En carta remitida hoy al Presidente de la República, Ollanta Humala, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su más profunda preocupación sobre la posibilidad de un indulto humanitario al ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por crímenes de lesa humanidad y graves actos de corrupción. “Creemos que otorgar el indulto sin cumplir con los estándares del derecho interno e internacional representaría un paso hacia la impunidad y la erosión del estado de derecho en el Perú”, señalan.
3 de octubre de 2012
Su Excelencia Ollanta Humala
Presidente de la República del Perú
Lima, Perú
Su Excelencia Presidente Humala:
El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.
Al respecto, le exhortamos a Usted, como Presidente de la República, considerar que:
(1) Alberto Fujimori fue condenando en varios procesos judiciales que respetaron las garantías del debido proceso y probaron su responsabilidad por una serie de hechos criminales, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, incluyendo un niño de ocho años; la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta; y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; así como varios casos de abuso de autoridad y corrupción.
(2) El indulto presidencial es potestad del Presidente de la República. Sin embargo, existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional peruana como por el derecho internacional.
(a) Según la legislación peruana (Ley 26478 de 1995): “Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado”. En el caso del ex mandatario Alberto Fujimori, el mismo fue condenado por el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, sentencia que fue afirmada en segunda instancia, lo cual excluye al ex Presidente del beneficio del indulto.
(b) El derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del ex mandatario por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y Cantuta fue posteriormente confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú en su sentencia del 7 de abril de 2009. Según dicha Sala, de acuerdo al derecho internacional, los crímenes por los cuales encontraron culpable al ex Presidente Fujimori constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia de la Sala fue confirmada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009.
(3) El ex Presidente Fujimori es mayor de edad y padece ciertos problemas de salud. Sin embargo, para que sea beneficiado con un indulto humanitario, según la Resolución Ministerial 0162-2010-JUS, del 13 de julio de 2010, Fujimori tendría que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativa e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud.
(a) En declaraciones a la prensa la semana pasada, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, confirmó que su padre no padece una enfermedad terminal. En todo caso, para poderse otorgar el indulto humanitario se tendría que confirmar, con una evaluación médica rigurosa e independiente, el estado de salud del ex mandatario para poder luego tomar cualquier decisión.
(b) No se puede afirmar que las condiciones carcelarias del ex mandatario impidan que reciba el cuidado que pudiera requerir. Fujimori es el único reo en las instalaciones de DIROES, vive en una instalación construida especialmente para él, y goza de pleno acceso a tratamiento médico cuando ha sido necesario, como se ha constatado a través de los años.
En virtud de lo arriba expuesto, los abajo firmantes proclamamos que:
(4) Si bien el Presidente de la República tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, está a su vez obligado a ceñirse al Estado de derecho, y su decisión debe respetar las obligaciones internacionales del Perú.
(a) Es especialmente importante tomar en cuenta el derecho de los familiares a la verdad y la justicia, derechos que les fueron negados por casi 20 años.
(b) Sería un agravio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas que el Presidente de la República otorgara el indulto humanitario sin que ello se amerite por las condiciones de salud del ex mandatario.
(5) Debido a la gravedad de los crímenes por los cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado, le exhortamos no ceder ante las presiones de concederle el indulto humanitario a menos que estén plenamente demostrados los criterios para concederlo.
El juicio y condena al ex Presidente Fujimori fueron un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en América Latina en general. Es por ello que su Gobierno debe afirmar el Estado de derecho en el Perú y no ceder ante presiones que desconocen la legalidad nacional e internacional en esta materia.
Atentamente,
Joy Olson | Directora Ejecutiva – WOLA
Jo-Marie Burt | Asesora Principal – WOLA
Coletta Youngers | Asesora Principal – WOLA
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva – CEJIL
CC: Presidente de la República, Ollanta Humala
Primera Vice Presidenta, Marisol Espinoza
Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor
Harold Forsyth, Embajador Peruano a los Estados Unidos
Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla
Congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattas
Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas
Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Avila
Fiscal de la Nación, José Peláez
Presidente del Poder Judicial, César San Martin
Defensor del Pueblo, Eduardo Vega
Marisol Perez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República
Javier Diez Canseco, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores delCongreso de la República
Esta ha sido una semana en la que Alberto Fujimori ha estado en la noticia.
Ayer, César San Martín anunció que la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia de segunda instancia sobre el caso Colina, luego de la resolución expedida el lunes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se daba un plazo al Estado peruano para que solucione los problemas ocasionados por el fallo dictado por la sala presidida por Javier Villa Stein, quien hasta el final defendió una sentencia francamente cuestionable desde el punto de vista jurídico. Con ello, deberá dictarse una nueva sentencia de segunda instancia, respetando las garantías del debido proceso a los miembros del destacamento Colina.
El segundo tema que ha flotado en el ambiente es el de la posibilidad de indultar a Fujimori por razones humanitarias, cuestión que surge en la política peruana cada cierto tiempo. Cabe, en primer lugar, hacer las precisiones legales de rigor:
Fujimori tiene cerradas las puertas del indulto regular por dos causas. La primera, es que la sentencia que lo condenó por violaciones a los derechos humanos indicó que los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta se consideran como de lesa humanidad. Esta calificación, de acuerdo a todo lo que se ha avanzado en jurisprudencia y doctrina internacional, implica que no se puede amnistiar ni indultar a las personas procesadas o sentenciadas por este tipo de conductas.
La segunda causa tiene que ver con la legislación vigente sobre el delito de secuestro. Durante el periodo parlamentario 2006 - 2011 se aprobó una norma que elimina la posibilidad de indultar a quienes sean condenados por este delito. Como sabemos, Fujimori también fue condenado como autor mediato de las privaciones ilegales de la libertad del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.
Estos dos candados legales dejan a Fujimori solo una opción: la del indulto por razones humanitarias. Y para su otorgamiento, tiene que acreditarse fehacientemente una enfermedad terminal en estado avanzado. Y a ello sumemos que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Crousillat, el juez constitucional puede controlarlo, por lo que requiere un mínimo de motivación al momento de su concesión.
Si en algún momento Fujimori se encuentra con una enfermedad terminal en fase final, el Presidente de la República tiene la potestad - no la obligación, dado que el indulto no es un derecho - de otorgar este beneficio. Es en ese momento en el que se reabrirá el debate sobre el otorgamiento del mismo, antes no cabe hacerlo.
Añado aquí, que el indulto no puede otorgarse de oficio, como lo ha dicho por calles y plazas César Nakazaki. Eminentes juristas han sido claros y directos en que la familia o el propio reo es quien debe presentar su solicitud por mesa de partes del Ministerio de Justicia (y no de la PCM, como algún desprevenido fan fujimorista intentó hace unos meses con la venia de Kenji y ahora pretende volver a intentarlo).
Esto en cuanto a lo jurídico. En lo político, varias de las implicancias han sido descritas por Mirko Lauer en su columna de hoy. Algunos párrafos pertinentes:
Los hijos de Alberto Fujimori se declaran ofendidos por el comentario de Ollanta Humala sobre el indulto al ex presidente. Humala ha dicho que los Fujimori desean indulto mas no lo quieren pedir, y atribuye el hecho a un posible cálculo político. Pero ofendida y todo, parece que la familia no va a hacer la solicitud de indulto.
¿Cuál podría ser el origen de ese cálculo político? Tal vez que el indulto, a diferencia de la amnistía, supone el perdón de la pena, pero no del delito causante de la sentencia. La idea sería que los Fujimori prefieren a un Alberto Fujimori preso antes que aceptar el delito que lo llevó a la cárcel.
(…)
Pero no descartemos móviles políticos más profundos. Un Alberto Fujimori suelto en plaza y mejorado (nada restablece más que ser excarcelado) podría modificar mucho la topografía del fujimorismo. Las opciones van desde un opacamiento de la candidata Keiko Fujimori hasta una candidatura presidencial del propio indultado.
(…)
Quizás Alberto Fujimori fue un rehén del entendimiento Apra-fujimorismo. Quizás un Fujimori en la calle se hubiera dedicado a su propia campaña presidencial, complicando con ello los proyectos de García. En esto la situación de Humala en el 2012 no es tan diferente, y a ello hay que sumarle que ahora el fujimorismo es oposición.
Los elementos descritos por Lauer y otros que manejamos en DTP nos señalan lo siguiente:
1. Hay una división en el fujimorismo que va más allá del indulto, pero que también lo incluye: Es más o menos conocido en círculos políticos que hay dos posiciones en el grupo fujimorista. El sector más duro, encabezado por Kenji, quiere que Fujimori salga ya, en la mira de una revindicación de todo el legado del padre, incluyendo los aspectos más controvertidos como el golpe de Estado del 5 de abril. Mientras que Keiko y Yoshiyama buscan lavarle la cara al fujimorismo, convertirlo en una estructura más orgánica y, paradójicamente, “desfujimorizarlo”. Las tensiones dentro de la agrupación son notorias e incluyen al propio exautócrata. Resulta sintomático que la reedición de las memorias de AFF sea hecha por Kenji y tenga en la portada un cuadro pintado por el propio Alberto en pleno mensaje de la disolución del Congreso. Por eso es que vemos a Kenji tratando de pechar al gobierno y a Keiko más cauta con el tema.
2. En el gobierno no hay aún ánimos de indultar a Fujimori: Más allá de las especulaciones, no hay nada concreto sobre la materia. El mensaje de Humala de esta semana fue, antes que una apertura de puerta a esa posibilidad, una muestra de cansancio ante el cubileteo político del tema. De hecho, en Palacio son absolutamente conscientes de que Fujimori les sirve - en tanto esté bien de salud - más adentro de la prisión que fuera. Las condiciones carcelarias son, para cualquier gobierno, un arma de negociación con un partido de único punto de agenda (y que cada día se queda más encerrado en ese punto). De todas maneras, llegado el momento y tomada una decisión favorable en esta materia, la medida supondrá un costo político fuerte, sea para Humala o para el gobierno que la tome (ver la columna de Claudia Cisneros al respecto).
3. El caso Villa Stein es un freno para las intenciones fujimoristas: El indulto no solo es susceptible de ser controlado por el Tribunal Constitucional. Si es que esta medida es otorgada con dudas reales sobre la real salud de Fujimori, los familiares de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta tienen expedita la vía para que se vea este tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la supervisión del cumplimiento de las sentencias expedidas en ambos casos. Ello implica la posibilidad que el indulto pueda ser controlado también en sede supranacional, por la vinculación del beneficiado con violaciones a los derechos humanos.
4. Fujimori seguirá siendo un factor de perturbación en la política peruana: De un lado, para este gobierno y probablemente para el siguiente, este tema será puesto una y otra vez en la agenda, generando el ruido político visto esta semana, sobre todo si es que desde la DIROES no se definen finalmente a presentar formalmente una solicitud. Pero también perturba al fujimorismo, ya que enfatiza la brecha entre quienes desean una revindicación total del activo y pasivo del expresidente y quienes prefieren algo más aggiornado y menos focalizado en una figura tan controvertida. Y ello ocurrirá también cuando el expresidente fallezca, al disputarse la posibilidad de que sea enterrado con honores de Estado, cuestión que fuera negada en Chile a un personaje como Pinochet, quien ni siquiera fue sentenciado por los crímenes que cometió y ordenó.
De allí que, de cuando en cuando, volvamos a discusiones como ésta.
ACTUALIZACION (11:20 AM): Alberto Fujimori pedirá el indulto humanitario. Así lo anunció Keiko Fujimori hace unos minutos con el apoyo de todos sus hermanos. Ampliaremos con otro post durante el día.
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