro error que el abogado considera crucial, sobre todo para el punto b:
La Corte Suprema también se equivocó cuando entregó los Comandos a la justicia militar. En agosto de 2002 estaba claro para todos que entrometer a la justicia militar en un caso de esta envergadura, a la larga, tendría consecuencias negativas en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. De hecho, el caso llegó a la Comisión a consecuencia de esta decisión. Habría sido más simple y claro anular el procedimiento iniciado contra ellos por falta de motivos, ya sea aprovechando la contienda que entonces se propuso o mediante un Hábeas Corpus por violación al debido proceso. Pero no se hizo. En lugar de ello se entregó a la justicia militar un caso que ni siquiera existía en realidad, el caso contra los comandos regulares de las fuerzas combinadas que recuperaron la residencia.
De hecho, durante varios años, algunas voces hemos reclamado porque, antes que el caso sea sentenciado por la Corte Interamericana, el Ministerio Público realice una investigación en el fuero común a los comandos en un plazo razonable y que sobresea el caso por falta de pruebas en su contra. Han pasado tres años desde que enunciamos esta posibilidad, tiempo más que suficiente para haber resuelto lo que, en algunos meses, se convertirá en un problema de interés nacional. Con ello, el Estado hubiera resuelto el punto b y solo hubiera sido condenado por el punto a, imposible de salvar a la luz de los hechos.
5. ¿A QUIEN SI DEBERÍAMOS PROCESAR CUANTO ANTES POR ESTE HECHO? Toda la evidencia judicial en sede nacional apunta a una persona: Jesús Zamudio Aliaga, coronel del Ejército en retiro que trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional, siendo una persona de confianza de Vladimiro Montesinos.
De acuerdo a lo señalado en el juicio en sede nacional, las tesis posibles de responsabilidad de Zamudio son las siguientes: tres tesis posibles: a) Como señala la Sala, Zamudio actuó solo, b) como dice la acusación fiscal, Zamudio actuó bajo la cadena del mando del SIN, que compromete a los co-acusados Montesinos, Hermoza y Huamán (y, en última instancia, a Fujimori), o c) la versión esgrimida por el periodista Umberto Jara, quien sostiene que Zamudio respondía directamente a Alberto Fujimori. Las dos últimas parecen ser las que tienen mayor fuerza.
Hasta el momento, el coronel en retiro es inubicable a pesar que, como señaló el periodista Angel Páez en su oportunidad, renovó su DNI en 2008, cuando ya tenía orden de captura.
La ubicación y procesamiento de Zamudio no solo es clave para cerrar un caso que ya lleva demasiado tiempo en el limbo, sino también para, de una vez por todas, separar la valiente acción de oficiales que rescataron a secuestrados por una organización terrorista de la estupidez cometida por un coronel del Ejército que ha terminado, 17 años después, colocando aún en las sombras un rescate que fue exitoso. El Estado peruano tiene la palabra.
(Foto: El Comercio)
Montesinos se negó a declarar en juicio por caso ´diarios chicha´ 2014-06-06 09:37:00
La presidenta de la Cuarta Sala Penal Liquidadora informó que Vladimiro Montesinos sería denunciado por eventual comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Fuente
000 millones y Flexibilizan contratos de estabilidad tributaria para fomentar inversión minera
Ministerio de Defensa condecora a jefes militares y exministros y Cateriano y Pedraza no saben de Inteligencia y por eso desconocerían trabajo de la DINI
OLLANTA HUMALA:
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